Chile se prepara para el 8M con el aborto libre más cerca que nunca

Santiago de Chile, 5 mar – Mientras que en 2020, gracias a la canción «Un violador en tu camino» de LasTesis, la violencia machista se convirtió en Chile en el gran tema del Día Internacional de la Mujer, este 2021 lo será el aborto libre, un anhelo feminista de toda la región que las chilenas tienen más cerca que nunca.

En los últimos cuatro años, el país ha pasado de considerar la interrupción voluntaria del embarazo como algo ilegal en cualquier circunstancia, a discutir desde el pasado diciembre la posibilidad de despenalizarlo totalmente, una idea que podría llenar las calles de pañuelos verdes el próximo 8 de marzo.

«Estamos enfrentando este nuevo 8 de marzo con la experiencia de nuestras vecinas argentinas. De ellas hemos recibido el impacto de la posibilidad de que si uno lucha puede lograrlo», afirmó Nuriluz Hermosillo, portavoz de la Coordinadora Feminista 8M, la plataforma que se encarga del programa del Día Internacional de la Mujer.

Con la despenalización del aborto cerca, este 8 de marzo supone una instancia clave para el feminismo chileno, uno de los movimientos más potentes de la región que en 2020 logró congregar a cientos de miles de mujeres y que este año, pese a las restricciones impuestas por la pandemia de la covid-19, se adaptará «de forma creativa» en todas las ciudades del país.

EL CAMINO HACIA LA DESPENALIZACIÓN

En Chile, abortar es legal desde 2017 solo bajo tres causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal o violación; una propuesta estrella del segundo mandato de la progresista Michelle Bachelet (2014-2018).

Antes de que entrara en vigencia la ley actual, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas en todos sus supuestos, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de que el general dejara el poder, en 1990.

Como hasta 2017 se trataba de un delito, no existían cifras sobre la cantidad de abortos que se llevaban a cabo, pero el estudio más reciente, de la Universidad Diego Portales, estima que se realizaban unos 70.000 anuales, todos ellos en la clandestinidad.

Según datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se registraron 1.827 abortos legales, una cifra que deja entrever que todavía decenas de miles de mujeres siguen abortando de forma ilegal.

El pasado enero, el reciente ejemplo de Argentina, donde el Senado legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación, impulsó en Chile la discusión parlamentaria de un proyecto, presentado hace dos años por un grupo de diputadas de oposición, que busca despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.

Esta iniciativa, explicó a Efe Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, no es como el proyecto argentino que garantiza el aborto libre como un derecho, legal, seguro y gratuito, pero sí sería «un gran avance» puesto que dejaría a elección de cada mujer la obligación de maternar.

En Chile, para que un proyecto de ley pueda incurrir en gastos, lo que sería necesario para que el aborto fuera gratuito, tiene que estar respaldado por el Ejecutivo, algo que no contempla el Gobierno actual.

LA REALIDAD ACTUAL

Para Gloria Maira, portavoz de la Mesa de Acción por el Aborto, que agrupa a más de una decena de colectivos y organizaciones de derechos humanos, la aprobación en 2017 del aborto en tres causales permitió «abrir el debate» y «avanzar hacia la despenalización social».

«Antes, toda la información salía de los púlpitos de las iglesias pero ahora el aborto se introdujo en las conversaciones del almuerzo familiar del domingo», explicó a Efe.

Sin embargo, muchas organizaciones denuncian que todavía existen «obstáculos y dificultades» motivados por los conflictos que implicó la implementación de la ley, que coincidió con el cambio de un mandato progresista al Gobierno actual, de corte conservador.

«Todo se ha demorado mucho, hubo muchos cuellos de botella y falta de transparencia al principio porque el Gobierno puso todas las barreras imaginables para su aplicación», agregó Valdés, que fue asesora en materia de Género del Ministerio de Salud cuando se aprobó la ley actual.

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Entre 2018 y 2020, un 19,8 % de las mujeres que cumplían alguna de las tres causales y que solicitó abortar terminó por no hacerlo después de haber iniciado el proceso.

La principal causa fue la objeción de conciencia por motivos éticos o religiosos, un principio al que todavía se acogen un 46 % de los médicos obstetras del sistema público chileno, según el Observatorio de Género y Equidad.

«A ello se suma que las mujeres tienen primero que acreditar la causal y luego ya se les permite elegir si gestar o no, lo que dificulta y retrasa la decisión de muchas mujeres, sobre todo las que han sufrido violaciones», detalló Maira.

De las menores de edad que abortaron entre 2018 y 2020, un 85 % lo hizo por la causal violación y, del total de abortos realizados, el 48,3 % fueron por inviabilidad fetal, el 31,3 % por riesgo vital de la madre y un 20,3 % por violación.

Estefanny Molina, abogada de la plataforma feminista Women’s Link Worldwide, explicó a Efe que a la objeción de conciencia generalizada se suma una «falta sistemática de información» sobre cómo acceder al aborto y la «falta de sensibilización» del personal de Salud.

«Chile -sentenció- tiene un reto por delante. No puede ser que la mitad de la población quede desprotegida porque al Estado no le importe la garantía de los derechos sexuales y reproductivos».