La percepción de corrupción en el sector público en Colombia está en aumento según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2018 de Transparencia Internacional. En la más reciente edición de este índice el país cae de 37 a 36 puntos sobre 1001 y desciende del puesto 96 al 99 entre 180 países cubiertos por la medición.

Según Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia, Capítulo de Transparencia Internacional, “sin lugar a duda los esfuerzos que se han realizado para enfrentar esta grave problemática en los últimos años, no ha sido suficientes, y la corrupción está poniendo al Estado contra la pared”.

Entre los países de América Latina, Colombia obtiene el mismo puntaje de Panamá y se ubica por debajo de Uruguay (70), Chile (67) y Argentina (40). Brasil y Perú tienen una calificación similar (37). Algunos de los países que obtienen puntajes más bajos que Colombia son Ecuador (34) y Venezuela (18). Entre los países OCDE el puntaje de Colombia es aún más preocupante: el país ocupa el penúltimo lugar entre 36 países, superando únicamente a México (28).

Con los resultados del 2018, el país termina cuatro años de estancamiento en un puntaje de 37 sobre 100, para caer a una calificación de 36 puntos. “En un contexto en el cual la corrupción es el tema más preocupante para los colombianos, la caída en esta calificación podría significar el inicio de un descenso peligroso si el país no logra resultados realmente efectivos en la lucha contra la corrupción”, indicó Hernández.

Aún más, Colombia regresa a los niveles de percepción de corrupción que tenía en el 2012, año en el cual obtuvo esta misma calificación. Aunque no existen fórmulas mágicas para derrotar la corrupción, ni recetas que se repliquen de un país a otro con el mismo efecto, sí es claro que para modificar esta tendencia se necesitan cambios estructurales y una voluntad inquebrantable de no tolerar ningún acto de corrupción.

La calificación del Índice de Percepción de Corrupción 2018 se elaboró mediante datos proporcionados por ocho fuentes distintas que consultan la opinión calificada de analistas, académicos e inversionistas extranjeros respecto qué tanto afecta la corrupción al sector público en cada país incluido en la medición, con especial énfasis en la gestión de recursos públicos, trámites, permisos y contratación estatal, así como en la sanción efectiva a casos de corrupción por parte del sistema judicial.

¿Hacia dónde avanzar?
Transparencia por Colombia recomienda que se debe avanzar en tres frentes:

En primer lugar, el gobierno del Presidente Iván Duque debe ser completamente consecuente con el compromiso de lucha contra la corrupción que ha manifestado públicamente. Su liderazgo es imprescindible para impulsar cambios estructurales en materia de contratación pública y empleo público, mejorar las condiciones de protección a denunciantes de corrupción, y poner un fuerte énfasis en la prevención y sanción de la corrupción en sectores de alto impacto para la ciudadanía como la salud, la educación y la infraestructura. Todo esto deberá recogerse en una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción clara y efectiva, anclada en el Plan Nacional de Desarrollo.

En segundo lugar, es urgente hacer todos los esfuerzos necesarios para recuperar la legitimidad en el sistema judicial. Los escándalos de corrupción que han involucrado a ex magistrados de altas cortes y el fuerte cuestionamiento al Fiscal General de la Nación por sus conflictos de interés en el caso Odebrecht afectan gravemente la credibilidad del sistema. El sistema judicial debe incorporar mecanismos de prevención y manejo de conflictos de interés para evitar la influencia de intereses particulares, fortalecer los canales internos de denuncia y la protección a denunciantes de corrupción, y garantizar la imparcialidad de quienes asumen la responsabilidad de impartir justicia. También es necesario hacer uso de todos los recursos legales disponibles para asegurar la reparación del daño causado por los actos de corrupción.

En tercer lugar, es urgente reactivar la discusión de una agenda de reformas normativas técnicamente sólidas, sustentadas en los compromisos internacionales que el país ha adquirido, y apoyada en un diálogo con distintos sectores. El Presidente de la República y el Congreso deben cumplir con los compromisos públicos que hicieron ante los resultados de la Consulta Anticorrupción y adelantar una agenda legislativa donde resulta imprescindible fortalecer un régimen de control a los conflictos de interés y a la puerta giratoria de altos funcionarios del Estado, avanzar en legislación en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas, y reactivar las reformas política y a la justicia.

“En medio de esta grave situación, genera esperanza el amplio rechazo que cada vez más expresa la ciudadanía contra la corrupción. Esto se evidenció en la alta votación de la Consulta Anticorrupción de agosto de 2018, en un sinnúmero de expresiones y movilizaciones ciudadanas reclamando acciones efectivas contra la corrupción, y en el incansable trabajo de medios de comunicación y periodistas independientes que contribuyen a ejercer contrapeso al abuso del poder”, indicó Hernández.