Carlos Pizarro Leongómez sabía que la firma de la paz con el Gobierno colombiano era también su sentencia de muerte. El 26 de abril de 1990, menos de dos meses después de dejar las armas como comandante de la guerrilla del M-19, fue asesinado, un crimen que sacudió al país y que 30 años después sigue en la impunidad.
Esa convicción, no temor, la expresó muchas veces a sus familiares y a su entorno, la última de ellas la noche anterior al asesinato cuando acudió a un restaurante en Bogotá para cenar con amigos a los que no había visto en años por su militancia guerrillera.
«Él llegó un poco tarde y no traía el chaleco antibalas y entonces mi hermana le preguntó: ‘¿Por qué no tienes el chaleco?’, y mi papá le dijo: ‘Porque si a mí me van a matar me pegan un tiro en la cabeza y el chaleco no me sirve de nada’. Nos dijo que muy posiblemente lo iban a matar muy pronto y que lo único que nos pedía era que no lo olvidáramos. Y al día siguiente lo asesinaron», relató a Efe María José Pizarro, su hija y heredera política.
A la mañana siguiente el país fue estremecido por la noticia de que el carismático líder del Movimiento 19 de Abril (M-19), el hombre que semanas antes había apostado todo a la paz y se había convertido en candidato presidencial del partido Alianza Democrática M-19, había sido asesinado en un avión en pleno vuelo. Tenía solo 38 años de edad.
Carlos Pizarro había tomado un avión de Avianca con destino a Barranquilla donde ese 26 de abril haría campaña como candidato presidencial pero poco después del despegue el sicario se levantó de su silla y le disparó varias veces en la cabeza, tal como él había advertido horas antes a sus más allegados que sucedería.
UN CONVENCIDO DE LA PAZ
Después de pasar la mitad de su vida metido en el monte con el fusil al hombro, Pizarro estaba convencido de que negociar la paz era el punto de partida para la transformación de Colombia y por eso se había decidido a dar ese paso que se concretó el 9 de marzo de 1990 cuando firmó la paz con el entonces presidente colombiano Virgilio Barco (1986-1990).
«Hay un momento en que Carlos toma la decisión muy en serio de la paz en Colombia, lo había intentado hacia mediados de los años 80, luego vino ese momento durísimo (de la toma) del Palacio de Justicia (por el M-19) pero cuando Carlos en el año 89 toma la decisión por la paz es absolutamente radical y se juega completamente por eso», dijo a Efe el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
De Roux, que fue amigo y profesor de Pizarro en la Universidad Javeriana de Bogotá, explicó que el comandante del M-19 estaba tan convencido de la paz que «por eso deja la montaña y se viene con toda la decisión a correr todos los riesgos» que implicaba el paso a la vida política.
PAÍS BAÑADO EN SANGRE
En los turbulentos años de la segunda mitad de la década del 80 y comienzos de los 90 Colombia estaba en una orgía de sangre en la que intervenían narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y agentes del Estado que pusieron al país al borde de ser «un Estado fallido», guerra que se cobró la vida de miles de ciudadanos, entre ellos numerosos, políticos, magistrados, jueces y periodistas.
En los meses previos al asesinato otros dos candidatos presidenciales que también representaban opciones de cambio en el país habían caído bajo las balas asesinas.
Primero fue el liberal Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989 durante un mitin en la localidad de Soacha, al sur de Bogotá, y siete meses después, el 22 de marzo de 1990 en la terminal Puente Aéreo del aeropuerto El Dorado, fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa, del partido de izquierdas Unión Patriótica (UP), víctima de un genocidio que costó la vida a más de 4.000 de sus militantes.
Carlos Pizarro Leongómez fue el siguiente y tan solo 31 días después de ese magnicidio los colombianos acudieron a las elecciones presidenciales más sangrientas de su historia, en las que fue elegido el liberal César Gaviria, sucesor de Galán. Antonio Navarro Wolff, que tomó las banderas de Pizarro, fue tercero.
De buena oratoria, con sólida formación intelectual y fama de seductor por su buen parecido físico, Carlos Pizarro fue el cuarto comandante del M-19, puesto al que ascendió en 1986 tras la muerte del fundador Jaime Bateman Cayón (1984) y de quienes lo siguieron, Iván Marino Ospina (1985) y Álvaro Fayad (1986).
SUEÑOS TRUNCADOS
El prestigio que Pizarro acumuló como comandante guerrillero se convirtió en masivo apoyo popular cuando en el caserío de Santo Domingo, en el departamento del Cauca, en el acto de dejación de armas, entregó su pistola envuelta en una bandera nacional «por la paz y la dignidad de Colombia», y entró de lleno en la política con su infaltable sombrero blanco con una banda negra alrededor de la copa.
«Tenemos la posibilidad de partir en dos la historia de Colombia con un solo objetivo: unir a los colombianos. Ofrecemos algo elemental, simple y sencillo: que la vida no sea asesinada en primavera», dijo en abril de 1990, en uno de los programas de televisión de su campaña presidencial, días antes de ser asesinado.
El sacerdote De Roux considera que si Pizarro no hubiera sido asesinado, Colombia sería diferente, independientemente de que hubiera ganado o no las presidenciales de 1990.
«Yo sí creo que la pérdida de un hombre como Carlos fue de un costo inmenso para Colombia. Carlos era un hombre de gran capacidad de inspirar entusiasmo y un líder que fue muy querido, de eso yo no tengo ninguna duda. Me impresionó realmente su consistencia cuando se decidió por la paz, lo jugó todo», afirmó.
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Este domingo, cuando se cumplen 30 años de su magnicidio, familiares, amigos y seguidores de Pizarro volverán a reclamar justicia porque este crimen, declarado de lesa humanidad en 2010, sigue en absoluta impunidad.
El sicario que no dejó florecer la primavera, Gerardo Gutiérrez Uribe, alias «Jerry», fue abatido a tiros enseguida por la escolta asignada a Pizarro por el ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta, que según se vino a saber años después, estuvo involucrada hasta la médula en esa guerra sucia.
Todo indica que la muerte del sicario no fue una reacción para dominarlo sino para silenciarlo y de esta forma impedir que la Justicia llegara hasta quienes ordenaron el crimen, atribuido en un principio a los jefes paramilitares Fidel y Carlos Castaño, condenados en 2002 como reos ausentes y ya fallecidos.
«Los primeros años en búsqueda de justicia y verdad ante la jurisdicción penal interna no arrojaron mayores resultados. Por el contrario, evidenciaron faltas a la obligación estatal de debida diligencia en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables del crimen, incluidos los agentes estatales», afirma María José.
En 2017, la Fiscalía acusó al exagente del DAS Jaime Ernesto Gómez Muñoz, que mató al sicario en el avión, de ser coautor del crimen de Pizarro como parte de una alianza criminal que incluyó seguimientos al candidato, su homicidio y el encubrimiento de los hechos, plan en el que al parecer también participaron otros miembros de ese organismo policial.
En septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para estudio el caso de Pizarro pero al mes siguiente ocurrió un revés interno porque cuando la Justicia ordinaria estaba a punto de fallar en el juicio contra el exagente Gómez Muñoz, este se sometió a la Justicia Especial para la Paz (JEP).
La JEP fue creada a instancias del acuerdo de paz con las FARC para juzgar los crímenes del conflicto armado colombiano, y con la maniobra de Gómez Muñoz la familia de Pizarro está a la espera de que se defina cuál tribunal es el competente para juzgarlo. Mientras tanto, el magnicidio cometido hace ya tres décadas sigue en el limbo.
EFE
