La capital antioqueña, desde hace años, padece el drama de conflicto urbano social y armado. Es innegable el problema en materia de seguridad que atraviesa la ciudad, el mismo que hace que cada uno de sus ciudadanos se desplace un poco asustado cuando camina por las calles del centro de Medellín, y de otras zonas no tan céntricas como Lovaina, los bajos del Metro en Prado, Barbacoas, y Niquitao, entre muchas otras.
La inseguridad también se siente en los barrios, especialmente en los que se ubican en las partes altas de algunas comunas como la 1 (Popular), la 3 (Manrique), la 6 (Doce de Octubre), la 8 (Villa Hermosa), la 9 (Buenos Aires), la 13 (San Javier) y la 16 (Belén) o en territorios completos como la comuna 5 (Castilla) y los corregimiento San Cristóbal, Altavista y San Antonio de Prado; zonas en donde los grupos armados ejercen el control territorial y obligan a la comunidad que allí habita a ajustarse a sus reglas ilegales, so pena de destierro forzado cuando no de muerte. Lo mismo aplica para las personas foráneas que visitan estos sectores o que deben trasladarse por ellos muchas veces por razones de trabajo.
También está el problema de tráfico de drogas a menor escala que afronta Medellín, que sin lugar a dudas se convirtió en la ciudad con mayor cantidad de plazas de vicios a nivel nacional. Tristemente, casi todos los parques o puntos de recreación fueron (o están siendo) cooptados por los criminales para la venta de drogas y muchas veces la transacción se realiza incluso bajo la vista de las autoridades o con conocimiento de estas.
Podríamos poner de ejemplo al Parque del Periodista, plaza de vicio reconocida por buena parte de los habitantes de Medellín, en donde la droga se esconde al interior del monumento a la Masacre de los niños en el barrio Villatina, una escultura metálica que inútilmente pretendió hacerle frente a la impunidad y que –irónicamente- fue perforada en su piso de metal y ahora sirve de caleta para los peones de la droga, o ‘jíbaros’, como se les dice popularmente. Lo sabemos desde Analisisurbano.com; lo conocen los ciudadanos, especialmente los que allí departen; y lo sabe también la policía, pero no se actúa. Esta situación se repite en múltiples sitios de la ciudad.
Y todo esto sin profundizar en el tema de las extorsiones, o ‘vacunas’, que todos pagamos incluso cuando compramos un huevo porque su venta la controlan los criminales; o en el tema de los homicidios, que aunque presentó una reducción también es cierto que aumentó la desaparición en la ciudad y de esto no se está haciendo eco. Por estas razones (y más), Analisisurbano.com y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) -organización con amplia experiencia en la investigación, estudio y análisis del conflicto urbano social y armado- plantean que el tema de la seguridad en la capital antioqueña debe ser ampliamente revisado, debatido y obligatoriamente incluido es los programas de gobierno que propongan los próximos candidatos a la Alcaldía de Medellín.
No podemos seguir hablando de una ciudad prospera e innovadora cuando el miedo es el común denominador de sus habitantes, cuando sus ciudadanos son constantemente extorsionados y cuando el río que la atraviesa se convirtió en un vertedero de cadáveres.
Analisurbano.com está invitando a todos los candidatos a la alcaldía de Medellín, en una primera etapa, a contestar un cuestionario que está obligado a poner el dedo en la llaga de esta problemática que nos afecta absolutamente a todos.
Las preguntas están en construcción por varios analistas del conflicto urbano, porque es un asunto absolutamente serio, y sus respuestas deberán reflejar la política que seguirán los candidatos a la Alcaldía de Medellín en materia de seguridad o, por el contrario, reflejarán la falta de voluntad política para resolver el problema.
No obstante, la pretensión no es sólo obtener la respuesta a un cuestionario, la idea es llevar este, que es el principal problema a resolver en la ciudad, a un debate público antes de las elecciones porque los habitantes de la capital antioqueña están en el derecho (y la obligación) de saber si el próximo mandatario los hará sentir seguros.
Dos candidatos ya dieron el sí:
