Bogotá, 16 febrero de 2025.- La región colombiana del Catatumbo vive desde hace un mes la peor crisis humanitaria que recuerde el país, causada por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que afecta a casi 85.000 personas, entre ellas comunidades indígenas y migrantes venezolanos.
Así lo aseguró a EFE la representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, quien manifestó que, con corte al pasado 14 de febrero, los afectados son 84.621 personas que en su mayor parte han sido desplazadas por la violencia guerrillera.
«La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria», puntualizó Girard.
Las cifras recopiladas por Acnur son alarmantes: 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos.
Diferentes autoridades también hablan de al menos 56 muertos a causa de los enfrentamientos que comenzaron con más intensidad el pasado 16 de enero en el Catatumbo, región conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se disputan el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela, crucial para el narcotráfico porque es uno de los lugares del país con más cultivos de coca.
Los niños, otras víctimas del conflicto
Para Girard, los enfrentamientos armados dejan en situación todavía más desventajosa a las comunidades indígenas, como los yukpa, que son transfronterizos porque viven y se Mueven en zonas de Colombia y Venezuela, y los barí, que son colombianos.
A eso se suman los niños que, por la violencia, no pueden ir a sus escuelas porque los «profesores tuvieron que huir y los niños quedan desprotegidos, expuestos a vulneraciones, posiblemente también a temas de violencia de género y de reclutamiento forzado».
«Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados», aseguró la representante de ACNUR en Colombia.
Aunque reconoce los esfuerzos de las administraciones locales para ayudar a la población, Girard dice que las alcaldías se vieron desbordadas y sus recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.
«Es muy importante que el Estado esté presente en estas zonas con servicios y para proteger efectivamente a las personas (…) y que se paren las armas para que las comunidades del Catatumbo puedan vivir en paz, que es la única cosa que están pidiendo», dijo.
Para la funcionaria es de suma importancia trabajar también para que los desplazados que están en Cúcuta, la capital departamental, en Ocaña y Tibú, ambas de Norte de Santander, e incluso los que han llegado a Medellín o Bogotá, tengan ayudas gubernamentales necesarias para el regreso a sus fincas, si es que así lo deciden.
«Antes tenían sus fincas, sus animales, pero ya no tienen eso para sobrevivir y necesitan apoyos para generar lo necesario para ellos y sus familias», añadió.
Además de coordinar con entidades locales y con otras agencias internacionales censos y ayudas de todo tipo, ACNUR ha apoyado a los desplazados y confinados con más de 40.000 kits, principalmente de higiene personal.
Ovidio Castro Medina
EFE