Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz le devolvió los restos mortales a familias que perdieron a un ser querido por cuenta de los falsos positivos. Detrás de este acto, está uno de los procesos más grandes de la justicia transicional en Colombia.
Dos meses después del comienzo de las exhumaciones en Dabeiba, Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz le entrega este lunes los restos de un joven víctima de falsos positivos a su familia.
El cuerpo fue encontrado en el cementerio del pueblo, adonde llegaron los magistrados de la JEP, luego de recibir información por parte de varios miembros de Ejército que confesaron haber asesinado a civiles inocentes que fueron enterrados allí.
El joven había desaparecido en 2002, su familia había denunciado la situación y desde entonces lo buscaban. Luego de cotejos de ADN, la justicia especial confirmó que se trata del muchacho.
Este lunes los cuerpos serán entregados a su familia, en medio de un acto simbólico que tendrá lugar en el pueblo, y al que asisten el magistrado Alejandro Ramelli, quien lleva el caso, así como funcionarios de Medicina Legal, y los embajadores de Suecia y Francia.
Pero las actuaciones de la JEP este lunes en Dabeiba no se agotan allí. Además de entregar el cuerpo, comenzarán excavaciones en otros 13 puntos, concretados a partir de información de soldados que están colaborando con la jurisdicción. Allí buscarán más cuerpos. En este caso, la JEP ya ha recuperado restos de 17 personas, logrando la identificación para esta primera entrega. Esta es la historia que fue portada de la revista Semana sobre ese proceso:
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El soldado Buitrago recordó que una vez el sargento Pedraza* les dio una orden que se salía de toda proporción. Habían acabado de matar a un joven al que pretendían hacer pasar como guerrillero. Les pidió que le volvieran a disparar al cadáver, esta vez en la cabeza y con una ametralladora M60 que lanza balas del tamaño de un dedo. Así ningún familiar lo podría reconocer. La idea era borrar toda huella de la identidad de la víctima, eliminar cualquier vestigio de su existencia de un solo tajo.
-Aquí enterraron a dos a los que no les dieron ataúd—, dijo el soldado Buitrago mientras caminaba por entre las tumbas del cementerio católico Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. Entró a ese lugar el lunes pasado después de algo más de diez años, e intentó hacer memoria sobre el punto donde él y su unidad militar, según dice, sepultaron a decenas de jóvenes inocentes que convirtieron en falsos positivos.
Sus declaraciones destaparían un capítulo de ejecuciones extrajudiciales desconocidas, con características inéditas en la historia del conflicto colombiano. Sobre todo porque aquí se unen tres factores: un macabro modus operandi para asesinar, un número grande de víctimas que hoy siguen desaparecidas y una posible estrategia para silenciar la verdad. El hecho de que hayan permanecido ocultas en un mismo lugar tanto tiempo plantea innumerables interrogantes sobre el papel del aparato judicial alrededor de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
-¿O sea que los enterraron en bolsa? – le preguntó a Buitrago el magistrado Alejandro Ramelli, quien lleva el caso número 003 de la JEP, en el que investiga las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El caso que él y sus colegas Gustavo Salazar y María del Pilar Valencia empiezan a indagar daría cuenta de cerca de medio centenar de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas entre 2006 y 2007; según los primeros indicios. Y podrían ser más.
-No, así, fueron enterrados sin nada.
Los muertos de los que habla Buitrago no pasaban de los 30 años.
-¿Y recuerda los impactos?-
Buitrago, quien luego de haber comenzado a colaborar con la Justicia ha recibido amenazas de muerte, caminó a paso firme entre decenas de cruces blancas y tumbas. El cementerio Las Mercedes está ubicado en una loma, y a la vez en un valle bordeado de montañas en las que se ven algunas vacas y una que otra antena de telecomunicaciones.
Buitrago señaló con el dedo hacia lo alto para indicar el punto donde asesinaron a tal joven, donde simularon un operativo que nunca pasó y con el que inflaron los resultados de este batallón. Así los soldados cobraron permisos de descanso y se ganaron felicitaciones en sus hojas de vida.
