Guaviare, Colombia, 3 julio de 2025.- James Caicedo, reconocido líder social y presidente de una Junta de Acción Comunal, fue asesinado en el municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare. Este caso eleva a 81 el número de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2025. Según denunció Leonardo González Perafán, defensor de derechos humanos y director de Indepaz, Caicedo fue citado junto a otras ocho personas por el Frente Armando Ríos del Bloque Amazonas, en un hecho que terminó en ejecución sumaria.
Aún no han confirmado con precisión la zona en la que ejercía su liderazgo, aunque información no oficial indica que procedía de Arauca y habría llegado luego de la pandemia en busca de mejores oportunidades laborales y comunitarias en la región. El asesinato ocurrió en un contexto de alerta temprana: la Defensoría del Pueblo incluyó a Calamar en las AT 012/23 y a líderes sociales, lideresas y defensores en la AT 019/23, advertencias que puntualizan el riesgo extremo que enfrentan quienes defienden derechos humanos desde distintos ámbitos.
La imposición de normas y control social por parte del Frente Armando Ríos, el Frente Jorge Briceño (Bloque Jorge Suárez Briceño) y bandas locales agrava el escenario de violencia en la zona, señalada además bajo jurisdicción de la Cuarta División del Ejército colombiano. Con la muerte de Caicedo, entre los recientes casos también figuran:
- Nixon Peñaloza Chacón, asesinado el 2 de julio de 2025 en Calamar, Guaviare.
- Angie Leandra Henao Zambrano, asesinada el 27 de junio de 2025 en Corinto, Cauca.
- Hernando Acevedo y Eucario Callejas, asesinados el 22 de junio de 2025 en Toledo, Antioquia.
- Juan Camilo Espinoza Vanegas, asesinado el 16 de junio de 2025 en San Andrés de Cuerquia, Antioquia.
- Dayiston Correa Meneses, asesinado el 12 de junio de 2025 en Segovia, Antioquia.
La organización Corpades ha señalado que, a pesar de la creciente ola de violencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) continua desmontando esquemas de protección para líderes sociales catalogándolos falsamente sin problemas de seguridad. Esa inacción se acompaña de denuncias de corrupción, desidia e inoperancia dentro de la entidad estatal. Además, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP, por presuntas omisiones en la asignación de medidas de seguridad y posibles irregularidades en la reasignación de personal de protección.
El asesinato de James Caicedo es otra dramática muestra del deterioro en la protección a liderazgo social en Colombia, y refuerza la exigencia de responsabilidades estatales y resultados concretos ante una crisis de derechos humanos en ascenso.
A.U.