Teniendo en cuenta que más del 30% de la población total en Colombia es población rural, lo cual los convierte en una población especial que requiere de acciones específicas a su favor, por un lado, para superar las condiciones deficitarias en que han estado por muchos años y, por otro, para garantizar, hacia el futuro, la efectiva protección y respeto de los derechos que le son inherentes.

La Procuraduría General de la Nación, como defensora de los intereses de la sociedad, adoptó una serie de acciones encaminadas a garantizar el reconocimiento, prevención, promoción, defensa y respeto de los derechos del campesinado colombiano.

Con la Directiva N.007, la Procuraduría advierte y exige a todos los funcionarios del Ministerio Público y demás servidores públicos, que garanticen la promoción, el respeto y la protección de los derechos y garantías fundamentales reconocidas a favor del campesinado en la Constitución Política, la Sentencia C-077 de 2017, proferida por la Corte Constitucional, y las Leyes 160 de 1994 y 731 de 2002.

Asimismo, solicita a las distintas autoridades administrativas competentes del orden nacional y territorial a crear planes, programas, estrategias y políticas públicas a favor del efectivo reconocimiento, inclusión, protección y promoción de los derechos del campesinado, con enfoque diferencial, etario, territorial y de género.

Igualmente, la Procuraduría pide incluir esos planes, programas, estrategias y/o políticas a favor de esta población, en los Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo nacionales y territoriales.

Entre otras disposiciones, el Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades administrativas competentes de la protección y seguridad de las lideresas y líderes campesinos, lideresas y líderes reclamantes de tierras y defensoras y defensores de derechos agrarios, ambientales y territoriales del suelo rural, para que garanticen en debida forma sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y seguridad.

De estas y otras exigencias contenidas en la Directiva N.007, la Procuraduría hará seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de lo previsto a partir de este 11 de junio de 2019.