Luego, el soldado Buitrago dio unos cuantos pasos y se paró sobre la tierra que escondería otras tumbas: muchas de las víctimas que pueden estar ahí debajo, según aseguró este soldado, eran muchachos que traían de Medellín. Ejecutarlos tan lejos de casa libraba a los militares de reclamos y denuncias de familiares.
-Desde acá se ve dónde fueron los hechos —señaló hacia una montaña—. Allá donde se ve esa cerca de matarratones, ahí abajito por esa faldita, cerca de una casa donde vivían dos ancianitos—dijo mientras describía algunas de las escenas de los crímenes.
El soldado habló de asesinatos de inocentes. Ni su gesto ni su cuerpo mostraron alguna alteración. Mientras hablaba, un sol canicular calentaba a más de 30 grados. Un viento ligero refrescó un poco a los asistentes a la diligencia. A Buitrago le bajaron unas cuantas gotas de sudor por la nuca y le empaparon la espalda. Ese fue el único esfuerzo físico suyo en ese recorrido en el que hizo un inventario de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por su unidad militar.
Su batallón pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en los dos años que estuvo allí. Él dice haber participado en unos 20. En un documento de la JEP calculan alrededor de 50. Casi todos estos casos han pasado de agache para la Justicia. Solo Pedraza –el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60– lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los uniformados vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes.
En el cementerio de Dabeiba reposan 32 necropsias de cuerpos que el Ejército registró como muertos en combate, pero que hoy por los testimonios de Buitrago y Pedraza podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. De ese número solo 10 tienen actuaciones en la justicia penal militar. Y la mayoría no ha avanzado.
La diligencia tuvo lugar el lunes pasado, pero este proceso lleva en marcha algunos meses en la justicia transicional. De hecho, en septiembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le pidió a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes, tras considerar la importancia de la verdad que allí podría estar enterrada.
Los magistrados de la JEP escucharon las versiones de Buitrago en diligencias previas y la jurisdicción mandó una avanzada para estudiar el lugar. Finalmente el lunes de la semana pasada los magistrados viajaron con la misión de contrastar en el terreno las declaraciones del soldado y de conseguir más evidencias. En solo cinco días de excavaciones los funcionarios judiciales habían recuperado restos de nueve cuerpos.
Buitrago había salido de su lugar de reclusión y llegó a Dabeiba muy temprano en la mañana del lunes. Con gafas de sol, un reloj deportivo y botas ajustadas hasta medio tobillo entró al camposanto. Se trata de un espacio en circunferencia. En el centro está emplazado un atrio para las ceremonias religiosas. Alrededor, en los bordes del cementerio, hay tres bloques con cientos de osarios. Estas tumbas contrastan con las que están en la tierra, que aparecen extrañamente uniformes. Esta podría ser una de las señales que apuntan a que hubo una operación para alterar el lugar, y así evitar que saliera a la luz la verdad del camposanto.
Las tumbas anuncian fechas de fallecimientos muy distantes entre sí –con hasta 50 años de diferencia– pero la mayoría de las cruces de concreto se ven recién pintadas con el mismo tono de blanco. Esas cruces están marcadas en su mayoría con pintura negra y una caligrafía similar, como si la misma mano las hubiera marcado con letra cursiva. En el cementerio han pasado cosas raras. Y varios testimonios así lo corroboran.
Buitrago también tuvo la sensación de que el lugar era distinto al que visitó con frecuencia 12 años atrás. Se sorprendió tanto que, al entrar, buscó al sepulturero para preguntarle por las modificaciones. Y así supo que habían cambiado de sentido las cruces, Ya no apuntaban al sur, como hace una década, sino al oriente. A lo largo de la diligencia empezarían a aparecer otros indicios del capítulo de ocultamiento de pruebas.
