Asesinatos, amenazas y control social
(Washington DC) – Numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación del Covid-19, señaló hoy Human Rights Watch.
Desde la llegada del nuevo coronavirus a Colombia, varios grupos armados en numerosas partes del país han impuesto toques de queda, cuarentenas y otras medidas para evitar que se propague el virus. Con el fin de hacer cumplir sus reglas, los grupos armados han amenazado, asesinado y atacado a quienes consideran que no están cumpliendo las normas.
“En diversas comunidades a lo largo de Colombia, grupos armados han impuesto violentamente sus propias reglas para prevenir la propagación del Covid-19”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Este brutal control social refleja las históricas falencias del estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo”.
Entre marzo y junio de 2020, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, funcionarios de organizaciones humanitarias, policías y residentes locales. Human Rights Watch examinó y verificó la autenticidad de panfletos firmados por grupos armados, así como numerosas fuentes secundarias, incluidas publicaciones de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones locales de derechos humanos, además de artículos de prensa.
Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia. Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país.
Human Rights Watch examinó 20 panfletos firmados por grupos armados que parecen ser auténticos, según entrevistas con funcionarios de organizaciones humanitarias, líderes comunitarios, policías y fiscales. Por ejemplo, miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar, en el norte de Colombia, difundieron un panfleto a principios de abril en el cual anunciaban que se sentían “forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas” debido a que la población no había “acatado las órdenes de prevención en contra del Covid-19”. En el panfleto se indica que “sólo pueden trabajar graneros, droguerías y panaderías”, y aclara que las demás personas deberán cumplir el “aislamiento” en sus casas.
Los grupos armados han impuesto brutales “castigos”, incluidos asesinatos, a quienes supuestamente incumplen sus normas. Los grupos armados implicados en estos crímenes incluyen al ELN y disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que emergieron de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década del 2000.
El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez, un grupo que surgió de la desmovilización de las FARC, mataron a tres civiles e hirieron a otros cuatro en el departamento de Cauca. Las víctimas fueron atacadas en un parque público, según indicaron a Human Rights Watch un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo que investigaron el caso. El fiscal dijo que tenían evidencia de que los civiles fueron asesinados por no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por el grupo armado. Los miembros de la disidencia habían advertido a las víctimas que serían asesinadas si no cumplían con las normas, sostuvo el fiscal.
El 8 de junio fue asesinado Edison León Pérez, un líder comunitario de Putumayo. Según un fiscal que investigó el caso, miembros del grupo armado La Mafia habrían asesinado a Pérez porque, días antes, la víctima había enviado una carta a las autoridades locales denunciando que el grupo armado estaba obligando a los residentes locales a organizar puntos de control para interrogar y examinar a las personas que ingresaban a la zona en relación con síntomas de Covid-19.
Los grupos armados han quemado motocicletas de personas que violaron sus restricciones a la movilidad. Human Rights Watch documentó tres de estos casos, dos de ellos en Cauca y el otro en Guaviare.
Al 13 de julio, Colombia había confirmado más de 150.000 casos de Covid-19 y más de 5.000 muertes vinculadas con el virus. El gobierno ha adoptado una serie de medidas para contener la propagación del Covid-19, incluyendo un aislamiento obligatorio de alcance nacional, que empezó a fines de marzo y sigue vigente.
Las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza, acceso que ya era limitado debido al aislamiento ordenado por el gobierno. Un líder comunitario de la ciudad de Tumaco dijo a Human Rights Watch que, debido a las normas establecidas por los grupos armados para limitar la pesca, los residentes ya no tenían pescado ni mariscos para vender. La imposición del toque de queda desde las 5 p.m. por parte de grupos armados también implica que ya no pueden subsistir vendiendo comida en puestos callejeros durante la noche. “Si se atreven a salir, afuera no hay nadie para comprar, entonces las familias se mueren de hambre”, señaló.
