META, COLOMBIA (20 SEP 2024) – Omar Isaza Montenegro fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías, tras ser capturado en flagrancia como presunto responsable de extorsionar a un comerciante de Granada (Meta). Las investigaciones indican que Isaza Montenegro habría exigido 80 millones de pesos al comerciante entre agosto y septiembre del presente año, bajo amenazas de atentar contra su vida, la de su hija y sus bienes.
Según la Fiscalía General de la Nación, el procesado se identificaba como miembro de la banda criminal Nueva Marquetalia, y a través de mensajes de texto intimidatorios, le exigía al comerciante el pago de la suma mencionada. La captura se llevó a cabo en Villavicencio, durante un operativo realizado por el Gaula de la Policía Nacional, en el que Isaza Montenegro fue sorprendido mientras intentaba recibir el dinero solicitado a través de un menor de edad de 15 años, a quien presuntamente habría utilizado para cometer el delito.
El procesado fue imputado por los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa y uso de menores de edad para la comisión de delitos, cargos que no fueron aceptados durante las audiencias preliminares. El juez, sin embargo, decidió imponerle medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario.
Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad y la lucha contra las organizaciones criminales que afectan a la población del departamento del Meta. Además, hicieron un llamado a la comunidad a denunciar cualquier tipo de extorsión o acto delictivo que ponga en riesgo su seguridad y bienestar.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.