Un batallón criminal
La compañía del Ejército a la que pertenecía Buitrago actuó en Dabeiba como una verdadera organización criminal. De ello quedaron registros. En su momento algunos campesinos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas a los civiles que poblaban las montañas colindantes al nudo del Paramillo y al Cañón de la Llorona, en el occidente de Antioquia. La mayoría de las investigaciones, sin embargo, nunca prosperaron. Nadie escuchó a los denunciantes.
En los folios que reseñan estas muertes hay todo tipo de irregularidades y actos que evidencian la manipulación de los elementos materiales probatorios. “Nos encontramos con el cadáver NN, el cual no se encontraba con su respectivo rótulo ni cadena de custodia (…) constancia del juez indica diferencias de reporte de heridas descritas en necropsia y las registradas en las actas de inspección”, dice en uno de los expedientes.
Al momento de llevar los cadáveres al cementerio, los militares se aseguraban de que los cuerpos quedaran enterrados sin ningún tipo de reseña. En otro de los archivos quedó esta constancia: “El jefe de los obreros del municipio informa que en el cementerio se destina un lugar para inhumar todos los cadáveres NN, convirtiéndose en un sitio conocido como fosa común, en que se inhuman quince o veinte cadáveres sin rótulo, nombre ni fecha”. Esta declaración la firma la inspectora de Policía de la época.
Hay más indicios de los asesinatos a manos de esta unidad. Cuando corría el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Presidencia que aquel batallón estaba violando las convenciones humanitarias. Y que tenía como blanco de sus operaciones macabras a mujeres, menores de edad y personas reincorporadas a la vida civil tras haber desertado de la guerrilla.
El informe detalla varios hechos de horror. Entre ellos, la ejecución extrajudicial, nunca investigada, de un hombre discapacitado. El soldado Buitrago, parado en la mitad del cementerio, dio esta semana pistas de ese caso por primera vez en 12 años.
-El discapacitado de la mula. Ese sí pueden buscar el registro acá en el municipio porque las personas sí lo reconocieron y le decían Mollejo -dijo Buitrago. También mencionó que la víctima vivía en un caserío llamado Cuchillón.
Esto coincide con un caso que encontró Revista Semana, registrado por la Comisión Intereclesial en su momento. Según la denuncia, que cayó en saco roto, el domingo 11 de noviembre de 2007 hombres del batallón al que pertenecía Buitrago llegaron al caserío Cuchillón, del corregimiento La Balsita, de Dabeiba. Preguntaron por Gabriel Everto Pérez, un hombre de 50 años que vivía de la caridad de sus vecinos porque no podía valerse por sí mismo. Tenía paralizado el costado izquierdo de su cuerpo y sufría ataques de epilepsia.
Según testimonios recibidos durante aquel año, los militares sacaron a Gabriel a la fuerza de su casa, lo montaron en una mula y se lo llevaron para una cancha de fútbol ubicada en la parte alta del caserío, a unos cinco minutos. A eso de las doce del mediodía, sonaron dos tiros y a los pocos minutos varios disparos de fusil como si hubiesen simulado un enfrentamiento. En horas de la tarde, los militares le informaron a la comunidad de Cuchillón que Gabriel había muerto en un combate con el Ejército. Una semana antes, unidades de contraguerrilla habían llegado a la vereda a ocupar viviendas habitadas por familias campesinas, entre ellos mujeres y menores de edad.
En Dabeiba las denuncias no traspasaban las montañas. Varios investigadores del conflicto consultados por Revista Semana coinciden en que la lejanía de este municipio permitió que la verdad terminara silenciada. A diferencia de otras regiones como el Oriente antioqueño, en Dabeiba no surgieron con tanta fuerza liderazgos que visibilizaran los crímenes. Según el Registro Único de Víctimas, en ese municipio 18.914 personas declararon haber sufrido delitos relacionados con el conflicto. Principalmente hablaban de desplazamiento forzado, seguido por asesinatos, desaparición forzada y amenazas. La cifra es demoledora si se tiene en cuenta que el pueblo tiene 23.000 habitantes. Al 82 por ciento de la población le tocó sufrir la guerra en carne propia.