Las medidas que imponen los grupos armados suelen ser más severas que las establecidas por el gobierno, según indicaron a Human Rights Watch trabajadores humanitarios y líderes comunitarios. El gobierno permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, así como en otros casos de grave necesidad, incluso durante los horarios de toques de queda. Sin embargo, trabajadores humanitarios dijeron a Human Rights Watch que grupos armados en zonas de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que las personas, incluyendo los enfermos, salgan de sus casas durante los toques de queda establecidos por los grupos.
Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física, adoptando medidas de prevención adecuadas frente a amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados, incluyendo grupos de crimen organizado y otros grupos armados. El derecho internacional humanitario también se aplica a todas las partes de los conflictos armados que actualmente tienen lugar en Colombia. El derecho internacional humanitario prohíbe los ataques deliberados contra civiles y exige que se respeten sus derechos.
El gobierno colombiano también tiene la obligación de adoptar medidas eficaces y adecuadas orientadas a prevenir la propagación del Covid-19 para proteger el derecho a la salud, además de asegurar los derechos a la alimentación y el agua.
“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación del Covid-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas”, explicó Vivanco. “El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del Covid-19”.
Ver a continuación más información y una selección de casos documentados por Human Rights Watch.
Medidas contra Covid-19 impuestas por grupos armados
Numerosos grupos armados operan en Colombia. Algunos son parte en los conflictos armados actualmente en curso en el país. Muchos ejercen en la práctica un control sobre determinadas comunidades o barrios del país, lo cual les permite imponer sus propias medidas contra el Covid-19. En algunas otras partes del país, los grupos armados disputan el control territorial a las fuerzas gubernamentales.
Los grupos armados que imponen medidas para prevenir la propagación del Covid-19 incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Ejército Popular de Liberación (EPL); las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y varios grupos armados que surgieron de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llamados a menudo “disidencias de las FARC”. Human Rights Watch también ha documentado evidencias de que Los Contadores, en Nariño, y La Mafia, en Putumayo, han impuesto medidas relacionadas con el Covid-19.
Las disidencias de las FARC involucradas en estos abusos incluyen al Frente Oliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico, que operan en el departamento sudoccidental de Nariño; la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos, que operan en el departamento sudoccidental de Cauca; el Frente 10, en el departamento de Arauca; los Frentes 7 y 1, en el departamento de Guaviare; y el Frente Carolina Ramírez, en el departamento de Putumayo.
Los grupos armados han cometido abusos violentos vinculados con las medidas contra el Covid-19 en al menos cinco departamentos del país: Córdoba, Cauca, Guaviare, Nariño y Putumayo. En otros cuatro departamentos —Arauca, Bolívar, Chocó y Huila— los grupos armados han amenazado con recurrir a la violencia para hacer cumplir sus medidas. Sin embargo, Human Rights Watch no ha documentado casos específicos de abusos en esos departamentos. En Caquetá, el Frente Carolina Ramírez amenazó con “multar” a las personas que incumplieran las normas. En el Norte de Santander, el EPL “invitó” a las personas a cumplir las medidas y manifestó que sus miembros se encargarían de “contribuir al control de la población”.
Los grupos armados han usado panfletos y mensajes de WhatsApp para imponer toques de queda, cuarentenas, restricciones a la circulación, y días y horarios de apertura para las tiendas. Algunos grupos armados también han organizado reuniones para comunicar sus normas a la población, según funcionarios humanitarios y de derechos humanos.
A fines de marzo, la columna Jaime Martínez publicó un panfleto que decía que “[m]uchos no entendieron, no acataron las órdenes y no han cumplido con la cuarentena establecida por el gobierno nacional, por lo cual nuestra organización tomará el control con el fin de proteger a la población”. “El horario de atención de los negocios autorizados será de 8 a.m. a 2 p.m.; y en ese horario la gente deberá salir a comprar; a partir de las 2 p.m., nadie deberá estar en la calle, excepto por una emergencia médica”, agregaba el panfleto.
A principios de abril, el ELN distribuyó un panfleto en el departamento de Chocó, en el cual enumeraba ocho reglas. Estas incluyen el “cerramiento total de vías”, la prohibición de “toda clase de eventos públicos y reuniones” con más de 10 personas, la prohibición de salir entre las 8 p.m. y las 6 a.m., y la obligación de que las personas que llegaran a la zona se aislaran.
