Bogotá, 5 julio de 2024.- El jefe de la delegación colombiana en el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Lorenzo Caraffi, acaba este viernes su misión dejando un país donde la situación en varios territorios «ha empeorado claramente» desde que llegó hace casi cuatro años.
«Desafortunadamente Colombia no es un país en posconflicto y desafortunadamente la situación se ha deteriorado en los últimos años», alega en una entrevista con EFE.
En el país hay ocho conflictos armados -tres de grupos contra el Estado y otros cinco entre diferentes grupos- según los ha catalogado este organismo, y el italiano lanza una alerta: «Colombia todavía necesita ayuda humanitaria».
Caraffi llegó en octubre de 2020 a una Colombia donde la sensación general era que en 2016 se había salido por fin de décadas de conflicto armado con la paz con las FARC.
«Nosotros tenemos el privilegio de estar en el terreno y eso nos permitía decir que había todavía conflictos armados, había todavía consecuencias humanitarias y que a partir del 2018 las consecuencias humanitarias han comenzado a subir», desmiente el jefe humanitario.
Al firmar el acuerdo de paz, los grupos armados fueron más rápidos que el Estado en ocupar los territorios que dejó las FARC y tampoco se han reparado las raíces históricas que han propiciado el conflicto en el país: falta de infraestructura, servicios y oportunidades.
Deterioro humanitario en la ‘paz total’
Los desplazamientos, confinamientos, asesinatos de líderes sociales y homicidios selectivos y desapariciones forzosas han aumentado progresivamente y «los primeros 5 meses de 2024 no han sido una excepción».
Esta semana, el CICR publicó una actualización de su informe anual y se muestran cifras «bastante preocupantes»: «hubo un aumento del 101 % de víctimas de confinamiento de los primeros 5 meses del 2024 comparado a los primeros 5 meses de 2023; un aumento del 49 % del número de víctimas de desplazamiento masivo; un aumento de víctimas de artefactos explosivos del 35 %.»
Son cifras alarmantes en un momento en que el Gobierno de Gustavo Petro ha emprendido una campaña por la ‘paz total’ donde desarrolla tres mesas de negociación: con el ELN, y con las dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia.
«No habría necesidad de lo que el Gobierno de Colombia llama ‘paz total’ si no hubiese conflictos armados», apunta Caraffi, quien continúa: «El hecho que haya negociaciones no impide que hoy en día haya comunidades, individuos, que sufren y que este país necesite ayuda humanitaria.»
Los ceses al fuego pactados en estas mesas -uno de ellos es ya el alto al fuego más largo negociado con el ELN- tampoco parecen haber repercutido en las cifras, por lo que el jefe de la delegación del CICR cree que se debería ir a pactar medidas más concretas para aliviar la situación.
«Es evidente que si se comienza por hablar de todas las medidas necesarias que podrían ser útiles para reducir el sufrimiento, eso tendría un impacto marcado muy positivo para esas comunidades», dice.
Y hace un llamado a todas las partes: «es una responsabilidad de todos los sectores armados hacer todo lo necesario para reducir este sufrimiento».
La labor humanitaria
Caraffi ya estuvo en 2002 en Colombia en otra posición dentro del CICR, por lo que puede hacer una comparación a más largo plazo.
«Está claro que en la época casi todo el país estaba sufriendo consecuencias por los conflictos armados. Hoy en día hay una parte del país, la parte central, que no está sufriendo por las consecuencias, pero hay muchas partes del país donde la situación material, la situación sistémica, no ha cambiado y en esos años sí se han intensificado las consecuencias de los conflictos armados», explica.
Agrega: «Esas comunidades viven en una situación que sistémicamente no ha cambiado mucho comparado hace 20 años».
En este panorama, el CICR sigue llegando a territorios donde el Estado no puede acceder y dando servicios a comunidades que sino estarían totalmente ignoradas.
Caraffi asegura que la confianza de la población y las partes en el CICR es firme y se refleja en cifras como la de personas cuya liberación han contribuido: «el año pasado fueron 66 personas; habían sido 63 en 2022 y 27 en 2021. El número aumentó muchísimo y el hecho que los actores armados que tienen esas personas nos permitan llegar a esos lugares es absolutamente extraordinario».
Si el CICR no estuviera en Colombia, reflexiona Caraffi, «no habría la posibilidad de mitigar las consecuencias de los conflictos armados» como lo hace este organismo humanitario.
Irene Escudero
EFE