Bogotá, Colombia, diciembre 19 de 2021.- Con bombos y platillos, el cuestionado director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, emitió un reporte mencionando que “…durante el primer semestre de 2020, se registraron 23,33 muertes por cada 100 mil habitantes, la tasa de homicidios más baja desde 1974…”
Esa euforia del general al presentar el informe, evidencia que, para la institucionalidad, la vida de 12.656 personas asesinadas durante el año 2019 solo es eso, cifras. No se entiende la mezquindad de la medición.
Entre el año 2019 y 2020, la reducción de homicidios solo fue del 5.4%; mientras los funcionarios públicos se ufanaban con anuncios demagógicos, más de 12.018 familias lloraron la muerte violenta de sus seres queridos, pero para las instituciones estatales la población es simplemente una estadística.
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Cabe resaltar que esta leve reducción tiene una explicación clara: la firma del Acuerdo Final de Paz y el decreto de cuarentena por el Covid-19 que paralizó el país.
VIOLENCIA EN BOGOTÁ
Dos hechos marcaron la dinámica de violencia en Bogotá. Uno fue la masacre ocurrida el 28 de julio en el barrio Yomasa de la localidad de Usme, en la cual, un sujeto armado asesinó a tres personas. La otra situación fue, sin lugar a dudas, la masacre del 9 de septiembre y 10S en Bogotá y Soacha que dejaron 14 personas muertas, la mayoría de ellas jóvenes.
EN CONTEXTO
El pasado 13 de diciembre, el exdefensor Negret, aseguró en rueda de prensa, que el Informe Final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre del 2020 se explica de manera detallada, con más de 100 testimonios recogidos las responsabilidades sobre la Policía Nacional en la ejecución de una masacre contra personas inermes que se manifestaban de manera pacífica.
Este nuevo crimen de Estado habría sido auspiciado por altos mandos de la Policía y respaldado por el Ministro de Defensa Molano, la Presidencia de la República.
Pese a ser un hecho tan grave, la Procuradora Cabello, el Fiscal Barbosa y el Defensor del Pueblo no se han pronunciado para defender a las víctimas o realizar alguna investigación que determine las responsabilidades de los victimarios. Ni siquiera el presidente Iván Duque se ha pronunciado.
Desde Análisis Urbano hacemos un llamado de búsqueda urgente para hallar al Ministerio Público y los entes de control.
También nos preguntamos por la defensa de las víctimas en Bogotá de la hoy Canciller Marta Lucía Ramírez, quien hizo fuertes pronunciamientos frente a la represión en Venezuela:
Por su parte, el presidente de la República Iván Duque, también rechazó las jornadas de represión en el hermano país:
En fin, ¿hipocresía de Estado?
Esa misma solidaridad esperan las familias de las 14 víctimas de la masacre policial en Colombia, pero el camino en la lucha contra la impunidad estará lleno de sinsabores con una Procuraduría filial a Duque, una Fiscalía selectiva, un Defensor del Puesto para mantener al Gobierno.
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Según el análisis de las cifras la comparación entre el 2020 y el 2021 hay un aumento de 3 puntos porcentuales en los homicidios del todo el país, pero hay que resaltar que en las ciudades más importantes del país este aumento tuvo impactos diferentes.
Es decir, Colombia pasa de tener una tasa de 24 homicidios por cada cien mil habitantes a proyectarse en 27 casos. Si se analiza de forma individual los resultados en las ciudades más importantes del país; Bogotá, por ejemplo, pasa de 12 a 13, Medellín de 14 a 15, Cali de 43 a 49 y Barranquilla de 24 a 29.
ASESINATOS EN BOGOTÁ
Es importante mencionar que Bogotá es una ciudad muy violenta, las cifras lo demuestran, de hecho, se prevé que la capital del país supere los 1.100 homicidios al terminar este 2021.
1026 homicidios ocurrieron en el 2020. El 91% de las víctimas de homicidio durante el 2020 fueron hombres, el 9 % mujeres; el 33% de los asesinatos fue con arma blanca, el 60% arma de fuego y en el 7% objetos contundentes. Por rangos de edad, el 1% de las víctimas fueron menores de edad, el 3% adolescentes y el 96% adultos.
Durante el 2021 se han presentado (al 30 de noviembre) 1030 homicidios.
Indiscutiblemente el año 2021 tiende al alza en las muertes violentas. El 92% de los asesinatos están dirigidos contra hombres, el 8% contra mujeres; en 32% usaron armas cortopunzantes, 58% armas de fuego; 10% objetos contundentes. Por edades, en el 0.5% de los casos asesinaron a menores de edad, 2% adolescentes y en el 97.5% fueron adultos. Se calcula que al finalizar el 31 de diciembre del 2021 la cifra pueda superar los 1.123 homicidios en tiempos de paz.
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Además de las cifras que nos presentan, resaltamos que la capital del país, Bogotá, se sumerge cada día en la mala percepción de seguridad: el narcotráfico, préstamos gota a gota, el contrabando, la extorsión, la trata de personas, las violencias sexuales, todas estas generan una sensación de intranquilidad entre la ciudadanía.
Toda esta nueva ola de violencia tiene un factor común: la criminalidad organizada, la delincuencia común y un Estado que no hace nada al respecto.
El portal de noticias Análisis Urbano, tiene suficiente información sobre la existencia de la criminalidad urbana en la capital, la cual está compuesta por organizaciones criminales como «Los Urbanos» provenientes del Valle de Aburrá, además de La Cordillera, La Sierra, La Mafia, La Oficina del Valle de Aburrá, Los Boyacos, las Águilas Negras; también hay presencia las disidencias de las Farc, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC.
La delincuencia organizada se expande desde la ciudad de Bogotá hacia municipios como Cundinamarca: Chipaque, Choachí, Cota, Chía, Funza, Guasca, La Calera, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Ubaque y también hacia otros departamentos.
Por esa razón, para quienes piensan que la ciudad de Bogotá ha resuelto el problema de la seguridad, les recomendamos acercarse a la Alerta Temprana 010-2021 de la Defensoría del Pueblo. Por un lado, los crímenes comunes aumentan, además, la expansión y la disputa por el control de los corredores de movilidad entre grupos paramafiosos organizados sigue agrupando el poder armado desde la capital hacia otros municipios y las zonas que alguna vez fueron claves para las Farc. Todo esto pone en riesgo la vida de gran parte de la población, lo cual se podría prevenir si las autoridades mostraran una verdadera voluntad para ello.
Por otro lado la impunidad de los crímenes perpetrados por la policía el 9 y el 10 de septiembre demuestra que el Estado colombiano sigue teniendo licencia para matar.
