Santiago de Chile, 14 julio.- Los gobernadores de las 16 regiones de Chile tomaron este miércoles posesión de sus nuevos puestos en lo que supone un histórico avance hacia la descentralización, pues hasta ahora la autoridad regional era designada por el Ejecutivo.
Chile era hasta las pasadas elecciones de junio (la primera vuelta se celebró en mayo) uno de los dos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con Turquía, que no elegía a sus cargos intermedios, como sí hacen vecinos como Argentina y Perú.
Los nuevos gobernadores, cuyos periodos serán de cuatro años, se convertirán en autoridades con alta visibilidad y, en muchos casos, en contrapoderes territoriales al centralizado Santiago, donde se concentra el poder público, pero también el empresarial.
La centroizquierda, que llevaba años perdiendo adhesión, especialmente tras su derrota en las presidenciales de 2017, se hizo con 10 regiones, entre ellas la Metropolitana, donde se ubica la capital y viven 8 de los 19 millones de habitantes del país.
«Podemos tener distintas visiones, podemos tener distintas ideas, pero yo espero y les pido ayuda, que nunca en el fragor de los debates, perdamos el norte, que son los más humildes, que son los más pobres y las personas discriminadas en esta región», dijo durante su investidura el flamante gobernador metropolitano, Claudio Orrego, de la Democracia Cristiana (DC).
LA DERECHA, CASI SIN REPRESENTACIÓN
La coalición oficialista Chile Vamos, integrada por cuatro partidos de derecha, solo logró imponerse en la conflictiva región de La Aracuanía (sur), lo que supuso un gran varapalo para el presidente chileno, Sebastián Piñera, quien tendrá que lidiar los últimos meses de su mandato con una oposición fortalecida.
«Este Gobierno y los anteriores no han tenido la capacidad de enfrentar la problemática en la región. El Estado no estuvo a la altura», indicó en una radio local el nuevo gobernador de La Araucanía y miembro del liberal Evópoli, Luciano Rivas, en referencia al enconado conflicto que desde hace décadas enfrenta en esa zona a indígenas con grandes empresas forestales y ganaderos.
Por su parte, los independientes sin afiliación a partidos se hicieron con tres Gobiernos regionales y los izquierdistas del Frente Amplio (FA), con dos.
«Nuestro propósito es batallar intensamente en combatir el desempleo, poner en marcha la región, poner la equidad en nuestra centralidad y hacer de Valparaíso una región de derechos», aseguró en su toma de posesión el nuevo gobernador de esa zona, Rodrigo Mundaca, activista a favor del derecho al agua en el epicentro de la sequía en Chile.
«DIENTES DE LECHE»
Fue durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) cuando el Parlamento aprobó una reforma que divide en dos a la figura del intendente y crea dos nuevas: gobernador regional electo y delegado presidencial, que seguirá siendo el representante del mandatario en cada territorio.
Piñera mantuvo como delegados a prácticamente todos los intendentes que se desempeñaban hasta la fecha, como es el caso de Felipe Guevara (Región Metropolitana) y Jorge Martínez (Región de Valparaíso).
La crítica extendida es que los gobernadores regionales serán «niños con dientes de leche», con pocas atribuciones y muy poco presupuesto.
Representar judicial y extrajudicialmente al territorio, fiscalizar al sector público o promulgar el plan regional de ordenamiento territorial serán algunas de sus funciones, aunque el Congreso sigue tramitando proyectos de ley que deberían dilucidar varios puntos. El orden, la seguridad y la gestión de emergencias dependerán de los delegados presidenciales.
«Sabemos que partimos con pocas atribuciones y recursos pero lo importante es cómo vamos a terminar y la (nueva) Constitución (que se está redactando) es una etapa intermedia muy importante y vamos a influir en ella», sentenció Orrego.
La entrada en funcionamiento de los nuevos Gobiernos regionales no ha estado exenta de polémicas y, tras una oleada de críticas, el Ejecutivo central dio marcha atrás este lunes y revirtió un decreto que les recortaba casi 1.500 millones de dólares de presupuesto para transferirlo a los delegados.
