Bogotá, 3 diciembre de 2024.- Las mujeres buscadoras en Colombia, donde hay más de 110.000 desaparecidos por el conflicto armado, sufren estigmatización, violencia física, amenazas e incluso se han visto obligadas a vivir en el exilio, según recoge un nuevo informe presentado este martes por Amnistía Internacional (AI).
El informe ‘Transformar los dolores en derechos’ se basa en el caso de la Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) que nació de la búsqueda de Nydia Erika Bautista, una economista y socióloga de la Universidad Nacional, militante de la guerrilla del M-19, a quien el Ejército se llevó el 30 de agosto de 1987 y desapareció forzadamente.
Su cuerpo fue encontrado 13 días después en una vía y su familia, sobre todo su hermana, desde entonces ha buscado justicia, en un tortuoso camino lleno de impunidad en el que se ven envueltas casi todas las familias de los 111.640 desaparecidos que contempla la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
«La Fundación Nydia Erika Bautista se constituyó en el exilio porque el trabajo de búsqueda que estaban haciendo las mujeres estaba siendo tan amenazado, estaban recibiendo tal nivel de amenazas, que se tuvieron que ir del país porque sintieron que Colombia no era seguro», explicó a EFE la directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Ana Piquer.
El exilio es solo uno de los riesgos a los que se enfrentan las familias de los desaparecidos, que incluyen estigmatización, ataques a sus pertenencias o robos de documentos, ataques físicos e incluso afectación a su economía, pues dedican una vida entera a buscar, una labor no reconocida.
Y estas personas son sobre todo mujeres: «El hecho de que sean mujeres causa aún mayor riesgo y aún mayor vulnerabilidad frente a los ataques, el hecho de que sean mujeres las enfrentan a violencia basadas en género, a amenazas a sus familias, a toda la discriminación asociada, de ser tratadas de exageradas, a culparlas por haber perdido a sus familiares», agregó Piquer.
La esperanza en forma de ley
Ante este panorama, la esperanza está puesta en una ley que aprobó el Congreso el pasado junio que busca reconocer y proteger la labor de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada en el país.
«Esta ley es una esperanza para que la búsqueda de víctimas de desaparición forzada se haga en condiciones seguras y dignas», consideró Amnistía, que incluye en el informe una metodología de seguimiento a la implementación de dicha ley, que hará seguimiento de los compromisos.
«Si la Ley 2364 de 2024 es implementada correctamente, tiene el potencial de contribuir a saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con las mujeres buscadoras y proteger sus derechos», consideró la organización de derechos humanos, que apunta a que incluso se puede convertir en referente para las Américas.
Por ello, Amnistía Internacional insta a que sea bien implementada, porque ya se ha «visto en Colombia en otros temas que hay un entramado normativo que en el papel se ve muy bien a favor de las personas defensoras de derechos humanos (…) pero en la implementación es donde fallan las cosas».
«Si Colombia la implementa correctamente va a ser una ley muy pionera porque creemos que esos estándares de protección para mujeres buscadores es lo que debería existir en toda América. Ojalá Colombia se convierta en ejemplo», consideró la directora para las Américas de AI.
EFE