Las Palmas de Gran Canaria (España), 11 noviembre.- El hacinamiento de inmigrantes rescatados en el mar en el muelle de Arguineguín, en la costa suroccidental de la isla de Gran Canaria, ha desbordado la capacidad de realojamiento de las autoridades del archipiélago, que reclaman apoyo del Gobierno español, mientras organizaciones internacionales humanitarias denuncian la vulneración de sus derechos.
Las Islas Canarias, situadas en el océano Atlántico frente a las costas de África, vive la crisis migratoria más grave de los últimos 14 años, pues la llegada irregular de personas por mar desde el continente africano se multiplica mes a mes, varios cientos de personas son auxiliadas a diario y los servicios de rescate, seguridad, atención sociosanitaria y acogida se ven desbordados.
Con las últimas llegadas, el número de inmigrantes puede rondar los 16.000 desde que comenzó este año. Aunque lejos de los 31.678 que desembarcaron en las islas en 2006, el año 2020 ya va a pasar a la historia como segundo más intenso por ahora en flujos migratorios tras 2007, cuando arribaron 12.478 personas.
Ante esta situación, el presidente regional canario, el socialista Ángel Víctor Torres, dijo hoy que el Gobierno español anunciará antes de que termine la semana un plan para dar una respuesta a esta dramática situación.
El flujo constante de embarcaciones que llegan a las islas hace «imposible» poder dar acogida a los inmigrantes que llegan en ellas, afirmó Torres en una comparecencia ante los medios.
En lo que va de año y hasta ayer martes habían llegado a Canarias 15.404 inmigrantes en 526 pateras o cayucos -nombre con los que son conocidas las embarcaciones precarias en las que viajan-, según los últimos datos oficiales.
Esa cifra no sólo multiplica por seis la del ejercicio de 2019 completo (2.698), sino que además se da la circunstancia de que más de 9.000 de las llegadas corresponden se han producido desde el 1 de agosto, lo que ha desbordado por completo la red de acogida.
Solo el pasado fin de semana Canarias recibió 2.188 personas en 58 pateras o cayucos, lo que constituye un doble récord: no hay precedentes en toda su historia de una afluencia como esa en solo 48 horas ni tampoco se tiene constancia de una jornada como la del sábado con 1.461 rescatados.
Hasta el pasado 29 de octubre, el Estado español tenía acogidos en Canarias a 5.748 inmigrantes, la gran mayoría, 4.500, en complejos turísticos hasta ahora cerrados por la crisis del sector que se han reconvertido temporalmente en albergues humanitarios
DENUNCIAS DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles que las condiciones del campamento para inmigrantes del muelle de Arguineguín «no respetan la dignidad de esas personas ni sus derechos básicos» ni «representan bien a España».
En un informe publicado en su web, HRW reconoce los esfuerzos y «la buena intención» de quienes trabajan en ese lugar de primera acogida de inmigantes, pero subraya que las condiciones del muelle son «completamente inadecuadas» y hacen imposible guardar las precauciones básicas frente a la covid-19.
Esta ONG no solo critica el hacinamiento e insalubridad que su representante observó en el muelle de Arguineguín cuando había la mitad de acogidos que en la actualidad, sino que advierte además sobre otras vulneraciones de derechos, que conciernen a la asistencia jurídica o la información sobre el derecho de asilo.
«Improvisar un campamento de recepción e identificación en un muelle nunca fue una buena idea y, en este momento, el caos que existe en él representa una amenaza real para los derechos de estas personas, su salud y su seguridad. Los tiempos son difíciles, pero España puede y debería ofrecer una respuesta humana a las personas que llegan a sus costas», expresa Sunderland, que pide a las autoridades que busquen «rápidamente» una alternativa.
En el documento recuerda que ese campamento fue montado originalmente para albergar a unas 400 personas mientras se les tomaba la filiación y se les hacían las pruebas de coronavirus.
Sin embargo, alojaba a 835 cuando ella lo visitó y llegó a tener en sus tiendas a más de 2.000 tras los rescates del pasado fin de semana, cuando se batieron los récords históricos de llegadas a Canarias en 48 horas.
Entre otras cuestiones, subraya que, según las leyes españolas, ese período de primera retención de los inmigrantes llegados de forma irregular a la costa no puede superar las 72 horas, pero en Arguineguín hay personas que han pasado allí hasta dos semanas.
AI DENUNCIA LAS DEPORTACIONES
Después de varios meses de fronteras cerradas a causa de la pandemia, España reanudó ayer la expulsión de inmigrantes a Mauritania con la deportación de 22 inmigrantes: 20 de Senegal, uno de Guinea Conakri y otro de Mauritania.
España mantiene desde 2003 un acuerdo con Mauritania por el que ese país acepta la devolución de cualquier inmigrante llegado a Canarias si ha salido de sus costas o simplemente ha transitado por su territorio. En los tres primeros meses del año, España deportó así a otros 162 inmigrantes.
Sobre las deportaciones, Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que desde Canarias se están tramitando órdenes de devolución de inmigrantes rescatados de pateras y cayucos sin que previamente se ofrezca a estas personas, entre las que puede haber potenciales refugiados, una «asistencia letrada adecuada».
En un comunicado, la organización ha alertado de esta «grave vulneración del derecho internacional» que, según afirma, se puede estar cometiendo en el muelle de Arguineguín, donde han pernoctado casi 2.000 africanos.
Además de advertir de que esta práctica también contraviene la ley española de extranjería, AI pone de manifiesto que, consecuentemente, «cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo».
Por ello reclama al Gobierno español que establezca «un mecanismo urgente de emergencia y asegure una adecuada atención a todas estas personas para que se garanticen sus derechos y se identifique a las más vulnerables, entre ellas posibles víctimas de trata». EFE
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