Captura en flagrancia tras alerta ciudadana en El Cocal
SAN ANDRÉS, COLOMBIA. (7 AGO 2025) – Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Luis Guerrero Tejada, presuntamente implicado en el delito de porte ilegal de armas de fuego, luego de ser capturado en flagrancia por la Policía Nacional en la isla de San Andrés.
De acuerdo con lo reportado por La Fiscalía General De La Nación.La medida fue solicitada por la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal seccional, quien le imputó a Guerrero Tejada el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos.
Hechos ocurrieron en el barrio El Cocal
La captura se produjo el pasado 3 de agosto, cuando uniformados de la Policía Nacional atendieron un llamado de alerta de la comunidad, en el que se reportaba la presencia de un hombre armado en un establecimiento público del barrio El Cocal, en el archipiélago de San Andrés.
Durante el procedimiento, los agentes sorprendieron a Guerrero Tejada portando una pistola, seis cartuchos calibre 38 y un cargador, sin contar con la documentación legal exigida para su porte.
Medida preventiva por seguridad ciudadana
Tras su detención en flagrancia, el capturado fue trasladado ante las autoridades judiciales correspondientes, que ordenaron su reclusión preventiva en centro carcelario mientras se adelanta el proceso en su contra.
Este resultado hace parte del compromiso institucional para prevenir y sancionar el uso ilegal de armas de fuego en la región insular y garantizar la seguridad en espacios públicos frecuentados por la comunidad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.