Coalición denuncia ante CIDH que el régimen cubano ejerce «terrorismo de Estado»

Miami, 18 marzo.- Una coalición de grupos defensores de los derechos humanos denunció este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las «acciones represivas sistemáticas» practicadas por el régimen cubano contra la población, unos «patrones de persecución» que calificaron de «terrorismo de Estado».

«A medida que aumentan las protestas en favor del cambio democrático en Cuba, crecen los actos de terror desde el Estado contra los ciudadanos», dijo en un comunicado Rosa María Payá, directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana (FDP).

Payá acusó al régimen comunista de «usar de manera deliberada la coerción y la violencia a diario para infundir miedo en la población», algo que, para la activista, tiene un solo nombre: «Terrorismo y dictadura».

Se trata de «patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos que tienen consecuencias aún más dramáticas» al darse en medio de la pandemia, dijo Paya, hija del opositor Oswaldo Payá, cuya muerte en un accidente de tráfico en 2012 fue «orquestada» por la inteligencia cubana, según su familia y una investigación realizada por Human Rights Foundation (HRF).

Así, en el último año estos patrones de sistemáticos de violación de los derechos humanos «han sido aplicados por el Gobierno cubano como política de Estado», destacó, por su parte, Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la FDP.

Katherine Mojena, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), identificó cuatro patrones de represión que se repiten en la documentación de los incidentes.

En primer lugar, las «detenciones por motivos políticos» empleando la «excusa de violación de medidas impuestas para prevenir la pandemia» y el uso de «centros de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento».

Otro patrón de represión es el de los «cercos policiales y actos de repudio a los hogares» de activistas independientes y opositores políticos, además de la «confiscación arbitraria» y «obstaculización» de la ayuda de la organizaciones de la sociedad civil e iglesias.

También la coalición ha detectado un «abuso de regulaciones» asociadas a la prevención de la covid-19 para «imponer multas a periodistas y ciudadanos».

La coalición, liderada por el Centro de Denuncias de la FDP, está integrada también por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventud LAC), la UNPACU, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos (CADEF) e Impulsa Latinoamérica y Civil Rights Defenders.