CALI, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (7 MAY 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha judicializado a cinco miembros del Ejército Nacional acusados de involucrarse en la venta de un arma de fuego que fue entregada inicialmente por un integrante de las disidencias de las FARC en proceso de reincorporación a la vida civil.
Los implicados son el capitán Gustavo Bayter Jiménez; la subteniente María Fernanda González Gamboa; el cabo tercero Thaysir Hernando Vergara; y los sargentos segundos Yesith Bernardo Campo Maradiaga y Lorenzo Segura Arcos. Según la investigación, el incidente tuvo lugar entre marzo y abril de 2023, cuando Jaime Martínez, supuesto exmilitante de las disidencias y en proceso de sometimiento, entregó el arma y munición como parte de su reincorporación.
La investigación reveló que los militares presuntamente fallaron en sus deberes de custodia del arma, facilitando que otro exintegrante de las disidencias vendiera la pistola en un billar del barrio Meléndez en Cali, el pasado 23 de abril de 2023, por un valor de 4’500.000 pesos.
Los arrestos se llevaron a cabo el 2 de mayo por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en colaboración con el Ejército y la Policía Nacional. A los implicados se les imputaron cargos de prevaricato por omisión, tráfico de armas de fuego de uso restringido y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio.
Bayter Jiménez, González Gamboa, Hernando Vergara y Campo Maradiaga fueron enviados a prisión preventiva, mientras que Segura Arcos permanecerá en libertad durante el proceso judicial.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
