Se trata de Walter David Mejía Carrillo, quien habría guiado a una estructura paramilitar hasta el lugar donde ocurrió el crimen.
Fiscalía General de la Nación
VALLEDUPAR, COLOMBIA (6 ABR 2024) – En una operación significativa llevada a cabo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Walter David Mejía Carrillo fue capturado en Valledupar bajo sospecha de participar en el homicidio de cuatro miembros de la comunidad indígena Kankuamo, un crimen que sacudió a la Sierra Nevada de Santa Marta hace más de dos décadas, el 8 de diciembre de 2002.
Mejía Carrillo está acusado de haber actuado como guía para una estructura del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conduciéndola directamente al corregimiento Atánquez, donde se cometieron los brutales asesinatos. La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, emitió la orden de captura, imputándole el delito de homicidio agravado en persona protegida, según la Ley 600 de 2000.
El ataque dejó una huella indeleble en la comunidad Kankuamo, con la pérdida del mamo del cabildo, Abel Francisco Alvarado Maestre; el labriego Alfredo Antonio Borrego; José Manuel Cáceres Rodríguez, quien se encontraba en el mercado; y el agricultor Franklin Manuel Arias Arias. El cuerpo del líder espiritual fue hallado horas después en una zona boscosa, víctima de varios disparos de fusil a corta distancia.
La captura de Mejía Carrillo no solo representa un paso hacia la justicia para las víctimas y sus familias sino también un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos. Este caso subraya el compromiso de las autoridades colombianas de perseguir y enjuiciar a los responsables de actos de violencia que han afectado profundamente a las comunidades indígenas y a la sociedad colombiana en general.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.