En los últimos meses en la zona rural de Rionegro, en el oriente antioqueño, donde están asentadas las haciendas de importantes empresarios y políticos, se han presentado hurtos por parte de hombres armados, conocidos como Los Capuchos, incursionando en propiedades privadas y cometiendo delitos tipificados por las autoridades como hurto y secuestro.
La investigación penal de los hechos fue asumida por el Fiscal 59 Seccional, Luis Fernando Valencia Arroyave, director de la Estructura de Unidad de Apoyo de Antioquia
El 21 de junio de 2018 el Juez Promiscuo con Función de Garantías del municipio de Granada, Antioquia, libró orden captura, solicitada por la Fiscalía Local 112 de Medellín, en contra de varios presuntos integrantes de dicha banda. El 29 de junio fueron capturados varios hombres, entre ellos Jader Benhur Zapata Piedrahíta, de 24 años de edad, fueron presentados ante un Juez Municipal de Control de Garantías de Rionegro, quien le dio curso a las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento.
La noticia criminal que reposa en la Fiscalía (SPOA 056156108501201780584), se abrió por unos hechos ocurridos el 14 de octubre de 2017 en el corregimiento de Llanogrande, siendo denunciante Jaime Alberto Jaramillo Estrada, dueño de la finca La Yeguada-La Querencia, ubicada en la vereda El Capiro.
De acuerdo a la denuncia, su nieta y varios amigos, quienes se encontraban en la finca, fueron asaltados por tres hombres, quienes ingresaron al predio cortando el alambrado de las cercas y, luego de intimidarlos con armas de fuego, les robaron sus celulares y una chaqueta, avaluados en $8.000.000. El hecho fue atendido inicialmente por la Policía de Rionegro. Esa misma noche fueron asaltadas otras dos fincas, entre ellas la hacienda Pasacaballos.
Además de la denuncia del señor Jaramillo Estrada, obra como prueba en el expediente información de una fuente no formal –testigo sin datos personales- que llamó a la Sijín Antioquia pidiendo hablar con un investigador del hurto a fincas en Llanogrande. La información de la fuente quedó consignada en un informe ejecutivo allegado al despacho del Fiscal 112 Local, en donde se dice:
“El 14 de octubre de 2017 a las 5:30 p.m. fue observado un vehículo de marca Chevrolet Optra, color verde oscuro, con los números de placa 284, ocupado por 4 personas se sexo masculino, uno de ellos gordito y los demás delgados, quienes se encontraban dando vueltas por la vereda El Capiro, en Llanogrande, pasando más de tres veces, quienes le llamaron mucho la atención […] pensó que le iban a robar […] Al otro día supo que se habían metido a robar en la finca La Yeguada y otras dos fincas. También supo que varios hombres habían robado en fincas del municipio de Marinilla y que sus fotos aparecían en las redes sociales. Según la fuente no pone personalmente la denuncia por miedo, ni revela su identidad. En la finca Tierralta, veredas Cabeceras, también habrían robado”.
La persona que denunció telefónicamente manifestó que esos cuatro hombres que se movilizaban en el vehículo pudieron haber sido los ladrones porque “tenían cara de malos”. Otras personas que son vivientes o propietarios de las fincas de la vereda Llanogrande –sin identidad-, habrían dado datos a la Sijín, lo que produjo las órdenes de captura de los jóvenes.
Una de las pruebas de la Fiscalía, que se aúna a la conjetura de la fuente no formal, se origina en la Estación de Policía de Marinilla, a donde fueron conducidos el 14 de octubre de 2017, como consta en anotación en el Libro de Población, cuatro hombres: Dairo de Jesús Valencia García, Carlos Andrés Gaviria Cano, Óscar Darío Ruiz Vélez y Jader Benhur Zapata Piedrahíta, quienes se encontraban merodeando de manera “sospechosa” en la zona rural. El único que no fue capturado, aunque cursa acusación de haber parte presuntamente de la banda, fue el señor Brandon Neftalí Martínez Flórez, quien de acuerdo a la Fiscalía no fue identificado por los testigos, aunque continúa vinculado en la investigación.
Otra fuente no formal –sin identidad- dijo a las autoridades que “están preocupados todos los vecinos de la vereda Altos las Garzonas, porque hace varias semanas los vecinos de estas veredas hemos visto a unos sujetos que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Optra, dando vueltas por la carretera […] Nos han generado mucha desconfianza ya que no son de por aquí. Un día nos reunimos varios vecinos que tenemos fincas […] uno de los vecinos mostró unas fotos que hay en redes sociales de una gente que ha estado robando fincas por el oriente, y son los mismos que hemos visto por nuestra vereda”.