Los años en los que ocurrieron los crímenes que relató Buitrago coinciden con los picos más altos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en todo el país. En meses pasados, la Fiscalía le entregó un informe a la JEP que da cuenta de 470 casos en 2006; y 733, en 2007. Hechos como los de Dabeiba pondrían en evidencia que estas cifras podrían crecer.
Jóvenes reclutados en Medellín
Poco menos de una hora duró el recuento de los entierros que hizo el soldado Buitrago. Además de señalar posibles tumbas, contó detalles de la estrategia específica de su unidad para asesinar inocentes. A casi todos los reclutaban en Medellín, con el fin de que en Dabeiba, a 174 kilómetros, no hubiera quien los reclamara. En la capital antioqueña se habría instalado un grupo de soldados de la unidad de Buitrago con la única misión de reclutar a personas en la periferia de la ciudad y llevarlas a la zona montañosa de Dabeiba donde operaba el batallón y, luego de simular un combate, los mataban y los hacían pasar por falsos positivos.
Los asesinaban con disparos de fusil, casi siempre en la cabeza y en el pecho, y luego los vestían con sudaderas, camisas y buzos negros y botas de caucho. Reportaban las muertes en zonas altas de difícil acceso y riesgosa seguridad, para que la Fiscalía no pudiera entrar al lugar y permitiera que el Ejército hiciera los levantamientos de los cadáveres. Un soldado verificaba que no se les pasaran irregularidades muy visibles: que los orificios de entrada de las balas coincidieran con los huecos en la ropa, que el calzado estuviera en el pie que correspondía. El fin, de blindar la macabra farsa.
Luego los llevaban al laboratorio de las necropsias, ubicado a un costado del cementerio. Un cuarto blanco de 5 por 5 metros que huele a mortecino. Adentro hay tres mesones para poner los cuerpos y una plancha en concreto para practicar las necropsias. Allí, en ese lugar, los mismos soldados interferían en las diligencias y manipulaban sus resultados, según Buitrago.
Mientras en el laboratorio convertian a los inocentes en guerrilleros, afuera, a pocos metros, el sepulturero iba cavando la fosa. A veces, el municipio donaba ataúdes sencillos, unas cuantas tablas juntas para meter al muerto. Pero en ocasiones no había caja, entonces los tiraban en la tierra apenas cubiertos por una bolsa plástica, o, en su defecto, sin bolsa. Luego de reportar los resultados venían las recompensas, los permisos. Según Buitrago, dos mayores que comandaron la unidad mientras él estuvo allí daban las órdenes de este aparato de muerte.
Revista Semana se abstiene de revelar los verdaderos nombres de estos oficiales y de los batallones a los que pertenecían para no entorpecer las investigaciones. El sargento Pedraza, comandante inmediato de Buitrago, se sometió a la JEP y allí puso en conocimiento varios casos de falsos positivos que cursan en su contra, en distintos lugares del país. Tiene una condena de la justicia ordinaria por el asesinato de dos campesinos en Nariño, lo que demuestra que los soldados especializados en estos crímenes iban regando estas prácticas criminales por todo el país. Además tiene 11 procesos en la justicia penal militar que están apenas en etapa de instrucción, pese a que los hechos investigados ocurrieron entre 13 y 16 años atrás.
Al comandante de la brigada a la que pertenecía Buitrago lo detuvieron en 2009, pero por otros hechos. La Fiscalía ha investigado presuntos vínculos suyos con el Bloque Calima de las autodefensas, y también lo acusó por la masacre de 24 personas en Buga, perpetrada por paramilitares en 2001.
El mayor que comandaba el batallón de Buitrago llegó hasta coronel y hoy en día es consultor privado.
Los restos que encontraron
Buitrago narraba los crímenes con tanta velocidad y desparpajo que los magistrados tenían que frenarlo para que precisara su relato. Hacia el final de la diligencia, el soldado dio alrededor de 50 pasos largos para delimitar un área rectangular en donde dice que su unidad enterró a todos los inocentes. Los forenses de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas acordonaron el área señalada con una cinta amarilla, amarrada entre cruces y tumbas.
