Bangkok, 6 de junio de 2022.- Un total de 199 ONG birmanas y extranjeras pidieron este lunes a la junta militar birmana que frene las próximas ejecuciones de cuatro disidentes, en lo que sería la primera aplicación de la pena de muerte en las últimas tres décadas.
En un comunicado, las oenegés criticaron la decisión de las autoridades de aprobar recientemente las ejecuciones, cuya fecha final será decidida por el Departamento de Prisiones del país, donde los militares tomaron el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021.
Los condenados a muerte incluyen al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados el pasado enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la junta.
Otros dos reos que se enfrentan a la pena capital son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuesta confidente de los militares.
«Primero, no fue un juicio justo porque perdieron sus derechos de defensa ante un tribunal militar. También perdieron sus derechos a un abogado durante el proceso de apelación», indicó Min Lwin Oo, jurista birmano residente en Noruega.
Entre las ONG que han firmado el comunicado contra las ejecuciones se encuentran ALTSEAN-Burma, Australia Karen Organization WA, Burmese Women´s Union, European Karen Network, Justice for Myanmar, Mon National Council, Progressive Voice, Union for Civil Liberty and Yadanar Foundation.
Desde que la prensa oficialista birmana informó el viernes pasado de que las ejecuciones han sido aprobadas, la ONU y numerosas ONG, incluida Human Rights Watch, han criticado a la junta por esta decisión.
El portavoz de la secretaría general de la ONU, Stephane Dujarric, expresó el viernes su «honda preocupación» por las ejecuciones anunciadas y afirmó que se trata de una «violación flagrante del derecho a la vida, la libertad y la seguridad según el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».
El presidente de Parlamentarios de ASEAN para los Derechos Humanos (APHR), Charles Santiago, indicó hoy en un comunicado que el anuncio de las ejecuciones debe interpretarse en el «contexto de las atrocidades cada vez más audaces de los militares birmanos para consolidar su poder frente a una amplia resistencia popular»
Según Amnistía Internacional, la última ejecución de un reo en Birmania (Myanmar) tuvo lugar en 1988.
Desde el golpe militar de 2021, 113 personas han recibido sentencias de muerte en Birmania, un país que no ha revocado la pena de muerte, pero donde los condenados veían sus condenas cambiadas por penas de prisión tras los tradicionales indultos que las autoridades otorgan en fechas señaladas.
El golpe de Estado ha sumido a Birmania en una profunda crisis política, social y económica, y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
Al menos 1.900 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según los datos recabados por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.
EFE
