Este jueves 28 de marzo finalizó en Lisboa, Portugal, otra sesión de la Mesa Redonda de Política Global sobre Acceso Equitativo a la Justicia, auspiciada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que la Viceministra de Promoción de la Justicia, Juanita López Patrón, expuso los esfuerzos y reformas del Ministerio de Justicia y del Derecho para responder a las necesidades de las comunidades indígenas colombianas en esta materia.
Llama la atención que mientras el Estado expone en tierras extranjeras su “decidido apoyo, esfuerzos, respeto y búsqueda” de mecanismos para favorecer a los pueblos indígenas nacionales, en el territorio la realidad sea otra y se niegue a entablar una conversación con ellos para reformar, garantizar y hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas.
El actual presidente, cuando fue candidato, visitó varios resguardos indígenas y se comprometió con hacer cumplir sus derechos económicos y sociales, ya plasmados en acuerdos, según sus culturas y procesos. “Los principales componentes del Plan Cuatrienal presentado por los pueblos indígenas del CRIC se refieren a acuerdos ya firmados por Gobiernos anteriores en tierra y territorio, educación, salud, comunicaciones y derechos humanos, por lo cual se plantea que deben ser cumplidos dentro del presente cuatrienio y no se pueden seguir incumpliendo como se viene haciendo hasta ahora”, afirma en este sentido el Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las organizadoras de la Minga por la defensa de la vida que desde el resguardo indígena Las Mercedes, sector el Pital, municipio de Caldono, departamento del Cauca, lidera las manifestaciones con las que se piden soluciones concretas para las comunidades campesinas e indígenas.
En Portugal, Juanita López “destacó los aspectos que contempla la Constitución Política para favorecer a los pueblos indígenas como el respeto por la dignidad humana, el reconocimiento y la protección del Estado, la institución de los idiomas y dialectos indígenas como idiomas oficiales en los territorios, la garantía de la igualdad formal y material, la protección jurídica de los territorios, la educación con respeto de la identidad cultural”, entre otros. En el gobierno actual es uno el discurso y otra la realidad.
Sorprendentemente, López Patrón explicó en qué consisten algunas iniciativas de la cartera de justicia “para el fortalecimiento de la justicia propia, fomentar el diálogo intercultural e interjurisdiccional y velar por la protección de los derechos de la mujer, la juventud y la niñez en el acceso a la justicia con la creación del ‘Banco de Iniciativas y Proyectos’”, según documento de prensa que se allegó a esta sala de redacción.
Es de resaltar que, según MinJusticia, en Colombia se trabaja en “aspectos relevantes” para contribuir con la “inclusión de estas comunidades”, como el fortalecimiento de los centros de armonización en el marco de la resocialización diferenciada, “la participación en espacios de coordinación nacionales y departamentales para la superación de barreras de articulación entre la justicia especial indígena y la Jurisdicción ordinaria y la creación de los Sistemas Locales de Justicia y modelos de justicia local y rural para reconocer las necesidades de justicia de cada territorio y asegurar respuestas oportunas y efectivas a la ciudadanía”.
En aquella Mesa Redonda de la OCDE, la funcionaria López aseguró que la normativa expedida “es adecuada para reglamentar la pluralidad étnica en materia de justicia, en concordancia con la jurisprudencia para el reconocimiento a nivel nacional de las 102 comunidades indígenas con las que cuenta el territorio nacional y por las cuales trabaja la actual administración”.
Mientras tanto, en Colombia
Las comunidades indígenas y campesinas representadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, Consejo Regional Indígena de Caldas CRIDEC, Consejo Regional Indígena del Huila CRIHU, Comité de Integración del Macizo colombiano CIMA y Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano PUPSOC, entre otras, rechazan que el presidente Iván Duque haya expresado que no dialogará con la Minga, pues, “ésta desarrolla acciones de hecho con la ocupación de la vía Panamericana”.
Asegura Duque que, en consecuencia, la Minga lesiona derechos fundamentales de otras personas y sectores, dentro de ellos el de movilidad. “Estos argumentos niegan nuestro derecho a la movilización social e ignoran los motivos que nos obligan a implementar estas luchas como última instancia ante la ignominia del Estado. Por su parte, sectores que son minoritarios en el marco de la sociedad pero que cuentan con gran poder económico, político y mediático llaman a que se aplique la violencia del Estado contra la Minga”, reiteran las comunidades apostadas en el Cauca.
La estrategia del actual Gobierno es consecuente con su voluntad: desacreditar la forma en que se manifiestan las comunidades para dilatar el cumplimiento de los acuerdos (tildándola de violenta y de estar infiltrada por grupos armados ilegales), y no centrarse en el fondo de la problemática: resolver la grave situación de violación de derechos humanos (asesinato de líderes comunales, sociales e indígenas) y el incumplimiento de un acumulado de acuerdos firmados. Además de “la emergencia económica, social, cultural, ambiental, en que vivimos; el agotamiento y estancamiento de nuestros espacios de concertación con el Gobierno Nacional; el desconocimiento de nuestras propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y la negación y ataque a nuestros procesos desde el modelo de desarrollo minero energético que atenta contra nuestros territorios y nuestra pervivencia, lo cual se agudiza con la continuidad de la violencia armada legal e ilegal, ante procesos y acuerdos de paz negados y frustrados”, como lo expresan los pueblos indígenas, las organizaciones sociales y procesos populares del suroccidente colombiano que convocaron la Minga.
En consecuencia, a estas comunidades no les quedó otra salida. “Hemos ejercido la exigibilidad de derechos sobre la vía Panamericana como única opción para el diálogo con el Presidente de la República, comprometido con la situación del hermano país de Venezuela, pero para quien somos poblaciones que no existimos desde su modelo de sociedad y desarrollo, que pertenecemos a una región abandonada y marginalizada desde el Estado Nación, la cual solo es validada desde el extractivismo minero energético, dentro del cual las poblaciones somos un estorbo”.
Mientras el Gobierno pone de relieve en Europa sus esfuerzos y reformas para responder a las necesidades de las comunidades indígenas, en el territorio colombiano no solo las ignora sino que las ataca con las autoridades que se instituyeron para proteger a todas las personas residentes en Colombia, incluyendo a los indígenas y campesinos, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, como reza en la Constitución.