Al terminar su versión, Buitrago fue a guardarse del sol en el atrio del cementerio. Se puso a revisar su celular mientras los forenses comenzaban las excavaciones. Primero abrieron el punto donde el soldado dijo que habían enterrado a seis. Con ayuda de cuatro viejos campesinos del pueblo, los funcionarios arremetieron con picas y palas bajo un calor apabullante. Durante dos horas, solo extrajeron piedras, raíces y gusanos.
Las exhumaciones del cementerio habían llamado la atención en Dabeiba, donde no es común la presencia de funcionarios judiciales. En esas, algunos voluntarios empezaron a llegar al cementerio a entregar información. Uno de ellos señaló un área donde hace décadas habrían enterrado desaparecidos. Otro dijo que a su hermano lo sacaron a la fuerza de una fiesta, lo montaron en una camioneta y que luego terminó sepultado ahí como un NN.
Al cementerio también llegó una persona que puede ser clave en esta investigación, porque trabajó allí durante 20 años, incluido el periodo en que ocurrieron los hechos que denuncia Buitrago. Entró caminando muy despacio y se encontró con él. Se reconocieron y se saludaron con calidez. Luego, esta persona indicó una zona en la que recuerda que enterraron cuerpos sin identificar. Es la misma área que según el soldado usaron para sepultar los falsos positivos.
A esta persona le hicieron un atentado hace un mes, cuando estas investigaciones de la JEP estaban empezando. Un hombre con la cara cubierta con un casco entró a su casa y le dio cinco tiros en un brazo, sin decir nada, sin razón aparente.
Los forenses excavaron durante dos horas hasta que llegó el primer hallazgo. Justo donde el soldado dijo que estaban enterradas seis personas, apareció un cráneo a medio metro de profundidad. A pocos centímetros encontraron restos de huesos largos. Por un análisis preliminar entendieron que el cuerpo no estaba completo ni articulado. Daba la impresión de que ya habían removido una parte de los restos.
Y las señales de alteración del cementerio abren espacio a una teoría que ampliaría el esfuerzo de los investigadores.
Algunos testimonios, recogidos por los magistrados auxiliares Hugo Escobar y Juan Carlos Losada, indican que puede haber un entramado complejo de ocultamiento, aunque es apenas materia de investigación. Es probable que hace un par de años miembros del Ejército hayan estado en Las Mercedes, para desenterrar y mover cuerpos de un lado a otro del cementerio. Esto representa un enorme desafío para la JEP en su labor de sacar a flote la verdad, no solo de Dabeiba, sino de todo el conflicto, y de señalar a los perpetradores.
Las estrategias de silenciamiento han quedado patentes en otros casos. Revista Semana reveló a mediados de este año un andamiaje ilegal para callar a los militares que están confesando en la JEP su participación, y la de otros, en falsos positivos. Este año, a un coronel le apuntaron con un arma justo después de rendir versión libre. Esta revista ha documentado casos de 11 amenazados que están compareciendo ante la justicia especial. El propio Buitrago y su familia han sido hostigados.
Para la noche del jueves, los forenses habían desenterrado ocho cuerpos en Dabeiba. Algunos presentaban muestras de muerte violenta; otros, por su edad, quedaron descartados preliminarmente de los falsos positivos relatados por Buitrago.
Los jueces ya habían vuelto a Bogotá para continuar las investigaciones. La diligencia, sin embargo, continuaba en Dabeiba. Hacia las seis de la tarde, el magistrado Gustavo Salazar recibió una llamada en su despacho, desde cuya ventana se veía la carrera Séptima de Bogotá atestada de carros al atardecer. Desde el cementerio le confirmaron un último hallazgo: se trataba de los restos de una persona enterrada con un uniforme del Ejército. Respondió: “Muy bien, hay que seguir”.
*Todos los nombres de los soldados y las unidades militares han sido cambiados por razones de seguridad y para no afectar las investigaciones en curso.
Tomado de Revista Semana
