“Nuestra democracia está gravemente amenazada”, denuncia el procurador general de la nación, Fernando Carrillo.
Así comenta la sucesión de asesinatos de líderes sociales, líderes indígenas y líderes agrarios que ocurre en el país, y no vacila en afirmar que es una “acción sistemática” dirigida, principalmente, contra líderes que luchan por restitución de tierras.
Para el procurador, “el próximo será un año de profundas reformas, y muchos esperamos que las lidere el presidente Duque”. Y asegura que “sería un suicidio político negarse a escuchar los reclamos de la gente”.
El procurador Carrillo, claro está, se refiere a los clamores de reformas que se hicieron en las marchas realizadas y que proyectan reanudarse en las calles de Bogotá y otras ciudades, y cuyo apoyo no oculta. Según el procurador, el presidente Duque debe “negociar” y no solo “conversar”.
Por otra parte, Carrillo se refiere al expresidente Uribe, a propósito de su descenso electoral, y comenta que “su liderazgo enfrenta hoy a una Colombia distinta a la que gobernó”.
El procurador inicia su diálogo sobre el caso de las diferencias en la cúpula de la Policía afirmando: “La Procuraduría tiene competencia prevalente en temas disciplinarios. Ejercimos ese poder preferente, desplazamos una comisión de dos procuradores delegados y de un equipo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para adelantar con celeridad el proceso por presunta corrupción. En la visita, recogimos los expedientes o actuaciones disciplinarias que se tenían abiertas, que harán ahora parte de la investigación que adelanta la Procuraduría para esclarecer los hechos”.
¿Qué lo condujo a intervenir y nombrar investigadores?
Diversas denuncias por presuntos hechos de corrupción.
¿Las denuncias fueron hechas por la Inspección General de la Policía?
Buena parte de ellas.
El reporte de la Inspección dice que “hay hechos ciertos que demuestran temas de malversación de fondos, desvío de recursos y temas de corrupción estructural, principalmente asociados al narcotráfico, nunca investigados”…
Sí. Esa es una de las denuncias hechas la semana pasada, que se suma a otras que habíamos tenido en noviembre. Son muy diversos los temas denunciados.
¿Contra la dirección de la Policía?
No hay una acusación específica y no se puede individualizar quiénes serán los disciplinados, pero hay conductas de diversa naturaleza que, de alguna manera, presuntamente, subrayo, comprometen a cuadros directivos de la Policía Nacional.
¿Pero son cargos concretos contra la Dirección de la Policía?
No. Están involucrados miembros de la cúpula de la Policía; hay que esclarecer esos hechos exactamente, porque en este momento solo estamos en las preliminares.
¿Hay denuncia de malversación de fondos y desviación de recursos?
Uno de los puntos tendría que ver con ese tipo de hechos.
El general Salamanca fue enviado a vacaciones. ¿Usted creyó indispensable que él estuviera presente para su investigación?
Así es. Es importante su presencia como cabeza del órgano investigador dentro de la Policía Nacional, sobre todo en este momento, para que aporte los elementos pertinentes a la investigación de la Procuraduría en curso.
¿Habló con el Gobierno sobre esta investigación?
Sí. Ofrecieron todas las garantías al respecto.
¿Quiénes?
El Presidente de la República y el Ministro de Defensa. La contundencia y el rigor con que adelantemos las investigaciones en la Policía no puede generar un cisma institucional que afecte las entidades.
¿Usted consultó o informó al Presidente sobre la investigación?
Lo informé. El propósito era el de tener todas las garantías. Cuando nos enteramos de que el general Salamanca saldría a vacaciones, eso, de alguna manera, lo desvinculaba temporalmente de la Inspección General de la Policía.
¿Y cuál fue la posición del Presidente?
El Presidente expresó todo el apoyo a la Procuraduría y ofreció otorgar todas las garantías para que la investigación siga su curso, avance y llegue al objetivo final, que es esclarecer si hay o no responsabilidad disciplinaria de los implicados.
¿En el proceso qué sigue?
La recolección de todas las pruebas de los hechos que están narrados en las denuncias y, por supuesto, el esclarecimiento de ellos y una definición por parte de la Procuraduría si existe mérito para sancionar a quienes resulten responsables de las irregularidades cometidas.
Puedo decirle que esta es la investigación más compleja que tiene que hacer la Procuraduría, por el carácter de los involucrados. Las instituciones se preservan aun si llegan a ocurrir conductas reprochables por parte de quienes las lideran.
¿No le parece un tremendo desafío para usted si se confirma su supuesta aspiración a ser candidato a la Presidencia?
No aplico la ley con cálculos personales y mucho menos políticos. Fui constituyente y soy un defensor de la Constitución del 91. Permítame hacer unas precisiones al respecto.
En primer lugar, las funciones del procurador están claramente definidas en la Constitución: el procurador general es el representante de la sociedad y del interés público, y todas mis actuaciones están en línea con esa responsabilidad.
En segundo lugar, he sido el más crítico de la intervención en política de los funcionarios públicos: suspendí 25 alcaldes por infringir esa norma durante el pasado proceso electoral. No voy a ser tan torpe ni tan temerario de incurrir en ese error.
Pero hay quienes dicen que usted está en campaña…
Estoy en campaña por defender y hacer cumplir la Constitución del 91. Estoy en campaña por hacer prevalecer los derechos de los más vulnerables. Estoy en campaña por materializar la garantía de los derechos sociales proclamados hace tres décadas en una constituyente que promovimos los jóvenes de aquella época, sin romper un vidrio ni vulnerar los derechos de otro.
