Con una carta abierta, la familia del exfuncionario Fabio Martínez Lugo le pidió al Gobierno que le den prisión domiciliaria tras confirmarse dos casos de COVID-19 en su lugar de reclusión. El Espectador habló con el hijo del exfiscal, quien sostiene que la llegada del virus a La Picota no es casual.
Dos reclusos que fueron trasladados de la cárcel de Villavicencio a La Picota fueron diagnosticados con el nuevo coronavirus. Así, esta cárcel bogotana se convirtió en la segunda del país con casos confirmados de COVID-19. La cárcel que, en los últimos setenta años ha sido el lugar de reclusión de famosos narcotraficantes y paramilitares, alberga desde hace casi un año al exfiscal Fabio Martínez Lugo, acusado de ser el lider de una red de espionaje encargada de «chuzar» dentro de la Fiscalía.
En una carta abierta la familia del exfiscal denunció una supuesta estrategia para asesinarlo luego de identificarse el virus en la cárcel. Para ellos, el traslado de los presos desde Villavicencio no fue casual, sino que se trataría de un plan de inoculación del virus con el propósito de silenciar a más de un privado de la libertad pendiente por dar su versión. Felipe Martinez, hijo del exfiscal, explicó en diálogo con El Espectador por qué temen por la vida de su padre.
¿Qué les hace pesar que el virus fue inoculado en la cárcel para afectar al exfiscal Martinez Lugo?
El Estado tenía conocimiento que en Villavicencio estaba el virus y, sin ningún protocolo de seguridad, se trasladaron reclusos desde esa cárcel. No sólo esto es una sentencia de muerte contra mi padre, que está allá por un montaje judicial, sino que es una sentencia de muerte para prácticamente todos los internos en situación de vulnerabilidad por razones de salud, edad y el hacinamiento.
¿Qué significa eso para ustedes?
Para nosotros, esta sentencia de muerte es una estrategia que le conviene al Estado porque va a morir a mucha gente que considera indeseable. Si mi padre llega a morir se consumaría una estrategia de silenciamiento. Si mi padre llega a morir, de nada serviría pedirle a la JEP o alguna otra organización que escuche su versión y la verdad sobre los crímenes perpetrados desde la Fiscalía. Nosotros queremos prevenir esto y por eso exigimos la excarcelación humanitaria para mi padre, no solamente porque es mi padre sino porque si él no sale de allá no se va a poder garantizar su seguridad y su derecho a la vida.
¿Cuáles son las condiciones en las que ha estado su padre desde que llegó a La Picota?
Mi padre está en prisión desde el 9 de mayo del año pasado. Estuvo más o menos una semana en los patios generales y luego fue remitido al patio de funcionarios públicos donde se encuentra en estos momentos. Independientemente del patio donde él esté la situación de hacinamiento en La Picota es grave y el decreto que emitió el gobierno para, supuestamente, aliviar esta situación, no colabora para nada. Estamos hablando de que, del patio de él, donde hay por lo menos 200 personas solo saldrían 3 o 4 con este decreto.
¿Se han agravado las condiciones para su padre desde la confirmación de la presencia del virus en esta cárcel?
Claro que sí. Nosotros hemos recibido información en la que ellos (los internos) han tenido problemas para acceder a los servicios. Si ya de por sí es difícil en otras circunstancias acceder a salud y otras cosas, ahora es más complicado. Pero, además, el personal del Inpec de La Picota no cuenta con material de bioseguridad, como tapabocas, y los guardias se mueven por todos los patios. Estos reclusos que llegaron de Villavicencio, según cuentan los mismos guardias del Inpec, ingresaron y se movieron durante 15 días por varias celdas. También hay personal del Inpec que se mueve por toda la cárcel. Esto significaría que no se tiene certeza de cuál es el impacto real del covid-19 en La Picota.
¿Qué les preocupa?
En el caso de mi padre, nosotros sostenemos que él es un preso político por cuenta de un montaje de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. A raíz de esta situación, que lo ha puesto en La Picota, es que se ve un claro riesgo para su vida porque no está justificada su permanencia en la cárcel. Él está padeciendo la negligencia del Estado que no puede controlar la pandemia desde que llegaron estos reclusos de Villavicencio.
¿Qué obstáculos han presentado?
El caso de mi papá es muy complejo porque a él lo acusaron de liderar una banda de espionaje corporativo y a partir de eso se le ha intentado cargar la responsabilidad de todas las chuzadas que se hicieron en la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Si tenemos en cuenta que es la Fiscalía la que lleva estas investigaciones, cuando mi papá decidió ya por el peso de esta injusticia acercarse a la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), la Fiscalía inició una serie de amenazas y hostigamientos. Nosotros creemos que la JEP es la única institución neutral y que permitiría revelar la verdad en torno a lo que pasa en la Fiscalía, pero por cuenta de este acoso judicial, mi papá tiene cinco procesos nuevos.
¿Qué consecuencias han tenido estas presiones para ustedes?
Por esa misma razón de vulnerabilidad es que nosotros como familia nos encontramos en el exilio. Por los seguimientos, por las chuzadas, por el riesgo que supone enfrentarse a un personaje como Néstor Humberto Martínez, debimos retirarnos para evitar que nuestra seguridad pudiera perjudicar el proceso de mi padre.
¿Qué tipo de garantías están pidiendo?
En este caso, bajo la crisis del COVID-19, necesitamos garantías para que se preserve la vida de los presos políticos.
Tomado de El Espectador
