El hombre se hacía pasar por integrante del ELN para intimidar a sus víctimas.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
CALI, COLOMBIA (1 DIC 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de extorsión a Óscar Alejandro G. B., quien presuntamente exigió 200 millones de pesos a un comerciante de Cali. Para intimidar a sus víctimas, Óscar Alejandro se hacía pasar por integrante del grupo armado ilegal ELN.
Un fiscal especializado del Gaula presentó el caso ante un juez de control de garantías, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el procesado. Óscar Alejandro no aceptó los cargos imputados.
Los hechos
La investigación reveló que Óscar Alejandro habría contactado a su víctima para exigirle la millonaria suma de dinero, amenazando con atentar contra su vida y la de su familia si no cumplía con las demandas.
El hombre fue capturado en un operativo conjunto entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el Gaula Militar y la Policía Nacional, durante una entrega controlada. En este procedimiento, el comerciante entregó un pago inicial de 6 millones de pesos como parte de las exigencias económicas, lo que permitió a las autoridades materializar la captura.
Compromiso contra la extorsión
La Fiscalía y las fuerzas de seguridad reiteran su compromiso en la lucha contra la extorsión, uno de los delitos que más afecta a los sectores comerciales y familiares. Asimismo, invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier tipo de amenaza o exigencia económica a través de las líneas de atención del Gaula y la línea de emergencia 123, garantizando absoluta reserva.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.