CARTAGENA, BOLÍVAR, COLOMBIA (13 ABR 2024) – Tres hombres acusados de extorsionar a comerciantes del sur de Cartagena fueron asegurados por orden judicial, según informó la Fiscalía General de la Nación. Los implicados, supuestamente parte del grupo delincuencial La Nueva Generación, enfrentan cargos por terrorismo y otros delitos asociados a sus actividades criminales.
Jorge Eliécer Barrios Ruíz, conocido como alias Candelo, fue detenido el 28 de marzo en el barrio Chapacua durante un operativo de allanamiento donde se le encontró una granada de fragmentación y materiales amenazantes. La Fiscalía le imputó cargos de terrorismo y fabricación, tráfico o porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Su encarcelamiento se efectuará en la cárcel San Sebastián Ternera.
José Daniel Barrios Anaya, alias el Crespo, fue capturado el 31 de marzo en el barrio Olaya Herrera. En su posesión se encontraron cartuchos calibre 9 milímetros y panfletos con amenazas. También se le incautó una motocicleta reportada como robada. Durante las audiencias preliminares, no aceptó su responsabilidad en los delitos de extorsión, terrorismo, hurto calificado, falsedad marcaria y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.
Cristian Samir Novoa Ronco, capturado el 4 de abril en el barrio 13 de Junio, se enfrenta a cargos por terrorismo, extorsión y fabricación o porte de arma de fuego. En la requisa se le decomisaron cartuchos de diversos calibres y documentos relacionados con La Nueva Generación.
Las autoridades continúan con las investigaciones para desmantelar las operaciones de extorsión que han afectado a numerosos comerciantes en la zona.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
