Redacción Análisis Urbano
Nuevo Jerusalén es un asentamiento ilegal, pronto a cumplir diez años, formado sobre un terreno de 62 hectáreas conocido como El Cortado, perteneciente al municipio de Medellín, pero ubicado en la jurisdicción territorial del municipio de Bello.
Cuando la tierra fue invadida, la situación se denunció a tiempo frente a las autoridades competentes porque el sector contaba con una protección minera y con una protección ambiental que lo volvía inhabitable, especialmente porque el terreno es inestable y con gran peligro de deslizamiento. El problema fue conocido por los secretarios de gobierno de ambos municipios y evaluado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), que en respuesta confirmó lo advertido: no podía ser habitado.
No obstante ninguno de los municipios resolvió el problema. La invasión la iniciaron las familias víctimas del desplazamiento intraurbano producto de la violencia paramilitar que sufrió el Valle de Aburrá. Inicialmente, no sumaban 40 los grupos familiares que se asentaron allí porque no tenían otra opción. Al poco tiempo aumentaron los habitantes y entre ellos llegaron algunos hombres resultantes de la fallida desmovilización del Bloque Héroes de Granada de las AUC, quienes siguieron delinquiendo ahora bajo las órdenes de la estructura criminal conocida como Oficina de Envigado.
Desde entonces, Nuevo Jerusalén fue sometida a una dictadura criminal en el que los habitantes eran sometidos a extorsiones en las que tenían que pagar por el agua y la luz pese a haber sido servicios instalados por la propia comunidad, extorsión que sumaba más de 150 mil millones de pesos anualmente. Los criminales, incluso, vendieron los lotes del municipio de manera ilegal, situación que conoció, en su momento, quien era el secretario de Gobierno de Medellín, Juan Felipe Palau y que Defensoría del Pueblo denunció era realizada por los grupos armados.
La problemática criminal desbordó de tal forma que el director nacional del Sistema de Alertas Tempranas, Jorge Enrique Calero Chacón, elaboró el Informe de Riesgo N° 029 de 2013 dedicado exclusivamente al tema El Cortado y su asentamiento ilegal, y lo envió al secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño Uribe, el 26 de agosto del 2013. El texto resumió la situación que se vivía en el territorio y expresó argumentos que justificaban la palabra con la cual da inicio el documento: URGENTE.
El texto finalizaba con una serie de recomendaciones a la Alcaldía de Bello, al Incoder, a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura, al ICBF, a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas del Ministerio del Interior y a las autoridades civiles competentes, para que básicamente intervinieran y frenaran la problemática.
Calero Chacón incluso le recomienda a la Alcaldía de Bello “realizar acciones permanentes que eviten que los actores armados sustituyan la presencia y las funciones legitimas de las autoridades del Estado. En particular se recomienda presencia activa y directa en el asentamiento Nuevo Jerusalén de un inspector de policía, como puente entre la Alcaldía y la comunidad y como instancia legal para la resolución de conflictos entre los vecinos, función usurpada por los actores armados”.
La Gobernación de Antioquia siempre estuvo enterada del problema al igual que las Alcaldías de Bello y de Medellín. La fuerza pública y la Fiscalía también lo sabían. Una acción popular fue instaurada para resolver el problema y fue ganada en primera y en segunda instancia, años 2013 y 2014, pero nunca hubo interés de resolver por parte de la institucionalidad.
Desde el año 2014, Análisis Urbano venía denunciado este problema en una serie de informes en los que se denunciaba un posible desacato del fallo judicial del 25 de noviembre de 2013 y a acción sospechosa de Saul Martínez Salas, juez del Juzgado 26 Administrativo de Medellín, que encargado de hacer cumplir el fallo, un año después, en el 2014, no obligaba a la institucionalidad a su cumplimiento.
Hoy, tres años después del fallo, se ordenó el desalojo forzado de todo el asentamiento de nuevo Jerusalén al cual acudió la fuerza pública quien agredió, maltrató y se enfrentó a los habitantes. Pero acá se violó una vez más la acción popular: el fallo del juez no ordenó un desalojo a sangre y plomo, la orden era la reubicación de los habitantes de El Cortado en un territorio legal y con mejores condiciones, seguras y más salubres, sobre todo que les permitiera una vida integra y de mejor calidad. No obstante, la institucionalidad y la fuerza pública optaron por el desalojo violento, intentando arrojar a los habitantes a las calles sometiéndolos así a una nueva victimización.
Al parecer, la fuerza pública y los municipios olvidaron que el 29 de octubre de 2014, se llevó a cabo una reunión del comité de verificación Acción Popular Finca El Cortado (Rad:2010-00135), a la cual asistieron las siguientes personas:
Reunión que trató todas las obligaciones que impone el fallo de la Acción popular. Acá hay que poner especial atención en la número 5, la cual implica a los municipios de Bello y Medellín, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional y, entra otras cosas, ordena lo siguiente:
Hoy no se logró desalojar Nuevo Jerusalen, pero es el objetivo y la orden emitida por la institucionalidad fue recibida por la fuerza pública. Todos en esta ciudad bien saben cómo es que esto termina: “el desplazamiento y la revictimización” de los actuales ocupantes del sector, prohibido por la Acción Popular, no ira de cuenta del sector criminal.
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