Los operativos que adelantan contra grupos armados ilegales, el rescate de dos secuestrados, la incautación de tres toneladas de marihuana y cocaína y la captura de 30 personas han puesto a la guardia ancestral en la mira de los violentos. Los panfletos están firmados por el cartel de Sinaloa. Las autoridades tradicionales dicen que seguirán controlando su territorio.
La conmemoración del Día Mundial de los Pueblos Indígenas tiene un sabor amargo en Colombia, por cuenta de los ataques en contra de la justicia ancestral en el norte del Cauca. El sábado pasado nada más, la guardia indígena del municipio de Jambaló incautó 240 kilos de marihuana prensada y detuvo a dos de los emisarios. Pero al día siguiente, el médico tradicional y autoridad ancestral, Enrique Güejia Meza se desplazaba en motocicleta y con bastón de mando por el vecino municipio de Toribío cuando recibió varios disparos que segaron su vida.
Este hecho demostraría que existe un “plan pistola” que se estaría ejecutando contra la justicia de los nasas en el norte del Cauca. Este año se han registrado 33 asesinatos en territorios indígenas, en los cuales catorce de las víctimas hacían parte de estas comunidades, aunque solo cuatro tenían vínculo con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN): dos guardias indígenas, un presidente de Junta de Acción Comunal y una autoridad ancestral en ejercicio. Todos asesinados a bala por sicarios motorizados.
En la práctica, el control territorial del que hablan estas comunidades radica en las acciones cotidianas que 1.986 guardias indígenas ejecutan en el norte del Cauca. Están en las entradas y salidas de la carretera principal de sus territorios, requisan, decomisan, capturan, llevan a las asambleas de la justicia tradicional y sirven como testigos en los procesos. Un papel que les viene costando la vida en los últimos tiempos, a raíz del abanico de grupos ilegales que quieren quedarse con el control de esas carreteras por donde pasan toneladas de marihuana y cocaína.
El 25 de julio pasado, después de que cuatro guardias indígenas recuperaron una camioneta desde la cual se habrían ejecutado varios atentados contra estas autoridades, en la vereda La Chivera, en una pendiente que conecta al municipio de Caloto con Toribío, fueron atacados con ráfagas de fusil y tres granadas de fragmentación. Los cuatro resultaron heridos. Otros siete han sobrevivido a los ataques y cuatro más murieron en el primer tramo de este año, según los registros del área de derechos humanos de la ACIN.
La guardia indígena también ha participado en dos operativos de liberación de secuestrados. En uno de ellos, su ejercicio de presión logró que el señor Jairo Onofre Jurado, retenido en Santander de Quilichao, el 28 de diciembre de 2018, se fugara de sus captores que pedían dinero por su liberación. Su compañero, Mauricio Bucheli López, quien también fue retenido mientras cerraban un negocio en el municipio de Corinto (norte del Cauca), apareció amarrado y muerto el 17 de abril pasado. Eran directivos del Instituto Técnico Superar (ITS), que tiene sus oficinas en el centro histórico de Popayán.
Este año nada más, la justicia tradicional ha ejecutado treinta capturas, trece de ellas tienen relación con los asesinatos de Édgar Trochez, guardia indígena de Munchique, y Enrique Güejia, autoridad ancestral de Tacueyó. Los detenidos corresponden a la cadena más débil del crimen: campaneros, gatilleros y posteros (los que esperan a la vera del camino al sicario que se baja de la motocicleta para disparar). Este año la justicia tradicional ha emitido cinco sentencias condenatorias, pero los procesos aún continúan en investigación para seguir la pista de quiénes fueron los determinadores.
Según los voceros de la justicia indígena que hoy investigan las agresiones contra sus autoridades, todo obedece a sus acciones de control territorial. “Sabemos que estos grupos han declarado que todos los miembros de la guardia indígena y quien porte el logo del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) o que tenga en sus manos el bastón que nos representa, seremos objetivo militar y que a todos nos van a asesinar”, dijo Mauricio Capaz, coordinador del área de derechos humanos de la ACIN.
¿Quiénes amenazan y asesinan?
“Le pedimos a la guardia indígena que no se metan con nosotros porque a nosotros no nos importa masacrarlos como a un animal y tengan en cuenta que mercancía que nos quiten, tengan seguro que los vamos a masacrar así sea mucha guardia indígena, así que por eso les advertimos (sic)”. Esta es la frase central del panfleto que les llegó a varias autoridades ancestrales del norte del Cauca, principalmente, a las de Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto y Miranda, justo el corredor donde se registraron los últimos sucesos contra la guardia.
El remitente del sufragio se lee en el documento, es el Cartel de Sinaloa Nueva Generación, refiriéndose a la organización narcotraficante que históricamente ha controlado las rutas de la cocaína en el norte de México. De esto ya han hablado las autoridades; sin embargo, para la justicia indígena esto aún está por esclarecerse. Primero, no pierde vigencia la hipótesis de que los grupos ilegales que operan en la zona (disidencias de las Farc, Eln y Epl) estén utilizando el logo de este cartel para amedrentar a la justicia ancestral que los persigue y les aplica el remedio para armonizar sus territorios, en estos casos: cárcel, fuete o destierro.
Segundo, tampoco es improbable que sea el Cartel de Sinaloa de México. El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, así lo ha advertido desde el año pasado cuando dijo que, en zona rural de Jamundí, municipio del sur del Valle que colinda con el norte del Cauca, esta organización mexicana estaría comprando directamente la droga para sacarla por la ruta del Naya que comunica al Pacífico caucano con Centroamérica. De hecho, según conoció El Espectador, Migración Colombia registró, solo en 2016, el ingreso a ese departamento de 3.195 ciudadanos mexicanos, mientras que en 2017 ingresaron 2.000.
La dirección de Fiscalías del Cauca, por lo pronto, advierte que indagar sobre la presencia de esta organización mexicana está en manos de la inteligencia militar y de Policía, toda vez que esa información se debe verificar con muchas fuentes en terreno.
No obstante, “esta inteligencia, de manera preliminar, indica cierta presencia del cartel mexicano en el área, aunque en el sistema de la Fiscalía no aparecen ciudadanos mexicanos judicializados”, señala el ente investigador.
Cierto o no, la justicia indígena dice que no tiene los dientes suficientes para establecer las posibles alianzas que existen entre el Cartel de Sinaloa y los grupos ilegales que quedaron en el territorio después de la dejación de armas de las Farc. Los ilegales actúan en grupos pequeños (entre 20 y 40 hombres), dice una fuente de los indígenas, pero tienen mucho poder militar. Y eso se refleja en los enfrentamientos e incautaciones que ha hecho la guardia. Por ejemplo, en 2018 se incautaron de alrededor de 25 armas de fuego, de corto y largo alcance, y más de 200 motocicletas robadas en la carretera Panamericana o en inmediaciones de esos municipios del norte del Cauca.
Por lo pronto, las autoridades ancestrales han dicho que reforzarán las medidas de control territorial en estos municipios, señalados dentro del plan pistola. No permitirán que sus resguardos sean utilizados para camuflar el crimen y están pidiendo al Gobierno mayor respaldo para continuar ejecutando estas acciones. Por su parte, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, citó a una reunión el próximo sábado en Santander de Quilichao, con el fin de llamar la atención sobre el peligro inminente que vive la justicia indígena en el sur del país.
Al mismo tiempo, la Gobernación del Cauca envió una carta al presidente Iván Duque para que se incrementen las acciones encaminadas a desarticular este triángulo de criminalidad que hoy tiene entre la espada y la pared a los indígenas nasas.
Tomado de El Espectador.
