Colombia pasa a revisión ante la CIDH por casos de violación de derechos humanos

Fotografía cedida por la presidencia de Colombia que muestra a la vicepresidente y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez (i) y a al presidente colombiano Iván Duque (2i) mientras recibe hoy, a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá (Colombia). EFE/Presidencia de Colombia
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Bogotá, 8 junio de 2021.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó este martes su revisión a la situación en Colombia tras un mes y medio de protestas que han estado marcadas por graves denuncias contra la fuerza pública, así como por el vandalismo y delicados hechos de violencia que vinculan a civiles armados y policías.

Esta visita, que finalizará el jueves, busca escuchar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias para recibir sus testimonios sobre las agresiones que han sufrido durante las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el Gobierno de Iván Duque.

La agenda del primer día abarcó reuniones privadas con el presidente Duque en Bogotá, representantes del Gobierno y varios ministerios, además de encuentros con la sociedad civil en la capital del país y en la ciudad de Cali, donde se han presentado los mayores incidentes tanto por parte de la Policía como de civiles.

Integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y manifestantes se enfrentan durante una nueva jornada de protestas en el marco del Paro Nacional, el 26 de mayo de 2021, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

“La delegación de la CIDH liderada por su presidenta, Antonia Urrejola, se reunió con el Presidente de la República, Iván Duque, quien dio la bienvenida a la visita de trabajo. En la ocasión se mantuvo un diálogo abierto sobre la situación de DD.HH. en el contexto de las protestas”, informó hoy la Comisión.

La CIDH revisará las acusaciones que recaen principalmente sobre agentes de la Policía por el desproporcionado e indiscriminado uso de armas de fuego, la violencia homicida y agresiones a manifestantes, al menos un centenar de casos de desapariciones que permanecen abiertas, así como los abusos contra la prensa y la misión médica que ha sido blanco de cientos de ataques y los efectos de los bloqueos.

GOBIERNO REITERA VOLUNTAD

Sobre las denuncias contra la fuerza pública, el Gobierno defendió hoy que Colombia es un país en el que el Estado de derecho y la solidez institucional son garantías del respeto de los derechos humanos, la protesta pacífica y la justicia, por lo que será garante de la visita de la CIDH y dará acceso a toda la información necesaria para que la misión cumpla con su trabajo.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, reiteró en las reuniones que el Gobierno es garante de las expresiones ciudadanas, pero no permitirá que haya impunidad con la criminalidad ejercida por “un grupo minoritario de personas que aprovecharon una protesta legítima y pacífica” para saquear, destruir y asesinar.

“El Estado colombiano está en su derecho y sobre todo en la obligación de proteger a la ciudadanía, de proteger esta democracia, los bienes públicos y también la propiedad privada que se han visto durante estas seis semanas bajo el asedio”, subrayó Ramírez durante una declaración pública.

Agregó que “no es cierto” que el país tenga “una Policía que persigue a los manifestantes ni que impide las manifestaciones”, pues los uniformados “solamente han intervenido cuando ha sido necesario debido a la violencia”.

AL MENOS 20 MUERTOS POR DISPAROS DE LA POLICÍA

En la primera jornada de la visita, la CIDH recibió además un informe en el que tres organizaciones documentaron que durante las protestas al menos 20 personas murieron por disparos directos de arma de fuego por parte de la Policía, a pesar de que desde enero de este año la fuerza pública tiene prohibido su uso durante manifestaciones.

Según los datos de la ONG Temblores y el Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz), se han contabilizado 74 víctimas mortales desde el comienzo de las protestas. De esa cifra, 45 serían responsabilidad de la Policía, la mayoría de ellas ocurridas en Cali; mientras que la Fiscalía reporta al menos 20 muertes.

La información de las organizaciones, así como videos en redes sociales, revelan que la Policía ha accionado sus armas directamente contra protestantes, como en el caso de Marcelo Agredo, un menor que murió en Cali el primer día de protestas, después de que le propinase una patada a un patrullero en la espalda y este disparase varias veces a quemarropa contra él.

El codirector de la ONG Temblores, Alejandro Lanz, que ha recogido denuncias sobre los abusos de la fuerza pública, advirtió al presentar el informe que “el uso indiscriminado de armas de fuego desproporcionado y desmedido contra manifestantes se volvió el principal foco de violencia homicida”.

Sobre estas denuncias, la vicepresidenta Ramírez aseguró que en Colombia “nadie está exento de cumplir con la ley y nadie estará por fuera de la justicia, como tampoco lo estará cualquier miembro de la fuerza pública que haya excedido sus funciones o haya cometido algún tipo de abuso de autoridad”.

Hasta ahora, según datos de la Policía, hay abiertas 180 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias, de las cuales 13 son por homicidio.

PLANTÓN ARTÍSTICO EN CALI

Cubiertos con mantas blancas manchadas con pintura roja, decenas de habitantes de Cali hicieron hoy un plantón frente al hotel donde sesiona una delegación de la CIDH que hará seguimiento a la situación en esa ciudad del suroeste del país.

Con arengas y una presentación artística, los manifestantes lanzaron consignas como “No más silencio” para rechazar y denunciar la violencia policial en esa zona, donde la Comisión se reunió con representantes del Instituto de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y defensores de derechos humanos.

Organizaciones civiles pidieron además a la CIDH presentar un informe o hacer el esfuerzo por producir uno al considerarlo especialmente necesario para que quede registrado todo lo que sus delegados observen en el recorrido que incluye, además de Bogotá y Cali, las ciudades de Popayán, Tuluá y Buga.

“Es una gran oportunidad tanto para las víctimas como para las organizaciones de alzar su voz sobre este tema tan grave de violencia”, dijo sobre la visita la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, Juliana Bustamante.

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