«De buena fe». Así ha descrito la cementera Argos su compra de tierras en el norte de Colombia, al pie del mar, en los Montes de María. Pero estas tierras –lugar recurrente de violencia y grupos armados- más bien fueron despojadas de víctimas del conflicto, según magistrados de restitución de tierras.

12 sentencias de distintos tribunales colombianos obligan a Argos S. A. a devolver tierras de Montes de María a sus anteriores dueños. En las sentencias los jueces son claros al decir que Argos ignoró que estas fueran propiedades de víctimas del conflicto, y que sacó provecho de la situación de violencia para adquirirlas por poco precio.

Y es que la situación de violencia en Montes de María fue devastadora. Esta se cuenta, por ejemplo, con las 40 masacres que sus poblaciones tuvieron que soportar entre 1991 y 2003. Una de estas masacres fue la de El Salado, recordada como uno de los episodios más negros de nuestra historia reciente: 66 personas asesinadas por las AUC, un Ejército que no intervino y un pueblo que lloraba entre su propia sangre.

Escenarios como este han hecho que no menos de 473.107 personas –sobrevivientes- hayan tenido que desplazarse de sus hogares en Montes de María. Algunos pudieron vender sus tierras, otros las tuvieron que regalar y otros solo las abandonaron.

Hoy, un puñado de estas personas tiene la posibilidad de recuperar sus predios. Hay orden de la justicia colombiana para que Argos devuelva 1023 hectáreas de 26 fincas a víctimas del conflicto. Las restituciones deberán suceder en los municipios del Carmen de Bolívar (en el departamento de Bolívar) y San Onofre (en el de Sucre).

 A sabiendas del conflicto

Argos omitió el conflicto y lo aprovechó para compra.

Las montañas de los Montes de María y sus 15 municipios han sido un punto rojo del conflicto durante años. Esto por una razón: los lugares recónditos que sortean sus riscos son escondites adecuados para que las autoridades no puedan ubicar a miembros de grupos armados ni siquiera por medio de operaciones en helicóptero. La geografía escarpada, salida al mar y rutas de narcotráfico también hacen que esta zona sea una muy valiosa para grupos armados.

Ni la gran ofensiva contra las Farc de Álvaro Uribe logró que existiera paz en los Montes de María. A pesar de que en 2005 ocurrió la desmovilización del Bloque Héroes de Los Montes de María de las AUC, la Defensoría del pueblo advirtió que desde 2008 esta zona había sido copada por otros grupos ilegales.  Incluso, la gobernación de Bolívar en ese entonces reconoció en un documento público que había «nuevas dinámicas de desplazamiento» en la zona.

Los grupos armados, según se registró, comenzaron a intimidar a la población de corregimientos y veredas, a cobrar extorsiones y a amenazar a quienes no trabajaran con ellos. Una de las formas de intimidación más recurrente, por supuesto, era decirle a la persona que tenía que abandonar sus tierras. Abandonarlas o sufrir alguna consecuencia.

Por esta época, en 2005, fue que Argos adquirió sus predios en Montes de María, que luego comenzarían a utilizar para la siembra y posterior comercialización de madera de árbol Teca. Esto hacía parte de un proyecto ambiental de Argos, pero para los magistrados de tierras aquí se «omitió la situación de conocimiento público y notorio de conflicto armado que se vivió (…), que afecto a la población víctima de violaciones de derechos humanos».

De acuerdo con los magistrados, Argos tuvo que saber que en Montes de María existía el conflicto porque en este lugar desarrollaba actividades relacionadas con su objeto social. También advierten en una de las sentencias que «no hay excusa» para que Argos, una empresa con sus recursos y con un equipo de abogados, no hubiera detectado las irregularidades en la compra de los predios.

Otro magistrado reconoce que Argos hizo todo esto en «claro desconocimiento del principio de solidaridad con la población desplazada». Este aparte es de una sentencia que refiere a la restitución de un predio en las inmediaciones de El Carmen de Bolívar, municipio del que hace parte el corregimiento El Salado.

Varias de las restituciones que Argos tiene que hacer corresponden a tierras de familias que huyeron de la masacre.

Existen registros de otros predios que Argos adquirió en circunstancias también extrañas: las tierras tenían medidas de protección colectivas en el marco de la Ley 387 de 1997. Esta Ley busca prevenir el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia, no que las víctimas de desplazamiento vendan sus tierras.

