YOPAL, CASANARE, COLOMBIA (27 MAY 2024) – Tras varios meses de seguimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron judicializadas tres personas por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes y armas de fuego en entornos escolares en Yopal, Casanare.
Leidy Juliana Hernández Ardila y Cristhian Calderón Velandia fueron imputados por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. En un caso separado, Jorge Leonardo Ramírez Suárez enfrentó los mismos cargos y, además, el delito de receptación.
Las diligencias de allanamiento permitieron a las autoridades incautar bazuco, cocaína, un arma de fuego y otra traumática, implementos para la dosificación de los estupefacientes, una motocicleta reportada como hurtada y dinero en efectivo. El expendio de estupefacientes se realizaba en las inmediaciones de un mega colegio y varios centros de atención infantil, poniendo en riesgo la salud y seguridad de los menores.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados en su contra. Sin embargo, ante el abundante caudal de pruebas presentadas, los jueces les impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario.
Este caso subraya el compromiso de las autoridades para combatir el tráfico de drogas y armas, especialmente en zonas sensibles como los entornos escolares, y proteger a la comunidad de actividades delictivas que amenazan su seguridad y bienestar.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
