Una denuncia del Comité de solidaridad con los presos políticos advierte que los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, no han tomado las medidas de prevención para evitar la propagación del Covid-19 en algunas cárceles por lo que, según dicen, se genera un riesgo para los internos.
El Comité recogió las denuncias hechas por los reclusos en las cárceles El Buen Pastor y La Picota (Bogotá), Acacías (Meta), Bellavista (Medellín), Palogordo (Santander) y Chimitá (Bucaramanga) en las que hallaron inconsistencias en cuanto al tratamiento que se da en el interior de los centros de reclusión como parte de la contingencia que padece el país por cuenta de la pandemia que ya deja 93 contagios en el territorio.
En la cárcel de Acacías, por ejemplo, los internos señalaron que los funcionarios del Inpec, ‘los del rancho’ y los funcionarios del área de sanidad están saliendo y entrando libremente del reclusorio sin acatar los protocolos de prevención o protección.
Denunciaron, sin precisar el número, que hay varios casos de internos que salen a remisiones por diversos episodios de enfermedad y con ellos no se ha dispuesto alguna medida de prevención, ni a la salida ni a la entrada del establecimiento, como el lavado y desinfección de manos y el uso de tapabocas.
Los reclusos señalaron que, si bien se han adoptado medidas como la suspensión de las visitas desde el 12 de marzo, estas acciones no ayudan en la contingencia que padece la población carcelaria.
“En especial por el suministro de agua potable en el interior del establecimiento, el cual luego de la activación de las medidas preventivas, se ha visto restringido. Antes de la activación contaban con el servicio por 15 minutos, tres veces al día; actualmente están recibiendo solo cinco minutos tres veces al día, teniendo días en que se reduce a dos veces”, señaló el Comité.
La organización dijo que esta situación genera grave preocupación debido a que se evidencia la falencia que tienen en el suministro de servicios públicos y que con ello están vulnerando los derechos de los más de 3.000 presos allí recluidos.
En la cárcel La Picota, el Comité evidenció que las medidas de aislamiento para algunos presos se están incumpliendo, esto luego de que los reclusos denunciaron que hay algunas personas de “alto perfil” que, según ellos, están teniendo privilegios.
Los internos de ese penal se declararon en desobediencia pacífica, exigiendo que se les garantice el cumplimiento de los protocolos dentro del establecimiento y se tomen las disposiciones necesarias para que todo el personal externo acate las recomendaciones para evitar una emergencia sanitaria.
Desde la cárcel de mujeres El Buen Pastor, las detenidas expusieron que si bien se ha cumplido con la suspensión de visitas externas, la guardia y el personal penitenciario siguen ingresando y saliendo sin controles sanitarios.
Además, las reclusas denunciaron que están restringiendo el ingreso de elementos de aseo como gel antibacterial desde hace unos días y que ha empeorado el suministro de alimentación a los patios.
En Medellín, por su parte, los detenidos en la cárcel Bellavista denunciaron que la dirección del penal y el comandante de vigilancia hacen caso omiso a la orden nacional de no permitir la entrada de personas. Según su versión, vieron ingresar uniformados y civiles sin ningún tipo de control.
Adicionalmente, conforme señala la denuncia, la guardia del Inpec ingresa a realizar sus labores sin atender los protocolos en estos casos. Además, denunciaron que igual situación ocurre con los alimentos.
Por otro lado, en las cárceles de Palogordo y Chimitá en Santander y Norte de Santander, respectivamente, los reclusos denunciaron que no cuentan con los implementos básicos de aseo e higiene personal, tales como jabón, gel antibacterial, tapabocas, entre otros. Esto, sumado a la falta del servicio de agua potable.
Para el Comité, “estas situaciones ponen en especial condición de vulnerabilidad a las personas recluidas en las estructuras carcelarias del país, debido a que no está en sus manos el control sanitario de un posible contagio, sino es responsabilidad del personal penitenciario”.
Debido a esto, le solicitaron a los Ministerios de Salud y del Interior, al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, y a las demás autoridades penitenciarias pertinentes que se suministre agua potable y se establezcan medidas de prevención para la contención y manejo eficaz del Covid-19 para los internos y los funcionarios con el fin de garantizar la higiene y salubridad de las cárceles.
Responde el Inpec
El Inpec, por su parte, anunció que desde que se inició la contingencia por la pandemia se han adelantado directrices con el fin de evitar la propagación del virus en el interior de las cárceles. Incluso dijeron que a diario hacen videollamadas con los directores de los penales para verificar la situación.
Si bien son conscientes de que el suministro de tapabocas para los funcionarios es casi imposible, debido a que tienen más de 14.000, están buscando recursos para tomar medidas. En la cárcel de Santa Fe de Antioquia los reclusos han adelantado jornadas de limpieza para mitigar riesgos.
También dijeron que en la cárcel La Modelo de Bogotá se realizó una prueba de tamizaje para funcionarios administrativos y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia por parte del personal de sanidad para verificar el estado de su salud.
En la cárcel de Líbano, Tolima, se han adelantado capacitaciones con los funcionarios, y en el centro de reclusión de mujeres en Armenia, las reclusas optaron por autoabastecerse cosiendo tapabocas
Tomado de El País de Cali
