Cárcel para siete integrantes de red de tráfico de drogas en Valle del Cauca: ‘La Nueva Generación Ares 2.0’

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Presuntos integrantes del grupo delincuencial Nueva Generación Ares 2.0 que fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por microtráfico en el municipio de Ansermanuevo (Valle del Cauca). | Foto de la Fiscalía General de la Nación, FGN

VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA, (4 SEP 2024) – Ocho presuntos integrantes de la organización criminal ‘La Nueva Generación Ares 2.0’ fueron judicializados por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes en el Valle del Cauca. Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La investigación liderada por un fiscal de la Seccional Valle del Cauca, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional, permitió identificar que esta estructura operaba desde mayo de 2024 en los sectores de Las Escaleras y Gramalote, en el municipio de Ansermanuevo. Durante las labores de policía judicial se les relacionó con al menos 17 eventos delictivos.

El 27 de agosto se llevaron a cabo las capturas de José J. O., alias Ñato; Rosa Dayana J. V., alias La Negra; Claudia M. V., alias La Bruja; Luis A. P., alias Piedrahita; Víctor A. S., alias Bolo; Miguel Ángel R. O., alias Miguel; Cristian David O. O., alias El Barbado; y Verónica Alejandra C. E.

El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a todos los procesados, excepto Verónica, quien cumplirá la medida en su lugar de residencia. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.