Durante el periodo de cuarentena se ha agudizado la violencia en el departamento del Cauca; la incertidumbre está latente en los habitantes de los diferentes territorios de la región, quienes sienten zozobra tras los ataques por parte de grupos armados, contra la vida de lideresas, líderes sociales y de la comunidad, lo que también ha incrementado el desplazamiento forzado.
Según el informe especial emitido por las Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el departamento del Cauca, en el año 2020 han sido asesinados 46 líderes sociales y familiares de los mismos.
De igual manera, se da a conocer que desde la firma del Acuerdo de Paz se ha registrado el asesinato de 37 ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-.
Los asesinatos y amenazas, se han presentado de forma sistemática en diferentes municipios del Cauca.
El día 22 de abril, en el municipio López de Micay, fueron asesinados dos líderes comunitarios pertenecientes al Consejo Comunitario Afro Renacer del Micay. Los hechos ocurrieron en la vereda Agua Clarita, cuando un grupo armado citó a la comunidad a una reunión donde asesinaron a los dos líderes sociales frente a todas las personas que se encontraban en el lugar, donde también se habían niños.
El atroz hecho, ocasionó el desplazamiento de gran parte de las comunidades de Agua Clarita, Nayitas y Zabaletas. Alrededor de 80 personas abandonaron las veredas; sin embargo, fueron abordadas por un grupo armado identificado como “Carlos Patiño”, quienes impidieron que la comunidad siguiera su camino, y afirmaron que “en su listado había por asesinar a 30 personas más, y que las personas que salieran de sus territorios ya no podían regresar”.
Otro de los casos, se dio en los últimos días del mes de abril, en San Juan de la Costa, municipio de Tumaco, Nariño, donde fueron hallados 5 cuerpos enterrados; 4 de ellos de Tumaco y el otro de nacionalidad ecuatoriana. La excavación de los cuerpos se llevó a cabo el 25 de abril.
En este municipio confluyen distintos grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, Fuerza Pública y grupos paramilitares que no tienen una estructura definida.
Estos hechos se suman a la muerte de Ángel Artemio Nastacuas Villareal, indígena Awá, asesinado por la Policía, en medio de la erradicación forzada de cultivos de coca, a la cual la comunidad indígena y campesina se oponía.
En el mismo mes se registró un ataque armado en el sector de Muchinque, territorio ancestral del Consejo Comunitario, Cerro Teta, corregimiento de Honduras, en el municipio de Buenos Aires, donde hombres armados entraron a un lugar en el que se encontraban varias personas reunidas y dispararon contra ellas, asesinando a tres de ellas.
Las personas que fallecieron en el lugar fueron identificadas como Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís. Una mujer y tres hombres salieron heridos de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales.
El Consejo Comunitario y la Guardia Cimarrona, afirmaron que “hicimos presencia hasta las ocho de la noche en el puesto como habíamos acordado y una hora después se da este hecho lamentable; al parecer esta acción fue retaliación al no cumplimiento con las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia de la Covid-19, pues hace unos días circula un audio por las redes sociales en el que se advierte a estas comunidades las represalias en su contra».
La comunidad del municipio denuncia que en días pasados aparecieron panfletos, audios de Whatsapp y mensajes en redes sociales, donde un grupo armado amenaza que si no se cumplen las medidas de aseguramiento «no se hacen responsables de lo que suceda».
La Guardia Cimarrona, expresó que “en el tiempo que se lleva de cuarentena, se han registrado asesinatos a líderes sociales en el norte y sur occidente del Cauca”, asimismo enfatizó que se están cometiendo “múltiples atentados en corregimientos como: Honduras (Buenos Aires), San Pablo (Bolívar), incluso no solo en el territorio caucano sino también en el Putumayo y en el municipio de Sardinata (Norte de Santander)”.
Los grupos armados han aprovechado que los líderes sociales y sus familias se encuentran en casa cumpliendo con la cuarentena a causa de la Covid-19, para atacarlos.
El atroz hecho en Buenos Aires, se dio una semana después del asesinato del reconocido líder social Mario Chilhueso, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios –ASTCAP-.
Mario Chilhueso de 45 años de edad, era campesino del Naya y se había dedicado a luchar por el reconocimiento de los derechos del campesinado en la región del Alto Naya.
Días después, en el municipio de Mercaderes, asesinaron al líder social Álvaro Narváez Daza, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal y a tres de sus familiares.
Los familiares del líder social eran su esposa, identificada como María Delia Daza Rodríguez, su hijo Cristian Narváez Daza y su nieta de 15 años de edad Katherine López Narváez.
La comunidad estaba aún de luto por el asesinato del líder social y su familia, cuando sucedió el asesinato de Uben Guerrero, líder social del municipio, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal y líder comunitario de la vereda Curacas, en Mercaderes.
Los habitantes de los municipios y las organizaciones sociales, han denunciado en repetidas ocasiones que hay una disputa del territorio y persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, por parte de los grupos paramilitares y la Fuerza Pública; asimismo responsabilizan al Ejército Nacional de la mayoría de los ataques.
Tomado de Colombia Informa