De manera similar, a fines de abril, el Frente Carolina Ramírez difundió un panfleto en Putumayo en el cual anunció que, por el Covid-19, “queda totalmente prohibido transitar después de las 7 de la noche con excepción de los enfermos”. Asimismo, el panfleto indicaba que “solamente se permite la entrada y salida de embarcaciones ya establecidas”, y aclaraba que las personas que no cumplieran con esta norma tendrían que pagar una “sanción” equivalente a COP 2.000.000 (cerca de USD 550).
Si bien el gobierno ha permitido que sigan abiertas las tiendas que venden alimentos, medicamentos y otros insumos básicos, los grupos armados de la ciudad sudoccidental de Tumaco, en el departamento de Nariño, en algunas ocasiones han advertido a los propietarios de estas tiendas que debían cerrar, afirmaron líderes comunitarios. A su vez, el gobierno permite que las personas salgan de sus casas para acceder a servicios de salud o bancos, así como en otros supuestos de necesidad grave, incluso durante los horarios de toques de queda. No obstante, varios trabajadores humanitarios dijeron a Human Rights Watch que grupos armados en partes de Nariño, Arauca, Putumayo y Guaviare no han permitido que las personas, incluso los enfermos, salgan de sus casas en absoluto durante los toques de queda que ellos imponen.
Las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado aún más el acceso a alimentos suficientes por parte de la población, según indicaron residentes, líderes comunitarios, actores humanitarios y autoridades eclesiásticas locales a Human Rights Watch. Muchas personas no han tenido alternativas para acceder a alimentos. Por ejemplo, aunque las normas del gobierno permiten la venta de comida en las calles si los comerciantes evitan que se formen aglomeraciones, una líder comunitaria indicó a Human Rights Watch que, como los grupos armados en Tumaco “no permiten las ventas en la calle o si lo permiten, solo hasta las 5 p.m., … las familias no obtienen suficientes ingresos para alimentarse”. Algunas familias empezaron a compartir sopas comunales o comparten “una sola libra de arroz” entre todos sus integrantes, afirmó.
Asesinatos y otros ataques violentos
Human Rights Watch documentó nueve asesinatos en tres departamentos de Colombia que estuvieron vinculados con medidas impuestas por los grupos armados para evitar la propagación del Covid-19. Ocho civiles habrían sido asesinados por no cumplir con las medidas. La otra víctima era un líder comunitario que, al parecer, habría sido asesinado por oponerse a las medidas impuestas por los grupos armados. Asimismo, un total de diez personas resultaron heridas en ataques cometidos por grupos armados.
Asesinatos de civiles en Cauca
Human Rights Watch documentó seis asesinatos cometidos por grupos armados en el departamento de Cauca. Según información creíble brindada por fiscales, funcionarios de derechos humanos y actores humanitarios, los grupos asesinaron a los civiles para imponer el cumplimiento de medidas contra Covid-19.
El 4 de abril, el campesino José Rubiel Muñoz Samboní fue asesinado en la comunidad La Medina luego de haber llegado desde una comunidad cercana para reunirse con amigos. Un fiscal que examinó el caso y la Defensoría del Pueblo creen que lo asesinaron miembros del ELN porque no cumplió con el confinamiento dictado por el grupo en la zona.
El 26 de abril, miembros de la columna móvil Jaime Martínez asesinaron a Armando Montaño, Weimar Arará y Humberto Solís, e hirieron a otros cuatro civiles. El grupo armado los atacó en un parque público, según un fiscal y un funcionario de la Defensoría del Pueblo que investigaron el caso. El fiscal manifestó que el grupo armado había advertido a las víctimas que serían asesinadas si no cumplían.
