Bogotá, 24 marzo.- En Colombia existen cinco conflictos internos entre grupos armados y el Estado, que afectan sobre todo a siete regiones donde la violencia se recrudeció aún más en 2020 por la pandemia, según aseguró este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
«El covid-19 agravó las consecuencias de los conflictos y la violencia», aseguró en una rueda de prensa el jefe de la delegación de la CICR en Colombia, Lorenzo Caraffi.
El panorama trazado en el balance de 2020 por el CICR es incluso peor que el del año anterior, donde el organismo ya denunció casi un millar de violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), aunque la situación «evidentemente no se puede comparar con lo que existía a principios de los 2000».
El país vive una tendencia de recrudecimiento de la violencia desde hace dos o tres años, pero el «aumento progresivo de las consecuencias humanitarias fueron agudizadas por la pandemia», aseguró el italiano, que asumió a finales del año pasado el cargo de jefe de misión.
«La pandemia ha sido el medio y la oportunidad para hacerse con más territorio», señaló Caraffi, y las zonas disputadas fueron sobre todo las del Pacífico, el suroeste y la región noroccidental de Antioquia, corredores clave para la salida de mercancías ilícitas del país hacia el mar, tanto Pacífico como el Caribe.
Las fuerzas armadas estatales se enfrentan en estos territorios con cuatro grupos armados (la guerrilla del ELN, el Ejército Popular de Liberación -EPL-, el mayor grupo criminal del país -las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- y un grupo de disidencias de las FARC bajo mando centralizado), a lo que se suma también el enfrentamiento por control territorial entre el ELN y el EPL.
Este recrudecimiento se ve en algunos datos claves como el aumento de las desapariciones, el minado de zonas donde no había artefactos antes de 2016 o un mayor ataque a misiones médicas.
UN DESAPARECIDO CADA TRES DÍAS
«El fenómeno de la desaparición desafortunadamente es algo histórico de Colombia, pero de nuevo nos preocupa la tendencia», alertó el italiano.
El CICR reportó 114 casos de desaparecidos en 2020 (95 colombianos, 18 venezolanos y un suizo), y 571 desde la entrada en vigor del acuerdo de paz de 2016, lo que supone que en 2020 se produjo una desaparición cada tres días, un aumento significativo respecto al año anterior.
Sin embargo, la organización internacional alerta de que «aunque resulta preocupante, no evidencia la magnitud total del fenómeno» y «probablemente la dimensión de la tragedia es mucho mayor».
De los 114 casos reportados, que incluyen todo tipo de desapariciones como secuestros, reclutamientos forzosos o asesinatos donde no apareció el cuerpo, hubo diez menores de edad y 102 de ellos eran civiles.
«La desaparición es también un medio para atemorizar a la población civil, porque provoca un sufrimiento enorme a las personas», aseveró Caraffi, quien también lo señaló como un método de control de territorio.
Además, los grupos armados impusieron confinamientos forzosos a más de 28.000 personas, sobre todo a la región pacífica del Chocó, donde la población es esencialmente afrodescendiente, y provocaron el desplazamiento masivo de más de 21.000 personas, concentradas casi la mitad en el departamento de Nariño (punta suroeste).
Se trata de datos notablemente más elevados que los proporcionados ayer por la Jurisdicción Especial para la Paz, que reportó 3.119 desplazados en 2020 (uno cada media hora), y los que dio el defensor del Pueblo a principios de marzo donde hablaba de 11.150 personas, de las cuales el 90 % pertenecían a comunidades del Caribe.
LA CIFRA MÁS ALTA EN CUATRO AÑOS
A estos datos se suma el aumento de víctimas de artefactos explosivos, que se situó, según el CICR, en 389, la cifra más alta en cuatro años, en un fenómeno que se ha extendido hasta 41 municipios donde el año pasado no se registró ningún incidente.
«No se trata de minas que hayan sido sembradas o artefactos que existían antes de 2016, son artefactos nuevos», apuntó Caraffi.
Es decir, que tras las labores de desminado comenzadas luego del acuerdo de paz en el segundo país del mundo con más víctimas por minas antipersonas, se está volviendo a vivir un aumento en el uso de este tipo de artefactos.
Mientras que en 2017 hubo 57 víctimas de minas antipersonas o artefactos explosivos de detonación controlada o lanzados, en 2019 hubo 352 y en 2020 se llegó a los 389.
La mayoría de víctimas de estos artefactos fueron civiles «que caminaban simplemente», 36 de ellos menores, y hasta 61 del total fallecieron por culpa de la explosión.
ATAQUES A MISIONES MÉDICAS
Entre las preocupaciones del organismo humanitario internacional también está el grave aumento de los ataques a misiones médicas, que se elevó un 49 % respecto al año anterior, cuando se produjeron 218.
«El personal médico está bajo ataque como nunca desde que se tienen datos», alertó Caraffi, quien señaló que Colombia tiene un muy buen sistema de medición de este tipo de violaciones desde 1996 y nunca se había visto una situación igual.
En 2020 se produjeron 325 ataques, de los cuales la mitad fueron perpetrados por familiares, los propios pacientes o la comunidad, y el 32 % tuvieron una relación directa con la pandemia.
De esta forma, el CICR hizo un llamado a las autoridades colombianas a reforzar los mecanismos que existen para la atención de todas las víctimas de estos fenómenos y el apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, surgida del acuerdo de paz, cuya presidenta, Luz Marina Monzón, ha reportado repetidamente el entorpecimiento de sus labores por parte del Gobierno.
También pidió a los grupos armados que acaten los tratados internacionales y, sobre todo, den su mano a torcer para encontrar a las personas desaparecidas o sus cuerpos.
Irene Escudero