En lo particular, creo que las aspiraciones presidenciales hacen parte de una patología criolla. Ser presidente no es un objetivo en sí mismo, ni una obsesión. Mi servicio público en la Procuraduría excluye esas aspiraciones. Hay una primavera de la participación ciudadana vibrando en las calles que hay que escuchar y dar trámite a sus demandas sociales, fortaleciendo la institucionalidad.
¿Se refiere al paro nacional? ¿Qué piensa al respecto?
2020 debe arrancar con el comienzo de un gran acuerdo nacional por las reformas sociales, para garantizar la igualdad y vencer la inequidad. Creo que el liderazgo político de este país tiene que comprometerse con lo que está pasando en las calles, donde los jóvenes son de nuevo los grandes protagonistas.
La gran revolución que hay que hacer es cumplir la Constitución de 1991, y eso es lo que están reclamando en la calle. Cada cacerolazo es un llamado colectivo por derechos sociales, salud, educación, empleo. Sería un suicidio político negarse a escuchar los reclamos de la gente.
Hay que sintonizarse con lo que está pasando en las calles. El período de transición que vivimos le abre una gran puerta al Presidente para dejar una profunda huella en la historia. 2020 será un año de profundas reformas, que muchos esperamos que él lidere. El problema hoy es de gobernabilidad social; los pactos políticos tradicionales son anacrónicos e insuficientes.
¿Usted cree que el Presidente debe abrir la puerta a la negociación o mantener lo que él mismo llama ‘conversaciones’?
Yo creo que se debe negociar a través del diálogo social.
¿Conversando o negociando?
Conversando, es una cosa inofensiva.
Es evidente que el expresidente Álvaro Uribe es defensor, asesor y seguramente consejero del presidente Duque. Él ha sido uno de los caudillos que ha tenido Colombia en los últimos años. ¿Cree que ha entrado en declinación política por sus últimos resultados electorales, que él mismo reconoció como adversos?
Resulta innegable reconocer la presencia histórica del expresidente Uribe. Ha sido uno de los grandes líderes de los últimos tiempos, pero ese liderazgo enfrenta hoy a una Colombia distinta a la que gobernó, con nuevas generaciones que siguen otros idearios y están conectadas con otras agendas.
Hay una explosión de ciudadanías, nuevas vocerías y nuevas audiencias. Todos debemos interpretar los signos de los tiempos, es decir, las nuevas ciudadanías, los estudiantes, las mujeres, los grupos étnicos, los campesinos, una sociedad civil que estuvo aplastada por el peso de la guerra. Son tiempos de cambio, de transformaciones profundas, de rechazar la violencia, creer en la paz y proteger la vida.
¿Usted cree que eso es lo que le está pasando al expresidente?
Yo creo que eso es lo que le está pasando a toda una generación anterior. No tengo en este momento ninguna autoridad para decirle al presidente Uribe que se retire, ni mucho menos. Lo que creo es que hay que interpretar los signos de los tiempos.
Usted habla con insistencia de grandes acuerdos, ¿cuál cree fundamental?
Un gran acuerdo nacional en defensa de la vida que arranque de la erradicación de la violencia como método de hacer política.
Siguen asesinando líderes sociales y líderes cívicos…
Colombia tiene que cerrar las heridas y sanar su dolor. Tenemos que suscribir un gran pacto de Estado por la defensa de la vida. Nuestra democracia está gravemente amenazada. Cada vez que asesinan un líder social, también sacrifican la dignidad colectiva. El Estado tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio.
Le hemos pedido al presidente Duque que convoque la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para enfrentar con contundencia al nuevo paramilitarismo y detener el asesinato sistemático de los líderes sociales. 2020 tiene que ser el año en el que pasemos de la indiferencia a la protesta contra los violentos. Hay que parar este ciclo de barbarie.
Usted habla de asesinato sistemático de líderes sociales. El consejero presidencial para Derechos Humanos y candidato a la Fiscalía, Francisco Barbosa, declaró que los asesinatos no eran ni sistemáticos ni representaban una operación de exterminio. ¿Usted qué piensa?
Hay líderes sociales pertenecientes a determinados colectivos como los defensores en el tema de la restitución de tierras, que son sistemáticamente estigmatizados y han sido el blanco favorito de los grupos armados organizados, según lo ha documentado la procuraduría delegada de tierras. Allí hay elementos que permiten afirmar claramente que para determinados grupos los enemigos están en los sectores de defensa de derechos fundamentales.
¿La fosa común revelada en Dabeiba es parte de esa barbarie?
La verdad está saliendo a flote gracias a la JEP, una institución que ha sobrevivido a los ataques de sus detractores y ha demostrado su vitalidad y pertinencia. Nunca tanto como hoy son tan necesarias y convenientes sus actuaciones. Causa gran consternación la cifra revelada por la directora de Medicina Legal de que hay 200.000 personas enterradas en fosas comunes. Muestra el tamaño de la degradación del conflicto armado y el trabajo monumental que tienen por delante la JEP y las demás autoridades para esclarecer la verdad.
Pero eso también debe incluir a la Procuraduría…
Y lo estamos haciendo, como defensora de los derechos de las víctimas.
Hay quienes hablan de una nueva constituyente para buscar justicia…
Tenemos que generar un amplio consenso, no para cambiar la Constitución, sino para cumplirla. La Constitución de 1991 es el antídoto para nuevas guerras.
¿Es posible construir un nuevo consenso político?
Hay que construir un gran pacto social y político, que saque a Colombia de la polarización y la incertidumbre. Un pacto que incluya a la gente, en una mesa de diálogo nacional que desencadene cambios profundos que venzan la falla sísmica de la política, que es la desigualdad; garanticen el bienestar y modernicen la democracia. Soy optimista. Colombia siempre encuentra el horizonte en medio de las tormentas. La guerra es el pasado. El futuro son las reformas pacíficas.
Tomado de El Tiempo
