Este jueves 10 de mayo, en la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, se realizó el Examen Periódico Universal, EPU, sobre Derechos Humanos en Colombia, sus avances, retrocesos y cumplimiento de obligaciones.
En la reunión, los 86 Estados intervinientes destacaron el histórico logro que significó llegar a acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc en noviembre de 2016, luego de 50 años de violencia, formularon más de 200 recomendaciones y abogaron para que este se cumpla sin dilaciones.
Colombia, que se presentó a su tercer EPU en la sesión del Consejo, estuvo representado por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien explicó a los presentes que el Acuerdo Final no es la paz en sí misma, sino un paso necesario y definitivo para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Sin embargo, a pesar de los avances del proceso de paz, en Colombia persisten las violaciones a los derechos humanos, principalmente de las mujeres, niños, defensores de derechos humanos y poblaciones étnicas.
Los Estados presentaron recomendaciones en cuanto al cumplimiento de los compromisos que conforman el Acuerdo Final, acerca de la sostenibilidad y autonomía del Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición, SIVJRNR; sobre la reincorporación de excombatientes y el cumplimiento del capítulo referente a los pueblos indígenas. Asimismo, se recomendó continuar con los diálogos de paz con la guerrilla del Eln.
Igualmente, se pidió al Estado colombiano garantizar el acceso a la justicia, investigar efectivamente y castigar a los responsables en casos de violencia contra integrantes de pueblos indígenas, afrocolombianos, comunidades campesinas y contra periodistas, sindicalistas, líderes y personas defensoras de derechos humanos, así como en casos de violencia sexual contra niños, niñas y mujeres.
Respecto al segundo EPU, de 2013, aumentaron las recomendaciones sobre protección de los derechos humanos de los pueblos étnicos.
Se llamó la atención sobre el país, pues, a pesar de ratificar los tratados internacionales, no lo ha hecho con respecto al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Llamó la atención a los Estados presentes el maltrato en los centros carcelarios, la situación de hacinamiento, la pésima habitabilidad y el deficiente acceso a salud. Según el Inpec, hasta junio de 2017 había 78.690 cupos carcelarios para 115.628 personas en reclusión y el hacinamiento alcanzaba el 46,9%.
Colombia deberá trabajar en entregar tierras a los campesinos y continuar implementando la Ley 1448 de 2011, De víctimas y restitución de tierras.
Se llamó la atención sobre la falta de cobertura en salud para personas con discapacidad. Por lo tanto se recomendó al Estado fortalecer los servicios de salud, incluyendo los de salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad.
Islandia recomendó continuar los esfuerzos para combatir los estereotipos y la discriminación contra la población LGBTI, mientras que la República Checa recomendó fortalecer el acceso a la justicia y la inclusión de la población LGBTI.
Se hicieron recomendaciones sobre regulación del derecho a la objeción de conciencia, trata de personas, minas anti-persona, lucha contra la corrupción, protección de personas en la frontera, narcotráfico y crimen organizado, desplazamiento, personas en el exilio, garantías para la protesta y acabar con el paramilitarismo.
El Estado colombiano, que no cumplió totalmente las recomendaciones que se le hicieron en 2008 y 2013, deberá trabajar con decisión para resolver todas las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se siguen cometiendo en el país.