Tres representantes legales de compañías de seguridad privada fueron capturados y judicializados. Se trata de un coronel y un capitán en retiro de la Policía Nacional, y un particular.
Entre los beneficiados por esta actividad ilegal están alias Terror, cabecilla del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en Magdalena Medio; y alias El Caballista y Pájaro, quienes fueron judicializados por la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota
De manera simultánea al proceso penal fueron ocupados con fines de extinción de dominio sociedades, establecimientos de comercio, vehículos y otros bienes en Bogotá, Ibagué, Neiva y Puerto Triunfo (Antioquía).
Bogotá / Atlántico, Colombia, 6 de marzo de 2025.- La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desmantelaron una maniobra fraudulenta que permitía a cabecillas e integrantes de estructuras criminales portar armas de fuego con salvoconductos, eludiendo los controles de las autoridades.
Las investigaciones revelaron que algunas empresas de seguridad privada carnetizaban como escoltas a personas con antecedentes judiciales y les alquilaban armas con aval de los entes de control mediante contratos fraudulentos.
Por estos hechos, fueron capturados en Bogotá y Barranquilla el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido, el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional, y Jorge Oswaldo Castaño Galindo. En los procedimientos se incautaron 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que no fueron aceptados.
Vínculos con estructuras criminales
Las pruebas indican que el coronel (r) Ruiz Pulido habría carnetizado como escolta a Edgar Elicio Munévar, alias El Caballista, vinculado al tráfico de estupefacientes en vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y señalado de participar en la fuga de Juan Larison Castro Estupiñán, alias Matamba, de la cárcel La Picota de Bogotá.
El capitán (r) Urrego Chitiva, por su parte, habría facilitado el acceso a armas a Jesús Martín Bello, también implicado en la fuga de ‘Matamba’, y a Juan Carlos Castro, alias Pichi Belén, cabecilla de ‘La Oficina’, con influencia en Medellín y el Valle de Aburrá.
Asimismo, la empresa de Castaño Galindo presuntamente suministró armamento a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las AUC en Magdalena Medio, y a Oliverio Isaza Ramírez, alias Terror, exjefe de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), quien falleció recientemente en una operación policial en Puerto Triunfo (Antioquia).
Extinción de dominio
Paralelo a la investigación penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos, entre los que se encuentran dos sociedades, tres empresas de seguridad, tres inmuebles y un vehículo de gama alta.
Estos bienes fueron ocupados en operativos realizados en Bogotá, Villavicencio (Meta), Ibagué (Tolima), Neiva (Huila) y Puerto Triunfo (Antioquia) y quedarán bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El proceso de extinción de dominio se inició tras la captura de Manuel Antonio Castañeda Bernal en vías del Cauca, cuando transportaba 168 kilogramos de clorhidrato de cocaína en una camioneta de la UNP.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.