CARTAGENA, COLOMBIA (27 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Héctor Andrés B. C. y Luis David C. C., de 29 años, por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de extorsión agravada. Ambos habrían intentado extorsionar al propietario de un local comercial en el barrio El Recreo de Cartagena, utilizando supuestos vínculos con el EGC.
Exigencias ilegales y captura en flagrancia
Según la investigación, los procesados habrían exigido al comerciante la entrega de tres motocicletas, cuatro armas de fuego, municiones y dinero como condición para garantizar la seguridad de su vida y la de sus empleados.
Durante un operativo del Gaula de la Policía Nacional, Héctor y Luis fueron capturados en flagrancia mientras recibían un adelanto de 2 millones de pesos del comerciante.
Medidas de aseguramiento
En las audiencias preliminares, ninguno de los imputados aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías dictó medidas de aseguramiento diferenciadas:
- Héctor Andrés B. C. deberá cumplir la medida en un centro carcelario de Cartagena.
- Luis David C. C. cumplirá la medida en su lugar de domicilio.
Compromiso contra el crimen organizado
Este caso refuerza la labor de las autoridades locales y nacionales en la lucha contra la extorsión, una de las prácticas más utilizadas por las organizaciones criminales para generar terror y financiar sus operaciones ilícitas. La Fiscalía reiteró su invitación a la ciudadanía para que denuncie cualquier caso de extorsión a través de las líneas de emergencia, como el 147 del Gaula.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.