San José, 29 ene – El Estado de Colombia reconoció este miércoles ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) su responsabilidad por la impunidad en que se encuentran después de 40 años los actos de tortura y muerte del estudiante universitario y miembro del Partido Comunista Luis Fernando Lalinde, a manos de militares.
«Durante más de 40 años de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de Luis Fernando Lalinde, los hechos aún continúan impunes, y durante 15 años la investigación fue conducida por una jurisdicción que no era competente», declaró en una audiencia ante la CorteIDH el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Colombia, César Palomino.
El agente estatal reafirmó el reconocimiento de responsabilidad que ya había hecho el Estado de manera escrita y enfatizó en que la Justicia Penal Militar no era la competente para investigar los hechos, y que no adelantó una investigación seria, imparcial y efectiva.
A partir de 2014 el caso fue reabierto por la Fiscalía colombiana, pero hasta el momento no hay responsables identificados ni sancionados.
«En nombre del Estado me permito aceptar que la investigación a cargo de la Fiscalía no cumple con los estándares. No se ha desarrollado de la mejor manera y reiteramos responsabilidad por la vulneración de los derechos», expresó Palomino.
El Estado también reconoció que no hubo una investigación diligente de los hechos de tortura y que «la demora y fallas en la investigación ha generado mayor sufrimiento» a la familia de la víctima.
Palomino manifestó la disposición del Estado colombiano para cumplir con las órdenes que emita la CorteIDH en la sentencia por este caso en los próximos meses.
El caso se remonta al 3 de octubre de 1984 cuando Lalinde fue detenido en la aldea de Verdún, del municipio de El Jardín, Antioquia, por efectivos del Batallón de Infantería Ayacucho.
Lalinde fue detenido, torturado y llevado en un camión del Ejército con rumbo desconocido y asesinado por militares. Sus restos fueron enterrados sin haberse identificado a la fecha, indica la demanda interpuesta contra el Estado.
Por estos hechos se inició una investigación en la jurisdicción penal militar que fue archivada en 1985.
En la audiencia de este miércoles ante la CorteIDH participó como testigo la hermana de la víctima, Adriana María Lalinde, quien pidió a los jueces «justicia» para su hermano y para la familia que ha sufrido «exilio, persecución y expropiaciones» a causa de su lucha por la verdad de lo ocurrido.
«Levamos 40 años en esta situación y estamos aquí porque no ha habido justicia. No se puede renunciar a la justicia. El problema es que los asuntos no resueltos se siguen repitiendo», manifestó Lalinde.
La mujer también detalló una serie de afectaciones a la salud física y mental de su familia, así como al patrimonio y proyectos de vida, causados por este caso.
Después de la audiencia de este miércoles, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y en los siguientes meses la CorteIDH emitirá una sentencia.
EFE