Cerca de 22 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en este 2018. Entre enero de 2016 y abril de 2018, según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y de la Fiscalía General, se cometieron 164 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en el país.
Mientras que la Defensoría de Colombia registró entre enero de 2016 y febrero de este año 282 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.
En el pasado Examen Periódico Universal que le fue realizado a Colombia en la ONU, el país se rajó en la protección que (es su obligación constitucional y además se ha comprometido a ello) debe a los defensores y líderes sociales.
Esas víctimas mortales no tenían protección o la que tenían era mínima. A algunos les fue retirada la protección porque el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, encargado de la valoración integral del riesgo, la recomendación de medidas de protección y complementarias, consideró, después de “sesudos” análisis, que para estas personas no eran necesarios esquemas de protección. Los líderes están muertos.
El Cerrem es el encargado de estudiar los casos que la Unidad Nacional de Protección, UNP le presenta. Es la que recomienda a quién sí y a quién no brindarle protección. Una analogía que consideramos válida es que el Cerrem es el “ingeniero calculista” que dice al constructor que suprima dos o tres varillas de las columnas y mezcle menos cemento y más arena, que el resultado será igual y se ahorrarán costos. ¡Falso! Ya hemos visto cómo los edificios se caen y arrebatan la vida de personas inocentes, condenadas desde los escritorios mediante proyecciones desacertadas. Así sucede cuando se proyecta con tanto facilismo la seguridad de un defensor de derechos humanos, de un líder, de una persona que es valiosa para la comunidad, pero que estorba a la institucionalidad, a los ilegales, que incomoda al status quo.
Es una forma de eliminarlo, de hacer que calle, que se autoexilie, que desaparezca. El líder o defensor que persiste en su lucha sin la debida protección se arriesga a que una bala se incruste en sus ideas, en su opinión y acabe abruptamente su lucha por denunciar lo que otros no se atreven por temor.
Corpades y Análisis Urbano conocieron que le fue retirado el esquema de seguridad al defensor de derechos humanos Julio César Rengifo. Lamentamos profundamente esa absurda decisión que está muy alejada de la realidad de peligro constante que rodea a Julio.
Instamos al Estado a reconsiderar con prontitud su decisión de retirar la debida protección a Rengifo. Exigimos que se le devuelva su esquema y lo hacemos responsable de lo que pueda sucederle a este defensor de derechos humanos, que fue desplazado en 2016 de su barrio, Belén Buenavista, suroccidente de Medellín, por denunciar las acciones criminales de las bandas Los Chivos, Los Pájaros, Zafra, El Tanque y otros grupos armados ilegales que actúan en la comuna 16 y el corregimiento Altavista.
Si esos grupos no han desaparecido y las amenazas persisten, ¿por qué se le retiró el esquema de seguridad?
El contexto de inseguridad es conocido y denunciado constantemente por la Personería de Medellín, por el Defensor del Pueblo Carlos Negrete y por los medios de comunicación.
También conocimos que al subsecretario de la Alcaldía de Medellín, Carlos Arcila, defensor de derechos humanos en las comunas 5, 6 y 7, le fue retirado el esquema de seguridad. Arcila presentó una acción de tutela para exigir que se le reintegre su esquema. No proteger a quienes están amenazados, es entregarlos a sus verdugos. Nuestro análisis nos permite inferir que el Estado prefiere que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo sancione o que lo condene la Corte Penal Internacional que invertir en la protección de los defensores y líderes, así se comprometa a cuidarlos, como sucede cada que se presenta a un Examen Periódico y acepta las recomendaciones que allí le hacen. Es la doble moral estatal.