Bogotá, 7 de julio de 2022.- La Procuraduría General de Colombia aseguró este jueves que lleva a cabo 24 acciones disciplinarias por «presuntas irregularidades» en la aprobación y ejecución de unos fondos y regalías para la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por el anterior Gobierno colombiano y las FARC.
«La Procuraduría realiza la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares de funcionarios que habrían afectado el correcto uso de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) en proyectos, por cerca de 250.000 millones de pesos (unos 57,4 millones de dólares)», informó el Ministerio Público.
Esos proyectos hacían parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en municipios priorizados para el posconflicto, en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Bolívar, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
La Procuraduría va a analizar 27 proyectos de inversión aprobados por el OCAD Paz, un organismo que prioriza y designa al ejecutor de los proyectos a ser desarrollados en los PDET, por más de 437.000 millones de pesos (más de 100 millones de dólares).
Este ente informó que «observó riesgos y presuntas irregularidades en la ejecución de estas iniciativas que dieron lugar a abrir 10 indagaciones previas y dos investigaciones disciplinarias».
Y adicionalmente, por otros hallazgos remitidos a la Contraloría, avanza otras 12 actuaciones disciplinarias «por presuntas irregularidades en el manejo de estos recursos y en la ejecución de proyectos del OCAD – Paz» por parte de funcionarios de varios departamentos, incluidos de la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, el Ministerio de Educación y varias gobernaciones y administraciones municipales.
EL CASO
La semana pasada, una investigación periodística denunció que funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP), de la Contraloría y varios congresistas colombianos crearon un entramado para supuestamente quedarse con más del 10 % de los recursos de un fondo destinado a proyectos de paz.
Según la investigación, Emilio Archila, que entonces presidía el OCAD Paz en su rol de consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, había recibido correos que denunciaban dicho entramado y que los involucrados estaban «extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que (…) les den el ok».
Archila fue convocado a dar la información en su poder sobre este caso este viernes por la Fiscalía. En el centro de la supuesta trama está el OCAD Paz, que conforman los 170 municipios más pobres y más afectados por el conflicto.
Según la investigación de Blu Radio, «solo entre junio y diciembre de 2021, cuando se dio vía libre a 355 proyectos, las coimas habrían podido ascender a 500.000 millones de pesos (casi 115 millones de dólares)».
El OCAD Paz no tenía un máximo de proyectos para asignar a cada territorio, a pesar de que debía «distribuir los recursos con equidad» y los proyectos que los alcaldes les presentaban para su financiación deberían contar con la aprobación del DNP, además de otros organismos como la Contraloría y la Agencia de Renovación del Territorio.
En la investigación de la radio se señala directamente, por haber decidido sobre los proyectos que se financiaron en 2021, a Archila, a varios alcaldes, a miembros de la Contraloría y a varios congresistas del Partido Conservador, así como un exgobernador que hoy está imputado.
También se apunta al entonces director del Sistema General de Regalías, Álvaro Ávila, que «elegía los proyectos que se revisarían en las sesiones» y no lo hacía por orden de inscripción, sino que, según relatos recabados, para que priorizara un proyecto, el alcalde necesitaba «tener un padrino y, por tanto, pagar entre 6 % y 15 % de dádivas».
EFE
