Bogotá, 24 de noviembre de 2021.- Autoridades colombianas y la comunidad internacional defendieron este miércoles el acuerdo de paz que puso fin a uno de los conflictos más largos de América Latina, el de las FARC, aunque señalaron las imperfecciones y los retos que el país tiene por delante para poder hablar de una paz duradera.
«En un mundo marcado por conflictos, muchos de ellos sin un final a la vista, un acuerdo de paz negociado para poner fin a un conflicto que muchos creían sin solución es algo único y sumamente valioso», afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el acto conmemorativo del quinto aniversario.
El acuerdo hizo de Colombia ejemplo para un «mundo de divisiones geopolíticas, guerras interminables y multiplicación de conflictos», por eso hay «la obligación moral de garantizar que este proceso de paz tenga éxito», según Guterres, quien viajó a Colombia para mostrar el apoyo total de la ONU.
El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, ponían su firma en el Teatro Colón de Bogotá a un acuerdo que tuvo que sortear el rechazo en un referendum, tras una campaña empañada de resentimientos y desinformaciones y empujada, sobre todo, por el expresidente Álvaro Uribe.
UNA PAZ AGRIDULCE
El proceso conllevó la desmovilización de la guerrilla más grande de América Latina, con más de 13.000 miembros, y era «una hoja de ruta destinada a transformar las causas profundas del conflicto y comenzar a curar las heridas para que las atrocidades cometidas por todas las partes no vuelvan a ocurrir», como recordó Guterres.
Ese acuerdo «tuvo efectos inmediatos», como apuntó en su turno el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, quien recordó que 2017 fue el año «más pacífico que ha tenido Colombia en el siglo XXI».
Sin embargo, no se llegó a «la paz grande» que el país quería, porque no hubo «el liderazgo nacional», aseveró el jesuita, quien lamentó que «no hubo entre nosotros grandeza humana para tanto, no supimos unirnos para tanto».
«La paz no solamente es la firma del acuerdo, sino que se vea en realidades», dijo Débora Barros, una líder indígena y víctima que cree que se debería haber traducido en más carreteras, una mejora de la economía, empleo en las regiones y la reconciliación definitiva.
PAZ TERRITORIAL
Según la Secretaría Técnica del Componente Internacional de Verificación del acuerdo, uno de los problemas que enfrenta la implementación es la selectividad por parte del Gobierno sobre las políticas que apoya, que ha hecho que haya puntos del acuerdo con mayor desarrollo respecto a otros.
Así por ejemplo, en el primer punto, de reforma rural integral, se han dado al Fondo de Tierras menos de la mitad de los tres millones de hectáreas previstas para su distribución, y de esas solo se han repartido 4.521 hectáreas por mes, lo que significa que «a este ritmo, en los 12 años previstos de duración del Fondo solo se distribuirá el 21,7 % de lo pactado».
Por el lado de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el 98 % de las familias que se acogieron han cumplido, aunque los campesinos se han visto amenazados e incluso asesinados por narcotraficantes.
Otro avance es el de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal ad hoc creado para juzgar crímenes de guerra, que en 19 meses en funcionamiento ya emitió las primeras imputaciones, contra los últimos líderes de la cúpula de las FARC por secuestros, como recordó su presidente, Eduardo Cifuentes.
Sin embargo, persiste la falta de presencia estatal en muchas de las zonas más afectadas por el conflicto y donde ha habido un resurgimiento de la violencia con la aparición de nuevos grupos armados y los choques con guerrillas como el ELN o bandas narcotraficantes como el Clan del Golfo.
«La ausencia del Estado permitió que la guerra de la coca y la minería ilegal penetrara las comunidades y los territorios que dejó las FARC, que volvieran las minas antipersonas a la cuenca de los ríos, la destrucción de la naturaleza por la deforestación de la Amazonía y el terror de las comunidades», resumió De Roux.
ASESINATOS DE EXCOMBATIENTES
Otro punto subrayado por todos los participantes en el acto de conmemoración fue el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las FARC, que alcanza este último la cifra de 296.
De tal manera que «esta violencia podría significar, si no se corrige, el derrumbe del acuerdo de paz y la pérdida de credibilidad del Estado», en palabras de Cifuentes.
El presidente colombiano, Iván Duque, recordó que «tristemente este ha sido un fenómeno presente en muchos procesos de paz», ya que 25 personas de la guerrilla del M-19 fueron asesinadas, 331 del Ejército Popular de Liberación o 3.589 de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Duque destacó que el porcentaje de asesinatos de exintegrantes de las FARC es menor que cualquiera de los otros grupos armados, «pero esto no reconforta el alma ni el corazón».
«No traigo esto para hacer comparaciones, pero sí para mostrar una historia de dolor que ha estado presente en los procesos de reincorporación en Colombia», dijo Duque, quien incidió en que hay que «desmantelar las estructuras que han estado detrás de estos asesinatos, ese es un deber imperioso de la sociedad colombiana».
EFE