Así las cosas, la captura de los sindicados Valencia García, Gaviria Cano, Ruiz Vélez y Zapata Piedrahíta, se habrían realizado con testimonios de personas no identificadas –fuentes formales-, quienes relacionan a cuatro hombres que fueron reseñados en el Libro de Población de la Estación de Policía de Marinilla con los que merodeaban en las veredas Rionegro. Incluso el mismo Fiscal 112, manifestó en la audiencia de imputación que algunos testigos no estaban en la capacidad de hacer una identificación de los presuntos ladrones, dado que estos hombres utilizaban capuchas.
Es de anotar, que en la reseña realizada por la Estación de Policía de Marinilla, los cuatro hombres fueron fotografiados por parte del personal policial, fotografías que terminaron en las redes sociales y que fueron usadas por los pobladores para alertar sobre los presuntos ladrones que merodeaban sus fincas. De esta manera los investigadores de la Policía Judicial hicieron el reconocimiento, lo cual quedó en actas, avaladas por un Procurador de Rionegro.
Hace menos de un mes, en una publicación de una red social, fue difundido un comunicado en donde pobladores del oriente antioqueño manifiestan que “[en] octubre de 2017 ante la continua proliferación de hurtos en el oriente antioqueño, tal vez de manera apresurada e inconsulta en las redes sociales publicamos las fotografías de unos jóvenes de quienes pensábamos eran los autores de dichas conductas atentatorias contra el patrimonio económico”, y hacen esta denuncia: “nos hemos enterado [que] existió no solo una manipulación indebida de dichas fotografías sino también de unos registros fotográficos que les fueron tomados en la estación de policía de Marinilla, después de haber sido llevados a la misma para verificar sus antecedentes”. [Ver publicación]
Los delitos imputados a los capturados fueron hurto calificado y agravado (art. 239, 240 y 241 del Código Penal –C.P.-), secuestro simple (art. 168 C.P.) y concierto para delinquir (art. 340, incisos 2 y 3 C. P.), presuntamente “cometidos por integrantes de un grupo delincuencial durante 2017, en varios municipios del oriente antioqueño, hurtando fincas con armas de fuego y reteniendo a sus ocupantes”. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos.
Para el momento de la captura Jader Benhur Zapata Piedrahíta se encontraba cursando la validación del bachillerato, en el Centro de Enseñanza Avanzada para Adultos –CEES-, de acuerdo a certificación expedida el 28 de junio por el director Luis Albeiro Bermúdez Cardona. El pasado 29 de julio se habría graduado como bachiller.
El imputado Zapata Piedrahíta residía en el barrio Pablo VI, comuna 2-Santa Cruz, un sector de la ciudad que ha vivido las secuelas de la guerra urbana en Medellín, con el control territorial de la banda Los Triana. El presidente de la Junta de Acción Comunal –JAC- del barrio, Gabriel Jaime Yepes Vargas, dio “fe de que es una persona honesta, trabajadora, respetuosa y comprometida con la comunidad […] que se ha caracterizado por su compromiso y dedicación a su familia laborando en estampación”.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano tuvo acceso a documentos del imputado Jader Benhur, los cuales serán prueba de la defensa, en donde se puede evidenciar que laboró en la empresa Pérsival Producciones S.A.S. entre el 9 de marzo y el 24 de agosto de 2017; y en el momento de su captura se encontraba laborando en la empresa Estampados Duque, desde el 1 de septiembre de 2017, desempeñado labores de sublimador.
Tres de los capturados, de acuerdo a los antecedentes expuestos por la Fiscalía, han sido objeto de condenas penales por otros delitos cometidos con anterioridad. Cumplida la pena se encontraban en libertad, por lo que esto no es razón para que la justicia, por sus antecedentes, impute delitos que no fueron cometidos por los acusados.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano, luego de haber conocido las pruebas de la Fiscalía para hacer la imputación por los tres delitos, sin torpedear la decisión que tome el juez que conocerá del escrito de acusación que presente el fiscal del caso, además de continuar con el juicio, en donde la defensa deberá demostrar la inocencia de los imputados, que una vez más está en operación una fábrica de testimonios y una detención arbitraria por parte de la justicia.
El Juez, al valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la Defensa, deberá tomar la decisión más sabia, haciendo prevalecer dentro del juicio la presunción de inocencia.
Tema relacionado
Testigos de mentiras nutren procesos judiciales presionados por autoridades