Atenas, 19 mar – Cinco años después de la firma del acuerdo de migración entre la Unión Europea y Turquía, y a pesar del fin del ignominioso campo de Moria, arrasado en un incendio en septiembre pasado, miles de refugiados siguen estancados en las islas del Egeo, cuando no son devueltos de forma ilegal a territorio turco.
Este quinto aniversario está marcado especialmente por el aumento de denuncias contra la Guardia Costera helena e instituciones como Frontex por múltiples devoluciones en caliente de personas que intentan llegar a Europa por mar.
MENOS LLEGADAS, MAS DEVOLUCIONES
Con la pandemia de coronavirus de fondo, en los últimos meses se ha producido una bajada drástica de las llegadas de inmigrantes desde Turquía. Según el ministerio de Migración griego, en 2020 hubo un 80 % menos de entradas a las islas del Egeo.
El Gobierno griego del partido conservador Nueva Democracia presenta este descenso como un éxito de su gestión y afirma que ha retomado el control de las fronteras. Al mismo tiempo, niega de forma sistemática la veracidad de las centenares de denuncias por devoluciones ilegales de inmigrantes en la frontera con Turquía.
Según la organización Mare Liberum, alrededor de 10.000 personas fueron víctimas de devoluciones en caliente por parte de las autoridades griegas durante 2020.
Además de superar las denuncias de años anteriores, en la mayoría de testimonios se habla de violencia para obligar a los refugiados, muchas veces menores, a volver al territorio turco incluso después de haber llegado a suelo griego.
Disparos a las balsas, golpes indiscriminados, robo y quema de pertenencias o abandono de personas en medio del mar aparecen en muchos de los relatos de los inmigrantes que han sido víctimas de estas devoluciones en la frontera terrestre en Evros y en el mar Egeo.
Muchas ONG creen que no es coincidencia que esto suceda mientras el proceso de devolución oficial de migrantes a Ankara establecido en la declaración UE-Turquía está paralizado desde marzo de 2020, oficialmente debido a la pandemia de coronavirus.
Según el acuerdo firmado en 2016, todos los inmigrantes irregulares, sea cual sea su nacionalidad, que llegan a las islas griegas desde Turquía deben ser retornados a territorio turco. Al mismo tiempo, la Unión Europea se compromete a reasentar desde Turquía en sus países a un número idéntico de sirios (solo a estos ciudadanos se les reconoce automáticamente su estatus vulnerable). Ninguna de las dos partes ha cumplido este pacto.
FUEGO Y DRAMA EN LOS CAMPAMENTOS
Esta declaración conjunta, criticada internacionalmente, ha aliviado los flujos de migrantes en estos años pero no ha mejorado las condiciones de vida de los que llegan a los campos griegos ni de aquellos que piden asilo.
A finales de febrero una joven refugiada, embarazada de ocho meses y con dos hijos, intentó quitarse la vida prendiéndose fuego en el campo de Lesbos, tras enterarse de que no iba a ser traslada a Alemania.
La mujer, que pudo ser salvada por otros residentes y los bomberos, llevaba más de un año malviviendo con sus dos hijos en la isla, primero en el campo de Moria y después en el nuevo campamento de Kara Tepé. Ahora, a sus males cotidianos se suma una demanda judicial por incendio provocado, pues también incendió su carpa.
Según destacó la ONG Legal Centre Lesbos, que se hayan presentado cargos criminales contra un intento de suicidio forma parte de la estrategia del Estado griego de convertir a los migrantes en amenazas para distraer el foco del maltrato físico y mental que soportan en los campos.
Cinco años después de que estos campamentos se convirtieran en cárceles al aire libre con la firma del acuerdo, un total de 13.553 solicitantes de asilo siguen en las islas, de los cuales 7.000 están en Lesbos, según el ministerio de Migración.
Muchas de estas personas quedaron a la intemperie tras sufrir el incendio que asoló el campo de Moria en septiembre, lo que llevó a la construcción en un tiempo récord del nuevo campamento.
Desde entonces, al igual que Moria, Kara Tepe ha sido muy criticado por la falta de instalaciones y de preparación ante el frío e incluso por haber sido erigido sobre un antiguo campo de tiro donde se han encontrado trazas de plomo.
El Gobierno ha anunciado que cerrará este campo en las próximas semanas y construirá centros cerrados, más pequeños, donde los solicitantes de asilo pasen un período corto antes de ser enviados a Grecia continental, a otros países de la UE o devueltos a Turquía.
