Bogotá, 13 julio de 2021.- El desplazamiento masivo y forzado en Colombia se duplicó en el primer semestre de 2021, respecto al año anterior, y se produjeron 102 eventos que afectaron a 44.290 personas de 15.340 familias, según el último informe publicado este martes por la Defensoría del Pueblo.
Los datos del año anterior arrojaban que entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 hubo 41 eventos de desplazamiento que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
Contexto
El desplazamiento forzado, un crimen irreparable
«Vemos un aumento del 100 % en los eventos de desplazamiento, pero vemos un aumento del 256 % en el universo de personas afectadas», dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en una rueda de prensa, donde subrayó «el incremento significativo y la disparada» de este fenómeno.
Además del desplazamiento forzado, provocado por la empeorada situación de seguridad en algunas partes del país, en los primeros seis meses del año también se produjeron 68 eventos que afectaron a 192 comunidades con 36.101 personas.
«Hemos visto un incremento por situaciones tanto de seguridad (…) y también conforme a la dinámica que nos ha traído la pandemia, donde los actores ilegales se han valido de esta situación de confinamiento en muchas comunidades para lograr el control territorial de rutas y de la explotación irregular de minerales», explicó Camargo.
Las principales causas que provocaron el desplazamiento o el confinamiento forzado fueron las amenazas, los homicidios y el reclutamiento forzado de menores, pero también se produjeron por la presencia de artefactos explosivos o por los choques entre grupos armados entre ellos o con el Ejército.
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Se trata de casos como los 1.946 indígenas y campesinos que se vieron obligados a desplazarse desde Tierralta, en el norte del país, desde mediados de abril por los «continuos combates» entre la fuerza pública y un grupo armado, y de los cuales más de 467 familias llevan tres meses asentadas en el parque central de la ciudad de Montería.
EL PACÍFICO, EL MÁS AFECTADO
La zona más afectada por ambos fenómenos es la costa pacífica, donde los grupos armados se disputan los corredores del narcotráfico o explotaciones ilegales de minerales y extracciones ilícitas, y que suelen coincidir con los departamentos donde se producen más masacres y asesinatos selectivos de líderes sociales.
Así, en Nariño ocurrieron más de la mitad de los episodios de desplazamiento masivo de este año, con 14.708 personas afectadas; seguido por Valle del Cauca (con 25 episodios y 9.189 personas) y Cauca (14 eventos que afectaron a 4.700 personas).
«Los más afectados por el desplazamiento forzado -dijo el defensor- son las comunidades étnicas (indígenas y afrodescendientes) con un equivalente al 59 % y las comunidades no étnicas (campesinos principalmente) en un 41 %».
Y el confinamiento forzado fue impuesto sobre todo a 52 comunidades del Chocó, en el norte del Pacífico, donde fueron limitados los movimientos de 19.897 personas, seguido de Nariño (17 comunidades con 7.314 personas) y Antioquia (29 comunidades con 3.629 personas).
En este sentido, el 98,5 % de los afectados por los confinamientos fueron comunidades étnicas.
REFUERZO DE LA PREVENCIÓN
Debido a este preocupante aumento, la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades que se tomen medidas urgentes para controlar la violencia y las amenazas que provocan estos fenómenos.
Además, anunció que desde esta institución van a activar una «ruta de prevención», que refuerce el sistema de alertas tempranas que envía la Defensoría a las autoridades y fuerzas de seguridad, y que de esta manera permita hacer un mayor seguimiento a la situación alertada.
Así, se centrarán en impulsar «acciones de prevención y protección con enfoque territorial y diferenciado para proteger de los escenarios de riesgo proyectados a las comunidades amenazadas» y en gestionar «acciones interinstitucionales» para que las alertas no sean desatendidas por las instituciones.
Desde que comenzó con este sistema de prevención de situaciones de vulneraciones de derechos humanos, en 2017, se han emitido 210 alertas tempranas, que van desde el riesgo por el reclutamiento forzado de menores, por la vida de comunidades o líderes indígenas hasta por desplazamiento.