El 30 de mayo, miembros de la columna móvil Dagoberto Ramos atacaron a cuatro migrantes venezolanos en el municipio de Toribío: asesinaron a dos de ellos (Johan José Ibáñez Hernández y Yonier Alexis Matute Solano) e hirieron a los otros (Carmen Guerrero Loyo y Erick Alexander Torrealaba Arismendi). Según funcionarios de organizaciones humanitarias, las víctimas habían estado consumiendo bebidas alcohólicas en una tienda de reparación de celulares en el centro urbano del municipio, una actividad que los grupos armados han prohibido en la zona para prevenir la propagación del Covid-19. Funcionarios de organizaciones humanitarias y un funcionario judicial dijeron a Human Rights Watch que las víctimas habrían sido atacadas por infringir esta prohibición. El ataque infundió temor en la población venezolana del municipio, y causó el desplazamiento de al menos 15 venezolanos, según indicaron funcionarios humanitarios y de derechos humanos locales.
Asesinato de líder comunitario en Putumayo
El 8 de junio, el líder comunitario Edison León Pérez, de Putumayo, fue asesinado después de que escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección lo acompañaran hasta su vivienda. León Pérez había recibido varias amenazas en el pasado, incluso en relación con su trabajo como presidente de un Junta de Acción Vecinal de la zona, según funcionarios humanitarios y de derechos humanos. Según un fiscal que examinó el homicidio de Pérez, integrantes de La Mafia lo habrían asesinado porque, días antes, Pérez había enviado una carta a las autoridades locales denunciado el grupo estaba exponiendo a la población al Covid-19, al obligarlos a trabajar en un puesto de control sanitario. En este y otros puestos de control instalados por grupos armados en Putumayo, miembros de la comunidad hacen preguntas sobre Covid-19 a las personas que ingresan al lugar. Por ejemplo, les preguntan qué otras zonas visitaron antes, y a veces les toman la temperatura, según le dijo un trabajador humanitario local a Human Rights Watch.
La carta de León Pérez, a la cual tuvo acceso Human Rights Watch, indicaba lo siguiente:
Como es de su conocimiento, aproximadamente a unos trescientos metros del hospital … se instaló un puesto de control sanitario con las comunidades … impuesto por el grupo narcotraficante que opera en la región, donde se obliga a las comunidades … a colocar personal las 24 horas sin ninguna medida de protección …exponiéndonos a contraer el virus Covid 19. … A muchas personas estando enfermas se les niega el paso, los que no tienen problema para cruzar allí son los autorizados por el grupo de narcos…
Señor alcalde, yo en calidad de presidente de la junta de acción comunal … no estoy dispuesto a seguir mandando a mi comunidad a la muerte.
Ataques contra vehículos en Tumaco y sus alrededores
El 4 de abril, hombres armados dispararon contra un vehículo particular en la carretera que conecta a Barbacoas con Tumaco, en el departamento de Nariño. En el automóvil circulaban cuatro personas, entre ellas una pasajera enferma y un paramédico. El carro llevaba una bandera que se utiliza habitualmente en Colombia para identificar a los vehículos que están en una “misión médica”. Dos de los pasajeros murieron, y los otros dos resultaron heridos.
El ataque fue perpetrado por miembros del grupo armado Los Contadores, que participa en narcotráfico y tiene presencia en la región, según funcionarios judiciales y trabajadores humanitarios y de derechos humanos que analizaron el caso. Según afirmaron, el grupo armado llevó a cabo el ataque para hacer cumplir la orden de que nadie saliera de sus casas después de las 6 p.m.
En la noche del 30 de mayo, un vehículo particular que llevaba a dos fiscales fue atacado en una carretera cerca de Tumaco. Dos balas rozaron la cabeza de uno de ellos. La otra fiscal recibió tres disparos en las piernas.
Uno de los fiscales describió el incidente a Human Rights Watch:
Vimos a varias personas armadas vestidas de civil en la vía. Frenamos el carro del miedo y tratamos de dar reversa, cuando esas personas empezaron a dispararnos. Una de ellas nos gritó que nos bajáramos del carro. Nos identificamos como civiles y pedimos que por favor no nos mataran…. Nos dijeron que nos fuéramos…. Condujimos durante unos minutos, pero luego el auto se detuvo … pedimos ayuda a las personas que vivían al costado del camino. Varios salieron, pero cuando vieron que estábamos heridos y sangrando, nadie nos ayudó. Se encerraron de nuevo en sus hogares … una de las personas se acercó al carro y me pidió que dejara de gritar, que estaba prohibido que nos ayudaran.
