Estas personas exigían cuotas extorsivas de hasta 60 millones de pesos a nombre de la Nueva Marquetalia del frente 2 de las Farc.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
HUILA, COLOMBIA, (9 SEP 2024) – Tres personas, presuntamente vinculadas a la estructura criminal Los Marquetalios, fueron enviadas a prisión por su participación en la quema de vehículos de transporte público en el departamento del Huila. Estos hechos ocurrieron entre octubre y diciembre de 2023, como parte de una campaña extorsiva en la que se exigían cuotas de hasta 60 millones de pesos a nombre de la Nueva Marquetalia, frente 2 de las Farc.
Por solicitud de una fiscal especializada de la Seccional Huila, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhon Eber Triviño, Liliani José Malavé Vásquez y Jhon Jaiber Correa Lemos, quienes enfrentan cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo.
Según la investigación, desde el 26 de octubre de 2023, los procesados habrían comenzado a extorsionar a propietarios de una empresa de transporte intermunicipal que cubría las rutas de Caquetá, Putumayo y Huila, exigiendo pagos de entre 10 y 60 millones de pesos para evitar que sus vehículos fueran incendiados. Al no recibir los pagos, los capturados intimidaban a conductores y pasajeros, obligándolos a descender de los buses antes de prenderles fuego en la ruta 45, que conecta los municipios de Altamira, Garzón y Acevedo.
Las capturas, realizadas en Valle del Cauca, Tolima y Bogotá por el Gaula de la Policía Nacional, permitieron detener a los implicados, quienes no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
