Caso de maltrato animal en Risaralda: perros encontrados en costales

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Foto archivo

En otro hecho, ocurrido en Bogotá, fue judicializado un hombre que, en un acto de intolerancia, al parecer, atacó con un arma blanca a un perro.

Fiscalía General de la Nación,
FGN

RISARALDA, COLOMBIA (5 AGO 2024) – Fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías a dos personas por presuntos actos de maltrato animal en Risaralda y Bogotá.

Animales en un costal

El pasado 25 de enero, en una vía de Pueblo Rico (Risaralda), la Policía Nacional atendió una denuncia ciudadana sobre un posible caso de maltrato animal contra dos perros. Al llegar al parque principal del municipio, los uniformados encontraron a Diego Charicha Osorio con dos caninos atados en sus extremidades y hocico, dentro de costales. Al parecer, los perros habían sido golpeados en repetidas ocasiones.

Por estos hechos, una fiscal Gelma imputó a Diego Charicha Osorio el delito de maltrato animal, cargo que no fue aceptado por el procesado.

Agresión con arma blanca

En otro hecho, ocurrido en Bogotá, Luis Heiber Romero Díaz fue judicializado por su presunta responsabilidad en el ataque a un perro llamado Freya. Según la investigación, una familia se encontraba frente a su vivienda en la localidad de Suba cuando Romero Díaz, al parecer, los amenazó con un cuchillo y atacó al animal de compañía, causándole una lesión en la mejilla.

El hombre fue imputado por los delitos de maltrato animal e intimidación o amenaza con arma de fuego y arma blanca. Los cargos no fueron aceptados por el imputado.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.