Bogotá, 22 de agosto de 2022.– El Estado colombiano solo ha indemnizado al 12 % de las víctimas del conflicto armado, con lo que queda más de 8,8 millones pendientes de que se les cumpla ese derecho, alertaron este lunes entidades que le hacen seguimiento a la Ley de Víctimas, en vigencia desde 2011.
Así lo aseguran la Procuraduría, la Defensoría, la Contraloría, la Mesa Nacional de Víctimas y los Representantes de los Pueblos Étnicos al presentar este lunes un informe en el que aseguran que «desde la entrada en vigor de la Ley 1448 de 2011, solo se han indemnizado el 12 % de la población quedando pendientes 8.813.711 millones de víctimas».
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras desglosó que los recursos destinados en los últimos 10 años a la Política Pública de Víctimas por 146 billones de pesos (33.191 millones de dólares de hoy) «han resultado insuficientes para asistir, atender y reparar a las más de nueve millones de víctimas reconocidas en el país».
Además, dice el informe, pese a que el Gobierno tiene proyectada una inversión de 142 billones de pesos (32.282 millones de dólares) para los próximos 10 años, esos recursos «continúan siendo insuficientes, y se requeriría un presupuesto aproximado a 2031 de 301 billones para garantizar a las víctimas una reparación integral», puntualizó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.
Igualmente, la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a los Decretos Leyes Étnicos afirmó que los 1,7 billones de pesos (unos 386,4 millones de dólares) ejecutados en los últimos 5 años resultan insuficientes para la reparación de las víctimas individuales y colectivas de los pueblos étnicos.
El organismo expresa su preocupación porque «solo el 1 % del presupuesto para víctimas indígenas se dirige a las medidas de protección y prevención, y para los pueblos negros y afrocolombianos no se evidencian recursos para estas medidas».
Recuerdan que el presupuesto general para pueblos étnicos se incrementó entre 2020 y 2021 en un 53 %, pero que el orientado específicamente a las víctimas de estas comunidades se redujo en un 23 %.
En esa dirección, explica el informe de la Comisión, » se requerirían aproximadamente 3,4 billones de pesos (773 millones de dólares) para la atención psicosocial, la indemnización colectiva, la implementación de los planes de reparación y el retorno y reubicación de víctimas étnicas».
RECOMENDACIONES
Por otro lado, la Comisión recomendó aumentar la «oferta de vivienda digna» para los hogares de víctimas de desplazamiento forzado, pues se ha identificado que más del 80 % de estas no gozan del derecho.
Frente a proyectos de vivienda urbana, desarrollados entre 2012 y 2021, se encontró un rezago en la entrega de 14.010 viviendas urbanas, y para vivienda rural un atraso de 21.599 sin terminar.
Al hacer referencia al enfoque de género, la Comisión destacó los avances en la implementación del Programa de Prevención de las Violencias Sexuales en el Conflicto Armado.
Sin embargo, identificó barreras en esta materia dado que las metas anuales planteadas por el Gobierno no son suficientes para la «reparación integral de las mujeres víctimas del conflicto y para el cierre de brechas de género».
El informe señala que en acceso a la salud, 107.779 mujeres víctimas, de un total de 4.528.287, han recibido atención psicosocial, y enfatiza que se debe fortalecer la cobertura en la atención en salud física de hombres, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD).
EFE