En una de las sentencias se advierte que Argos «demuestra actividades o comportamientos repetidos a pesar del contexto, con lo cual puede sospecharse el aprovechamiento masivo de la situación de violencia».

 A través de terceros

Aunque Argos no adquirió las tierras a su nombre, sí las acaparó luego.

En su página gestionforestalargos.com.co (que ya no se puede encontrar en la web), Argos dice que «cumplieron un estricto protocolo legal que incluyó diferentes aspectos» para las compras de tierras en Montes de María. Este protocolo legal, al parecer, ignoró que las tierras habían sido de víctimas y se aprovechó de ellas para obtener más.

Con la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que existe desde 2011, hay normas en Colombia que prohíben que una persona o una empresa acumule tierras. No obstante, y también de acuerdo a la Ley, es posible -y fácil- crear figuras de terceros para que estos las adquieran en nombre propio, así en la práctica pertenezcan a otro dueño. Estas argucias jurídicas son difíciles de rastrear, y permiten que la acumulación de tierras continúe.

De acuerdo a datos del DANE, de hecho, el 1% de la población de Colombia es dueña del 81% de las tierras del país.

Así es que esto es lo que sucedió en Montes de María: Argos acumuló tierras de víctimas del conflicto que adquirió a través de fiduciarias, o «terceros». En las negociaciones oficiales intervenían personas naturales o jurídicas distintas a Argos, que traspasaban las tierras a su nombre y las ponían al servicio de la cementera aunque el nombre de la compañía no figurara en ningún lado.

Los magistrados de tierras lo explicaron en sus sentencias así: «con el fin de apropiarse de los bienes de las víctimas de desplazamiento forzado y abandono, se crearon diferentes figuras jurídicas (…), dando apariencia de legalidad a las negociaciones».

Los mismos magistrados califican todos estos procedimientos como un atentado hacia la misma Constitución colombiana. Esto lo explican de acuerdo al «modo inequitativo de acumular tierras y concentrar la propiedad».

De acuerdo con otra sentencia, hubo un «aprovechamiento de la zozobra originada por el conflicto armado, aniquilando los intereses y derechos de los campesinos víctimas, causando desarraigo, alterando el uso de la tierra para imponer proyectos productivos (…)».

Otro actor que pudo haber intervenido de forma negativa en todo este escenario fue el gobierno colombiano. La Fiscalía en este momento tiene pendiente una investigación hacia funcionarios que pueden haber sido partícipes y cómplices en estos procedimientos irregulares.

También hay que reportar que los magistrados de tierras le ordenaron a la Fiscalía otra investigación: una por la presunta conformación y financiamiento a grupos paramilitares por parte de quienes intervinieron en los negocios de los predios.

Despojo: a los dueños de las tierras les tocaba vender

Argos ofrecía por los predios mucho menos de lo que en realidad valían.

Los dueños de fincas en Montes de María se encontraban en una situación difícil: o irse y dejar las tierras que siempre trabajaron o quedarse y enfrentar la guerra. En una lugar donde campos minados, enfrentamiento entre grupos armados y Fuerza Pública, extorsiones y amenazas eran recurrentes, muchos optaron por lo primero.

Por culpa del conflicto, entonces, la gente comenzó a vender sus predios y ocurrió una desestabilización en los precios. Cuando algunos bajaron de precio de forma radical, de acuerdo a los magistrados de tierras, las fiducias y terceros asociados a Argos aprovecharon para comprarlas. Esto comenzó a desencadenar, poco a poco, una compra masiva de tierras en la zona.

De acuerdo con un campesino que aún vive en Montes de María, los precios cayeron al punto de que las hectáreas, cuyo precio original circulaba los tres millones de pesos, estaban siendo negociadas por hasta menos de medio millón. Los magistrados describen esto como un aprovechamiento de la situación de violencia para que «se privara arbitrariamente y por ínfimos valores a campesinos que allí eran propietarios (…)».

Hay sentencias que describen esta situación como un «despojo”. Para los magistrados se «privó injustamente a una persona de un bien en el que ha permanecido gran parte de su vida mediante un negocio jurídico”. Y esto se le hizo a personas víctimas de desplazamiento forzado y quienes «resultaron afectados en su libertad de consentimiento puesto que consideraron que la venta es la única salida que tienen».

En Montes de María se han presentado 7795 solicitudes de restitución de tierras, de las que se han resuelto 883 en juzgados: apenas un 11 por ciento.