La Subdirección Jurídica de Centros Penales en El Salvador rindió cuentas este miércoles a un tribunal de Vigilancia Penitenciaria por las supuestas órdenes de lideres de pandillas de las prisiones para elevar la cifra de homicidios en los últimos días.
La diligencia, que se dio bajo secreto de sumario, fue realizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y Cumplimiento de la Pena del departamento de San Vicente, que tiene a su cargo el penal de máxima seguridad de la localidad de Zacatecoluca.
El órgano judicial indicó que la audiencia tenía el objetivo de que la Subdirección Jurídica de Centros Penales «entregue diversas evidencias de inteligencia penitenciaria relacionada a la fuga de ordenes de líderes de pandillas».
Estas directrices «presuntamente han incrementado los homicidios», por lo que la corte «busca que se garantice la vida de las personas».
Datos de la Fiscalía proporcionados a Efe dan cuenta de que entre el viernes y lunes fueron asesinadas 76 personas, un promedio diario de 19 y por arriba la cifra computada por el Gobierno de Nayib Bukele en los últimos meses.
Un portavoz del órgano Judicial dijo a Efe la noche del martes que a la diligencia estaban convocados el director general de Centros Penales, Osiris Luna, y otros altos funcionarios relacionados con la seguridad y salud. No obstante, únicamente acudieron sus representantes.
Otros delegados gubernamentales rindieron informes mediante conferencias virtuales.
Un representante de la Fiscalía dijo a la prensa local que esperarían la información de los funcionarios convocados para dar una postura sobre el alza de los asesinatos, atribuida a las pandillas.
El funcionario no quiso revelar los indicios que el Ministerio Público maneja sobre la crisis de asesinatos experimentada en medio de la cuarentena con la que se busca contener el avance del COVID-19.
Wilfredo Alfaro, quien representó al Ministerio de Salud, llegó para explicar las distintas cuarentenas que se han implementado y las detenciones de personas que supuestamente se saltan la medida.
El presidente Bukele ordenó la noche del viernes endurecer el régimen de seguridad en las cárceles, por lo que fueron selladas las celdas de 16.000 presidiarios pandilleros, y habilitó a los miembros de los cuerpos de seguridad para utilizar la «fuerza letal».
Estas acciones han puesto en alerta a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, quienes han llamado a la mesura.
Expertos en derechos humanos consultados por Efe temen que el llamado al uso de la «fuerza letal» contra las pandillas provoque una respuesta violenta de estas bandas y ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad.
El Salvador es considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de entre 103 y 36 homicidios por cada 100.000 habitantes computadas entre 2015 y 2019.
La mayoría de los crímenes se atribuya a la pandillas, que poseen unos 60.000 miembros y controlan diversos territorios en los que recogen dinero bajo amenazas de muerte, venden drogas al menudeo o son propietarios de pequeños negocios que operan con testaferros.
EFE
