Medellín, Antioquia, Colombia, 12 octubre de 2024.- En un golpe certero a las estructuras criminales que operan en Medellín, las autoridades han logrado desmantelar dos grupos delincuenciales que, durante meses, habían sembrado terror en las zonas de San Antonio de Prado y Robledo. Estas organizaciones estaban dedicadas principalmente a la extorsión, el secuestro y el tráfico de estupefacientes, afectando gravemente la tranquilidad de los habitantes y el comercio local.
La operación fue ejecutada en conjunto por la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, y culminó con la captura de nueve personas, entre ellas los presuntos líderes de ambas bandas criminales.
Capturas en San Antonio de Prado: un golpe a las finanzas del crimen
En San Antonio de Prado, corregimiento de Medellín, seis individuos, presuntamente miembros de una red delictiva, fueron detenidos tras meses de investigaciones. Entre los capturados se encuentran alias «Yiyo», considerado el cabecilla de la organización, y alias «Chichón», señalado como el coordinador de las actividades criminales. Estos individuos extorsionaban a los comerciantes y residentes, y también participaban en la distribución de drogas en la zona.
Las denuncias de los ciudadanos fueron clave para el avance de la investigación. Según las autoridades, el grupo criminal estaba implicado en el desplazamiento forzado de varias familias, quienes se vieron obligadas a abandonar sus hogares bajo amenazas de muerte. «Este grupo delictivo no solo afectaba la seguridad, sino que rompía el tejido social, obligando a familias a huir de su propio barrio», afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.
Durante las diligencias de registro y allanamiento en San Antonio de Prado, también se incautaron más de 500 gramos de sustancias estupefacientes, tres teléfonos móviles y cuatro millones de pesos en efectivo, los cuales provenían de las actividades extorsivas. Además, se capturó en flagrancia a una joven de 19 años que tenía en su poder una considerable cantidad de droga lista para ser distribuida.
Operativo en Robledo: extorsión, secuestro y violencia
Simultáneamente, en la comuna 7-Robledo, otro operativo de gran envergadura permitió la captura de tres personas, señaladas de ser miembros de una estructura criminal que operaba en sectores como Aures I y II, La Curva de Dimax, El Acopio y Rancho de Latas. Los capturados, conocidos con los alias «Duver», «Morocho» y «Toño», controlaban la extorsión a comerciantes y transportistas de la zona, logrando ingresos ilícitos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos.
Este grupo también era responsable de varios secuestros en la región. Según las investigaciones, en 2023 estuvieron involucrados en el secuestro y robo a empleados de una empresa logística, a quienes intimidaron con armas de fuego mientras hurtaban productos valorados en seis millones de pesos. «Este tipo de organizaciones no solo se dedicaban a extorsionar, sino que también ejercían un control territorial violento que generaba miedo y zozobra en la comunidad», explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad de Medellín.
Durante los operativos, la Policía incautó una motocicleta que había sido utilizada en varias de las extorsiones, así como cuatro teléfonos móviles que serán sometidos a análisis para obtener más pruebas que vinculen a los detenidos con otros delitos en la zona.
Un golpe estratégico contra el crimen organizado
Estos operativos forman parte de una estrategia más amplia implementada por las autoridades para desmantelar las redes delictivas que operan en el Valle de Aburrá. En los últimos meses, Medellín ha registrado una reducción en los índices de homicidios y otros delitos, aunque sectores como Robledo y San Antonio de Prado continúan siendo puntos críticos de actividad criminal. La captura de alias «Yiyo» y «Duver» representa un golpe significativo a las finanzas de estas estructuras, ya que ambas organizaciones dependían en gran medida de las extorsiones y el tráfico de drogas para sostener sus operaciones.
La Policía Nacional, bajo la dirección del general William Salamanca, ha reiterado su compromiso de mantener la presión sobre los grupos delincuenciales. «Estamos redoblando nuestros esfuerzos, no solo en Medellín, sino en todo el Valle de Aburrá. No permitiremos que estos criminales sigan afectando la seguridad de nuestros ciudadanos», aseguró Salamanca.
El alcalde Federico Gutiérrez, por su parte, destacó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen. «Los ciudadanos tienen un rol fundamental en esta lucha. Cada denuncia nos acerca más a desmantelar estas organizaciones y devolver la tranquilidad a nuestros barrios. No vamos a detenernos hasta que cada rincón de Medellín sea un lugar seguro», afirmó el mandatario.
Un contexto más amplio de lucha contra el crimen en el Valle de Aburrá
A pesar de la reciente reducción en los índices de violencia, la lucha contra las bandas criminales en Medellín y sus alrededores sigue siendo un desafío constante. Grupos como «Los del Bajo», «Los Mondongueros», y otros, continúan operando en diferentes partes de la ciudad, involucrándose en actividades como la extorsión, el tráfico de drogas, y el desplazamiento forzado.
Los recientes operativos forman parte de un plan estratégico de seguridad que involucra a la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía. Este plan ha permitido la captura de más de 120 delincuentes en lo que va del año, afectando gravemente las finanzas de los grupos criminales y reduciendo su capacidad operativa.
El caso de San Antonio de Prado y Robledo es solo uno de los múltiples frentes que el Gobierno local tiene abiertos en su lucha contra el crimen organizado. La comunidad juega un papel crucial en este proceso, denunciando actividades delictivas a través de la línea 123 y colaborando con las autoridades para mantener la paz y la seguridad en la ciudad.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.