La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este viernes 20 de diciembre su Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Líderes Sociales en Colombia.
La elaboración de este informe se basa en la observación realizada durante una visita de trabajo que tuvo lugar del 27 al 30 de noviembre de 2018 a invitación del Estado colombiano, y en el monitoreo que la Comisión realiza en cumplimiento de su mandato y a través de la utilización de los diversos mecanismos a su alcance, tales como audiencias, procesamiento de medidas cautelares, peticiones y casos.
El informe aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en Colombia, con particular énfasis en el periodo comprendido a partir de las negociaciones y posterior firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) hasta la actualidad. Asimismo, ofrece recomendaciones al Estado colombiano con miras a fortalecer sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.
La CIDH, a través de sus diferentes mecanismos de monitoreo, ha recibido información preocupante sobre el incremento de actos de violencia en contra de quienes defienden derechos humanos en Colombia. Durante la visita de trabajo realizada a Colombia, diversos actores coincidieron en señalar la existencia de un grave problema de violencia en contra de estos colectivos, el cual, de acuerdo con los registros de sociedad civil y organismos internacionales, se ha incrementado desde la firma y la implementación del Acuerdo de Paz.
En el Informe, la Comisión identifica a lideresas y líderes sociales, indígenas y afrodescendientes que asumen roles de liderazgo en la implementación de diversos puntos del Acuerdo de Paz, como la reforma rural integral y la política de sustitución de cultivos ilícitos, como grupos de personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en una mayor situación de riesgo. Las mujeres defensoras, defensores LGBTI y líderes sindicales también enfrentan una situación de riesgo particular. Los hechos de violencia contra estos colectivos no solo afectan sus garantías como personas, sino también socavan el rol que juegan dentro de la sociedad colombiana.
A su vez, la CIDH observa que los principales tipos de violencia que enfrentan las personas defensoras y líderes sociales en Colombia, van desde hostigamientos, estigmatización, amenazas, y criminalización hasta ataques contra la vida. Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el 2018, se presentó un incremento de los asesinatos, cifra que ha disminuido durante el 2019 pero que continúa siendo alarmante. Entre el 1 de enero de 2016 hasta noviembre de 2019, la OACNUDH en Colombia registró 232 casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales.
Por otra parte, las amenazas constituyen el tipo de agresión más frecuente y tienen un alto impacto en el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. De igual forma, los altos niveles de impunidad en relación con las investigaciones por los delitos cometidos contra estos colectivos, a pesar de los esfuerzos de la Fiscalía señalados en el informe, constituyen un factor que aumenta el riesgo de las y los defensores, pues los deja en una situación de indefensión y desprotección que favorece la repetición de estos delitos.
El informe desarrolla las obligaciones del Estado y los estándares establecidos en el sistema interamericano en materia de personas defensoras de derechos humanos con un enfoque específico en la situación y problemática que enfrentan las personas defensoras y líderes sociales en Colombia. Esta sección fue elaborada sobre la base de las Directrices básicas para el fortalecimiento de las garantías a personas defensoras de derechos humanos, realizadas como parte de un apoyo técnico al Estado colombiano en el 2017.
La Comisión valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para garantizar la protección de estos colectivos y su derecho a ejercer la defensa de los derechos humanos, como por ejemplo, la existencia de la Estrategia de Investigación y Judicialización de delitos contra defensores de derechos humanos, la adopción de la Directiva No. 002 de 2017 por parte de la Fiscalía General de la Nación y el desarrollo de una metodología específica para investigar los delitos de amenazas. De acuerdo con el Estado, la implementación de estas medidas han permitido avances en las investigaciones de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, sobre los cuales se habría logrado el esclarecimiento del 55.73% de los casos y la obtención de tres sentencias condenatorias por el delito de amenazas.
Adicionalmente, la Comisión reconoce los mecanismos de diálogo existentes con organizaciones de la sociedad civil instaurados por el Estado colombiano durante el periodo temporal que comprende el Informe, dentro de los que destacan, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y la Mesa Nacional de Garantías (MNG). La Comisión también valora los importantes esfuerzos realizados por el Estado para fortalecer la labor realizada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como los recursos destinados para garantizar su efectivo funcionamiento.
La CIDH realiza una serie de recomendaciones al Estado de Colombia. En especial, la Comisión recomienda redoblar sus esfuerzos en la implementación del Acuerdo de Paz para que en todo el territorio estén dadas las condiciones para el ejercicio de la defensa de los derechos y de las comunidades; convoque a las organizaciones sociales a la construcción de una política pública integral de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales; crear un registro completo de todas las agresiones en contra de quienes defienden derechos humanos o tienen liderazgo social y/o comunal; continuar adoptando medidas para investigar con debida diligencia y hacer frente a la situación de impunidad respecto de los crímenes cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en el país, determinando autores materiales e intelectuales; profundizar el análisis de contexto para la evaluación del riesgo y para la adopción de las medidas de protección, bajo un enfoque diferenciado que tenga en cuenta las situaciones particulares de la población que requiere protección y el lugar en el que ejercen su labor; entre otras.
“Dada la grave situación de las personas defensoras y líderes sociales en Colombia, reiteramos nuestro reconocimiento a las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, quienes han desempeñado un rol fundamental en la búsqueda de la plena vigencia de los derechos humanos, la paz y el fin del conflicto armado en el país”, señaló el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator para Colombia y sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. “Resaltamos su papel fundamental para la consolidación de una sociedad democrática y del Estado de Derecho”, añadió.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