Personal judicial y funcionarios humanitarios y de derechos humanos que examinaron el caso dijeron a Human Rights Watch que el ataque lo realizaron miembros del Frente Oliver Sinisterra. Los perpetradores habrían atacado el automóvil porque incumplió con el toque de queda impuesto por el grupo armado a partir de las 4 p.m. Un funcionario judicial en la zona explicó que el grupo patrulla las calles desde las 4 p.m. hasta la madrugada para controlar que se cumpla el toque de queda. “[V]ivimos en un temor constante, presionados y amenazados por los grupos”, afirmó un líder comunitario del lugar donde ocurrió el ataque contra los fiscales. “Nada ni nadie se mueve sin que ellos lo sepan, y si se mueven en contra de sus órdenes, terminan muertos o desaparecidos”.
Amenazas y otras formas de coerción
Los grupos armados también han impuesto sus normas mediante amenazas y otras formas de coerción. Muchos de los panfletos consultados por Human Rights Watch contienen lenguaje amenazante. Por ejemplo, a fines de marzo, el Frente Oliver Sinisterra distribuyó un panfleto que advertía que todo aquel que no cumpliera sus medidas se convertiría en “objetivo militar”. “[Se] suspend[e] toda actividad comercial y pública… y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar”, expresaron.
Un panfleto similar distribuido en mayo por la columna móvil Jaime Martínez afirma que “quien incumpla esta orden será sometido a nuestra ley y pagará con su vida”. “Ya saben, o cumplen o se mueren”, agrega el panfleto.
Algunas de las amenazas que contienen los panfletos están dirigidas específicamente a ciudadanos venezolanos, a quienes algunos grupos han acusado de propagar el virus. Por ejemplo, un panfleto distribuido a fines de marzo por la columna móvil Jaime Martínez indica que el grupo “no tendr[á] piedad” con los venezolanos que incumplan las medidas; “deben pagar con su muerte … [o] serán expulsados”.
Algunos miembros de grupos armados también han comunicado sus amenazas en forma verbal. El 16 de abril, miembros del Frente 10 amenazaron a miembros de la comunidad indígena hitnü en el departamento de Arauca. Los guerrilleros les indicaron que sufrirían represalias si salían de la comunidad, informó la Defensoría del Pueblo. Varios trabajadores humanitarios locales dijeron que la comunidad entera se encuentra confinada en su territorio, por temor a sufrir ataques del Frente 10.
A su vez, funcionarios de derechos humanos indicaron que, el 19 de abril, integrantes del Frente 10 amenazaron a un grupo de exiliados venezolanos en la comunidad de Puerto Jordán, en Arauca. Varios guerrilleros se acercaron a los venezolanos y amenazaron con matarlos si no volvían a sus hogares en Puerto Jordán.
El 8 de abril, en el departamento de Córdoba, miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia retuvieron por varias horas a un conductor de autobús, a quien acusaron de violar la cuarentena. Los miembros del grupo armado lo liberaron, pero lo obligaron a irse de la zona.
En Guaviare y Putumayo, disidencias de las FARC han instalado puestos de control y, a menudo, obligado a las comunidades a controlar el acceso de personas externas. Un líder comunitario de Guaviare describió a Human Rights Watch el control social que ejerce el Frente 1:
Ellos mandan aquí y tenemos que obedecerlos… Nos ordenan que tengamos que poner puntos de control en las carreteras; nos ordenan que cuando oscurece no quieren ver a nadie en las carreteras; que quien se mueve cuando está prohibido debe recibir lo que merece por desobedecer… Dicen que hacen esto para evitar que el virus nos alcance, pero siempre han impuesto sus medidas para el control social y territorial… Preferimos prestarles atención porque, de lo contrario, pueden hacernos daño por desobedecer o hacer daño a nuestras familias… Aquí, nadie nos va a proteger.
Tomado de Human Rights Watch
